En los últimos tiempos, y cada vez más presente en el humor de los usuarios argentinos, los servicios de telefonía móvil son blanco de quejas varias: imposibilidad de cursar llamadas, comunicaciones que se “caen”, navegación por Internet al ritmo del dial up de fines de los 90, etc. Diversos factores se combinan para dar un resultado que no por habitual deja de ser preocupante: la demanda por capacidad de las redes es superior a la oferta de éstas. Y para llegar a esta situación hay responsabilidades compartidas entre Estado (en distintos niveles), operadores y, también, usuarios.
El Estado tiene responsabilidad en el manejo del espectro. La última licitación para su asignación fue a fines de los 90, cuando el mercado tenía sólo 4 millones de líneas en servicio y cada una de éstas consumía menos que en la actualidad. Antes era prácticamente sólo voz. Hoy es voz (potenciada en su consumo por los números gratis), SMS y datos, sobre todo luego de la explosión de los smartphones hace aproximadamente un año y medio. Si además consideramos que alrededor de un 25% del espectro está sin uso (fue otorgado a Arsat pero aún la empresa no da servicio), nos encontramos con una demanda que creció notablemente frente a un espectro que en la práctica se redujo. Es justo señalar que las tecnologías actuales son más eficientes que las vigentes a fines de los 90, atenuando esta desfavorable relación. No obstante, la asimetría entre el recorrido de la demanda y el de la oferta es bastante evidente. A esto podría sumársele que el total de espectro disponible en Argentina es bastante menor que el de otros países, tal cual se puede ver en este gráfico.
También hay responsabilidad del Estado a nivel municipal, a veces con el concurso de la ciudadanía, por las trabas a la instalación de antenas. El problema aquí es que no hay una regulación de alcance nacional que establezca condiciones uniformes para la ubicación de antenas. Así, se establecen tantas negociaciones como municipios existen, demorando y/o impidiendo el agregado de nuevas antenas. Este problema es de larga data, pero con las limitaciones actuales de las redes cobra una mayor relevancia.
Las empresas también tienen parte de la responsabilidad, porque los incentivos que ofrecen para consumir más servicios no tuvieron correlación con la capacidad de sus redes. Y si bien pueden argumentar, no sin razón, que la falta de espectro y las dificultades para instalar antenas les jugó en contra, también es cierto que en algunos puntos de su red las cosas podrían estar mejor. Como por ejemplo, en el cableado que conecta a sus antenas, donde a veces se produce el cuello de botella. De hecho, y combinando las necesidades de inversión propias del negocio con las trabas al giro de dividendos a sus casas matrices, los distintos operadores anunciaron importantes inversiones en sus redes para este año.
Más allá de la incidencia real de cada uno de los factores mencionados en la calidad del servicio, la situación guarda un paralelismo con la infraestructura general del país que no pudo, no supo o no quiso acompañar el crecimiento de la demanda. Lo vemos hoy en temas de energía (electricidad y gas), transporte (ferrocarriles, rutas, etc.) y otros. La diferencia de la telefonía móvil respecto de otros servicios es que no tuvo tarifas reguladas. Pero así y todo no pudo escapar a la suerte de la infraestructura en el país.
Lo concreto es que ninguna de las causas detrás del retraso de la infraestructura es de solución inmediata. Por lo tanto, habrá que acostumbrarse a convivir con los problemas por un tiempo más. Y presionar para que se tomen las medidas que haya que tomar para revertir esta situación. Mientras tanto, paciencia y tomar quina.
