Sucede a menudo cuando se viaja al exterior. Si un extranjero vinculado a la industria de las telecomunicaciones pregunta o comenta sobre el estado de las telecomunicaciones móviles en Argentina y se entera de que aún no se ha siquiera iniciado el proceso de asignación de espectro para 4G, la reacción es una mirada entre solidaria y compasiva. Algo así como, “pobres, qué atrasados estarán por un tiempo”. Eso sin conocer las limitaciones de la infraestructura actual.
Lo cierto es que Argentina llegó a un punto que era totalmente previsible y, peor aún, evitable. Conviene recordar que hasta los inicios de la década del 2000 Argentina contaba con una de las redes de telecomunicaciones, tanto fijas como móviles, más desarrolladas de la región. Pero con una gran responsabilidad del Estado (más el invalorable aporte de las empresas), la situación se fue complicando cada vez más, en la medida en que aumentaba la demanda por capacidad (con la multiplicación de nuevos dispositivos más exigentes) y la infraestructura no respondía en consecuencia. ‘
En los últimos 10 años se pasó de 7,8 millones de líneas en servicio a 60,5 millones. Aun considerando que de las últimas alrededor de 40 millones son de uso regular, no deja de ser un crecimiento fortísimo. A esto hay que sumarle la mayor demanda de capacidad que introdujeron principalmente los smartphones (que ya el año pasado representaron más de la mitad de las ventas de equipos nuevos), popularizándose el consumo de datos desde el celular.
Es cierto que las empresas tuvieron su responsabilidad. Durante mucho tiempo encabezaron los rankings de quejas de los consumidores, aunque inicialmente más por temas comerciales (facturación de servicios no contratados, por ejemplo). Luego fueron agregando, y en cantidad, reclamos por fallas técnicas (imposibilidad de comunicarse, por ejemplo). En el terreno comercial todavía dejan que desear. Siguen siendo habituales facturaciones por servicios no contratados, envían spam de terceros vía SMS (siendo que quien envía debe pagar por este envío) entre otras delicias. A pesar de ello, ninguna autoridad gubernamental (Defensa del Consumidor, Defensa de la Competencia, Secretaría de Comunicaciones, CNC) fue capaz de poner fin a los reclamos. Es más, tampoco hubo una búsqueda fructífera de una solución global a estos temas, más allá de proceder puntualmente en algunos casos. Recién hoy, una década después de asumida la gestión, el gobierno delinea un reglamento de usuario para un servicio que ya tiene 25 años y que puede considerarse masivo desde el 2004, cuando llegó a 13,5 millones de clientes. Toda una muestra de la atención prestada.
Tanto o más grave aún fue el accionar en materia técnica/regulatoria para acompañar la creciente demanda y las nuevas tecnologías. Una pasividad que el tiempo demostró respondió tanto a desinterés como al enfrascamiento en internas políticas y visiones (o intereses) encontrados. Varias oportunidades dejadas pasar marcan esta desidia.
En el año 2008 Movistar terminó de liberar el espectro excedente (consecuencia de la fusión de Movicom y Unifón). O sea, desde hace 6 años que se podría haber reasignado el mismo a los operadores vigentes o algún entrante (cosa menos probable), lo que significaría disponer de un poco más de “aire” para las comunicaciones. La sorpresiva asignación del mismo a Arsat, a fines del 2012, fue una muestra de las fuertes internas en el seno del gobierno entre quienes querían distribuir el espectro entre las empresas y quienes querían levantar un campeón nacional. Esta puja hizo que todo se empantanara. Poco tiempo después se sumó la desilusión los operadores alternativos (en su gran mayoría PyMEs de telecomunicaciones) que veían inicialmente en Arsat a un mayorista que les permitiría ofrecer sus servicios móviles bajo un modelo MNVO. Pero el anuncio de Libre.ar como operador dio por tierra con sus esperanzas: podrían sí revender Libre.ar, pero no bajo su propia marca. Así, hasta el modelo mayorista fue motivo de disputas internas, prevaleciendo la postura de quienes querían competir de igual a igual con los operadores móviles existentes en vez de convertirse en un posibilitador para terceros. Igualmente, tampoco se materializó. Como resultado, no se avanzó un ápice en la definición de cómo se utilizará ese espectro, sea con red propia sea sobre redes de terceros, mayorista o minorista. Pasó un año y medio y estamos en el mismo punto. Así, el Estado argentino se convirtió en el perro del hortelano, no come ni deja comer.
Esta asignación, se creía, estaba íntimamente ligada a lo que vendría después: la del espectro para servicios LTE o 4G. Se decía que ni bien se cerrase el tema 2 y 3G se comenzaría el proceso para hacer lo propio para 4G. De hecho, en 2010 comenzaron los operadores a probar tecnología para 4G. Pero en este caso no se cumplió aquello de “no por mucho madrugar amanece más temprano”.
La historia es conocida: desde aquél momento no se avanzó más allá de identificar, a fines del 2012, cuáles serían las frecuencias habilitadas para 4G (700, 1700 y 2100 MHz). Desde entonces, casi un año y medio después, no se ha mencionado una palabra sobre el tema por parte de las autoridades competentes. Apenas si hubo un extraño desliz esta semana.
Este racconto permite imaginar cuán distinta sería la situación actual si se hubiera actuado acertadamente en cada momento. Todo el espectro de 2 y 3G habilitado estaría en uso (por los operadores actuales, un operador estatal y quizás hasta un mayorista) y habría disponibilidad comercial (aunque en su fase inicial) de servicios de 4G. No sólo hubiera servido a usuarios de equipos de gama alta y media habilitados (de paso liberando capacidad para quienes siguieran en redes 2 y 3G) sino que también habría una oportunidad más sólida y concreta para módems de banda ancha y routers móviles para conectar dispositivos varios (PC, notebooks, tablets, etc.) en movimiento. Una complementación y hasta sustituto de los servicios de banda ancha fija que en muchos casos ofrecen capacidades inferiores a las de 4G. Esto sin entrar en los detalles de las nuevas posibilidades que la tecnología 4G, mucho más moderna y concebida desde su inicio para la transmisión de datos, podría ofrecer.
No hay que pensar a la tecnología 4G como un lujo para que las clases urbanas más acomodadas puedan ver sus fotos en Facebook más rápidamente. Por sus mejores características, la 4G permite desarrollar infraestructuras en áreas adyacentes, como la educación, la salud, gobierno y otras, todas ellas claves en una sociedad moderna y avanzada.
Si bien la sociedad en su conjunto debería presionar para que Argentina no quede atrasada en el desarrollo de la infraestructura clave del siglo XXI, es natural que esto no ocurra. Se trata de un tema de base técnica y visión a largo plazo. Pero sí raya con la irritación que estos temas no figuren ni por asomo en la agenda de los políticos, ni oficialistas ni de la oposición. Sí aparecen cuando los problemas estallan, aunque suelen hacerlo con ideas cuestionables, como nacionalizaciones o castigos. Evidentemente, ellos tampoco tienen en claro la relevancia estratégica del tema ni cómo encarar soluciones de fondo. Una demostración de que ni aún el recambio generacional reciente ayudó a preparar al país para su propio futuro.
A pesar del tiempo perdido, siempre se puede empezar. Hace rato que ya es hora.
