En el día de ayer se cumplió exactamente un año desde el anuncio del gobierno nacional de su intención de ingresar al negocio de la telefonía móvil. La medida, que en su momento sorprendió por lo inesperada, no avanzó mucho más en términos concretos desde entonces. Apenas si, unos meses después, se le dio una marca: Libre.ar. Resulta difícil analizar esta acción del Gobierno sin considerar los movimientos políticos que se produjeron al interior de éste.
Recordemos que el anuncio del ingreso estatal al negocio móvil fue la consecuencia de declarar nulo el llamado a licitación por el espectro para 2 y 3G devuelto por Movistar como consecuencia de la fusión entre Movicom y Unifón. Así, lo que en su momento vislumbraba ser una contienda entre operadores existentes y aspirantes a serlo terminó con todos fuera. Esta subasta ya registraba innumerables postergaciones, y la decisión súbita de crear un operador móvil estatal hizo pensar que la decisión no venía muy meditada. Sensación que se confirmaba cuando en el momento mismo del anuncio de la decisión también se prometía un plan de negocios para la nueva empresa que estaría en 15 días (pero que nunca vio la luz, al menos no la luz pública).
La cosa no mejoró con el cambio de nombres y sectores internos del gobierno que se produjo a principios de este año en el área de telecomunicaciones, tanto en la Secretaría de Comunicaciones como en la cúpula de Arsat, el operador de telecomunicaciones estatal sobre quien recayó la responsabilidad de llevar adelante el proyecto Libre.ar. Fue una pesada herencia. Un sector donde comenzaban a ser cada vez más evidentes los efectos de una desidia regulatoria que duró una década, y una creación, casi por impulso, de un operador móvil aunque sin medir las implicancias de semejante decisión.
El resultado fue una situación “lose-lose”. Perdió el Estado porque se embarcó en un proyecto que ha dado muestras acabadas de resultarle esquivo. Todavía no pudo definir si construirá su propia red solo, tercerizando o en asociación con PyMEs de telecomunicaciones o si se asociará con algún operador existente para montarse sobre su infraestructura. Y en un contexto de dificultades para la financiación del gasto público, el despliegue de esta red puede encontrar algunos obstáculos significativos en el camino. Al mismo tiempo, al no haber licitado ese espectro, el Estado dejó de percibir los montos que se hubieran ofertado, y el país no recibió las inversiones que esta asignación de espectro hubiera generado. Las empresas se quedaron sin acceso a más espectro que podría haber servido, en parte, para mejorar su servicio (en el caso de las que ya operan en este negocio, como Personal y Claro) o para generar un nuevo contendiente (caso Nextel y otras). Los usuarios nos quedamos con la misma oferta en cuanto a operadores sin la posibilidad de un cuarto (público o privado) que viniera a introducir algo más de presión competitiva en el mercado.
En fin, como reza el dicho, “paciencia y tomar quina, que es la mejor medicina”.
