En su aún breve gestión, las nuevas autoridades en materia de telecomunicaciones han dado muestra de ser más proclives a tomar la iniciativa en comparación con la gestión que reemplazaron. Por eso quizás es que noticias como el decreto 681/2013 publicado esta semana ganaron las portadas de diversos medios, tanto especializados como generalistas.
Según el decreto, la Secretaría de Comunicaciones podrá, en forma preventiva, aplicar las medidas que juzgue necesarias para garantizar la calidad del servicio. Además, le da a la Secom 30 días para elaborar un nuevo reglamento que establezca los requisitos de calidad de los servicios que tienen que cumplir las empresas. Hasta aquí, nada raro sino más bien esperado. Lo que dio la nota periodística en realidad fue que, en los considerandos de la norma, se pone como ejemplo de eventuales sanciones la suspensión de la venta y activación de nuevas líneas y servicios. Se trata de una medida que estableció Brasil el año pasado ante una situación similar en cuanto a calidad del servicio. Pero está claro que ésta no mejora la situación sino que simplemente evita su empeoramiento.
En sí el decreto no debería sorprender. O sí, pero no en su contenido sino en la demora en haber visto la luz.
Ciertamente, los operadores tienen su cuota de responsabilidad para haber llegado a este punto. Esto no admite discusión en ciertos temas, como las quejas por facturación o el manejo de créditos prepagos (ambos citados en los considerandos del decreto). Pero hay que tener en cuenta que los operadores no están solos a la hora de repartir culpas. También hay responsabilidad por parte del Estado desde dos perspectivas. Una, por la falta de un mayor control sobre la degradación del servicio que no se produjo de la noche a la mañana sino que viene dándose desde hace años. La otra, por lo que hizo, o mejor dicho dejó de hacer, en materia de manejo de espectro, ese insumo esencial de la industria móvil a nivel global así como en la regulación para la instalación de antenas.
En términos de calidad de servicio, las quejas respecto del mismo encabezan los rankings de Defensa del Consumidor desde hace años. Y también es cierto que en el último año y medio, con la explosión de ventas de smartphones, el servicio se resintió. No obstante, durante todo este tiempo no hubo reacción por parte del Estado y sus organismos vinculados a la temática. Recién el año pasado se mostró una mayor preocupación, con la aplicación de multas millonarias a los operadores por hechos puntuales que atentaron contra la provisión del servicio. Pero en estos casos no podía adjudicarse la responsabilidad total a las empresas, siendo que en un caso fue por un atentado de un ex empleado (Movistar) y en el otro fue porque una obra en la ciudad de Buenos Aires produjo el corte de un cable de fibra óptica (Claro). Pero no hubo sanciones por acumulación de quejas de los usuarios, algo que tiene más que ver con el accionar de las propias empresas y no con eventos puntuales generados por terceros. Así, el decreto es positivo en la medida en que apunta a establecer un marco para que el control sobre la calidad del servicio sea una constante que incluya la prevención. En definitiva, ser más preventivo que reactivo.
En materia de “insumos” que son responsabilidad del Estado, espectro e instalación de antenas, el accionar en todos estos años fue deficitario. Ya mucho se habló de la política restrictiva en materia de espectro, pero vale la pena repasar brevemente. Un espectro alocado que es menor al de otros países con igual o menor desarrollo móvil. Una inacción preocupante a la hora de asignar espectro, demorando 4 años en decidir qué hacer con lo que había devuelto Movistar, lo que afectó los planes de varios. A esto se suma la falta de un horizonte claro en materia de gestión del espectro necesario para servicios LTE (donde somos furgón de cola regional en materia de disponibilidad comercial del servicio). Y finalmente, por el lado de la instalación de antenas, si bien era un tema que preocupa a la industria (incluyendo al regulador) desde hace varios años, poco es lo que se hizo para terminar con arbitrariedades y falta de uniformidad a la hora de definir las condiciones de su instalación.
En resumen, el decreto debe ser bienvenido. Por un lado es una advertencia del gobierno a los operadores ya que el primero comenzará a exigir de los segundos un mejor servicio. Por el otro, es un llamado de atención hacia las autoridades (tanto de control como de aplicación) para que de una buena vez hagan lo que tienen que hacer.
Como siempre, el diablo está en los detalles. Pero eso lo veremos recién dentro de 30 días, tiempo otorgado para que se dicte un nuevo reglamento que establezca los requisitos de calidad de servicio que tendrán que cumplir las empresas. Veremos entonces.
