Esta semana, la Secretaría de Comunicaciones dio un nuevo paso hacia la redacción del “Reglamento de los usuarios de servicios de comunicaciones móviles”. Lo hizo con la presentación de un proyecto que está abierto a la participación ciudadana para que pueda ser mejorado con los aportes de los interesados. El objetivo es establecer los derechos de los clientes de telefonía móvil así como incluir aspectos que no están contemplados en las normas vigentes.
En líneas generales el proyecto de reglamento incluye muchos aspectos que son indiscutibles. Va desde tópicos generales como la atención e información hacia los usuarios y los canales de reclamo a otros más específicos pero no menos bienvenidos como los mensajes no deseados o la vigencia de las recargas, entre otras cuestiones. Se trata de temas tan básicos que son una muestra de la desidia regulatoria vigente desde el 2002 en adelante, y que evidentemente la actual administración del sector está intentando subsanar.
Quizás haya un poco más de conflicto con el tema tarifas. Si bien la resolución que presenta el proyecto de reglamento afirma la libertad tarifaria, esta es relativa a partir del momento en que el mismo busca institucionalizar la aprobación previa o el establecimiento de restricciones por parte del Estado, “por razones de interés público debidamente justificadas”. No obstante, vendría a sincerar una situación de hecho. Recordemos que este año en dos ocasiones el gobierno presionó, con éxito, a las empresas prestadoras para que no efectuaran ajustes de sus tarifas. O sea que en la práctica no cambiaría demasiado.
No por demorada deja de ser bienvenida la llegada de un reglamento que es realmente necesario. Sin embargo, pareciera que el foco del gobierno en materia de telecomunicaciones móviles se centra exclusivamente en lo que hacen (o dejan de hacer) los operadores pero no en lo que toca al Estado en este aspecto. No se habla del aporte que éste debe realizar en dos temas que le son propios: manejo de espectro y reglamentación para la instalación de antenas.
En el tema espectro hay dos ejes a considerar. El primero tiene que ver con el uso del espectro actualmente asignado y donde el Estado detenta prácticamente ¼ de éste sin ponerlo en uso y, peor aún, sin dar señales concretas del avance para hacerlo. El segundo tiene que ver con la asignación de espectro para nuevas tecnologías móviles (léase LTE), cuyas frecuencias ya fueron identificadas pero aún no hay siquiera un cronograma ni metodología de asignación. Si Argentina ya tuviera en funcionamiento redes LTE (como sucede en la mayoría de los países de la región), no sólo podrían ofrecerse nuevos servicios sino que se podría paulatinamente descomprimir el espectro actual haciendo que los equipos más avanzados y de mayor consumo de datos operaran en LTE y no en 3G como sucede actualmente. Al mismo tiempo, exigiría importantes mejoras en la red, adoptando tecnologías más nuevas y eficientes al tiempo que obligaría a inversiones adicionales en la misma. Lamentablemente, en materia espectral, el Estado se comporta como el perro del hortelano: no come ni deja comer.
El otro punto es contar con un reglamento de alcance nacional para la instalación de antenas. Hoy, las mismas dependen no sólo de la regulación municipal, sino que según los casos puede ser necesaria la intervención de diversas áreas (salud, espacio público, etc.) lo que redunda en demoras para la aprobación de su instalación que llega a un promedio de 12 meses. Una norma de carácter nacional simplificaría y agilizaría este proceso, estableciendo estándares ambientales no sólo para su instalación sino también para particularidades de las mismas (exigiendo, por ejemplo, características que hagan a su mimetización con el paisaje urbano o rural).
Los problemas de las redes móviles son inocultables y los usuarios exigen y merecen que la situación mejore. Esto implica que el Estado se ocupe no sólo de lo que ocurre puertas afuera con las empresas prestadoras y su relación con los clientes sino también puertas adentro, ocupándose de lo que le toca en la configuración del entorno donde las empresas deben operar. Mientras no lo haga, los avances serán a una velocidad inferior a la que se podría. Y eso sería un verdadero desperdicio.
