A una semana de lanzado el proyecto de ley de telecomunicaciones, bautizado Argentina Digital, hubo más tiempo de analizar su texto y potencial impacto, así como de escuchar a distintos actores para saber cuál es su perspectiva.
El primer dato revelador de que se trató de un proyecto inconsulto con la industria fue que todos se enteraron de la existencia de dicho proyecto el mismo día del anuncio, apenas unas horas antes cuando fueron invitados a participar del evento.
Entre las empresas afectadas, grandes telcos, operadores de TV por cable, PyME de telecomunicaciones y cooperativas, hay coincidencia con el gobierno en la necesidad de contar con una ley para una industria convergente. Pero por lo bajo, critican varios puntos. Todos éstos tienen que ver con la vaguedad y ambigüedad del articulado. No es un servicio público, pero el Estado tiene facultad para regular tarifas mayoristas y minoristas. Remite muchas decisiones a una futura Autoridad de Aplicación sobre la cual no hay definiciones. Menciona la apertura de las redes sin precisar si se aplicará a todos los operadores de telecomunicaciones o solamente a algunos.
En materia de regulación de tarifas debería ser más preciso, ya que su confusa redacción no permite saber si la regulación será a nivel mayorista o incluirá también el nivel minorista. Mucho menos identificar qué mecanismos se utilizarán para determinar los costos del servicio de forma tal que una tarifa política no atente contra el mantenimiento y desarrollo de las redes existentes.
En cuanto a la Autoridad de Aplicación, como no está definida en el proyecto, las preguntas que surgen son muchas. ¿Será un organismo autónomo, colegiado o dependerá directamente del Poder Ejecutivo? ¿Participarán representantes de la oposición o será únicamente oficialista? ¿Contemplará la inclusión de organismos públicos y/o sociales o serán solamente políticos? Siendo que se trata de una ley de convergencia, ¿regulará telecomunicaciones y medios, como sucede en otros mercados? A fin de cuentas, si hay convergencia tecnológica, no sería infundado pensar en una convergencia regulatoria.
La apertura de las redes es también un tema que desvela a todos los operadores. Más precisamente, el proyecto menciona la desagregación de la red local. Esta es mencionada en el art. 45, el cual dice que la Autoridad de Aplicación establecerá “las condiciones diferenciadas fundadas en cuestiones técnicas, económicas, de oportunidad, mérito y conveniencia, atendiendo a la preservación del orden público”. Nuevamente, la vaguedad como rasgo característico. En principio, pareciera que las obligaciones de desagregación serán para todos aquellos operadores con red. Más allá de la cuestión de fondo de si la desagregación es efectivamente una forma de incentivar la competencia y el desarrollo de redes (cosa que es debatible), no impacta de la misma manera al negocio que una cooperativa tenga que permitir que cualquier operador extienda su cobertura a través de los tendidos de ésta que si quien tiene que hacerlo es un incumbente. Por otra parte, esto implica desafíos técnicos, ya que si bien desde la perspectiva de las capacidades todas las redes son similares, no lo son desde el punto de vista tecnológico.
Por otra parte, un asunto profundo, complejo y de vital importancia como es el de la neutralidad de la red es apenas mencionados dos veces, una en la introducción y otra en el articulado (artículo 1), pero sin ir más allá del consabido “garantizar la neutralidad de las redes”. Un tema que por sí solo requeriría una ley u otro instrumento legal independiente. Como está, es apenas un concepto atractivo, que queda bien mencionar.
Pensando en el objeto del proyecto de ley y considerando aspectos como la desagregación, la posibilidad de fijar tarifas y la inconsistencia entre el alcance de las licencias de telecomunicaciones con las de medios audiovisuales, se podría decir que puede favorecer el desarrollo de operadores sin red, pero sin estimular la competencia ni la extensión de las redes.
En definitiva, el proyecto abunda en buenas intenciones y es escaso de definiciones. Todos los actores de acuerdo con la necesidad de una nueva ley. Todos los actores con salvedades respecto de muchas cuestiones por definir. Un cheque en blanco que nadie quiere librar.
