Luego de varias jornadas durante las cuales diversos actores del mercado de las telecomunicaciones desfilaron ante la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado, ésta presentó un proyecto modificado de la “Argentina Digital”. Si bien introduce algunas mejoras necesarias, todavía subsisten varios puntos débiles en la futura norma.
El grueso de las presentaciones ante la Comisión coincidió en apuntar a dos temas: el ingreso de las empresas de telecomunicaciones al negocio de la TV y los riesgos que surgen por las indefiniciones respecto de una Autoridad de Aplicación (AA). Sin embargo, las modificaciones más relevantes realizadas al proyecto fueron al primer eje. Nada al segundo.
Había motivos para pensar que el proyecto no iba a avanzar como fuera redactado originalmente en materia del ingreso de las telcos al negocio de la TV. Por razones obvias, éstos no giraban alrededor de la defensa de Cablevisión (el más visible de los afectados, pero ciertamente no el único) sino de las PyME cableras del interior así como de las cooperativas. Pensando que se viene un año electoral por delante, tampoco era cuestión que los legisladores se enfrentaran con quienes necesitarán en sus campañas y que tienen una importante capacidad de influir en la opinión pública en sus zonas de operación. Para solucionar el problema, se optó por dos medidas: impedir que las telcos puedan dar servicios de TV a través del satélite y proponer un ingreso gradual de las telcos al negocio de la TV.
El impedimento al recurso de dar TV a través del satélite (DTH por Direct To Home) a las telcos tiene una lógica desde la perspectiva de la convergencia, que es uno de los ejes del proyecto de ley. Dar DTH no sólo les permitiría ofrecer automáticamente el servicio en todo el país (lo que atentaría contra la gradualidad buscada), sino que no incentivaría a mejorar la red de banda ancha. Con el cambio introducido, para dar TV las telcos deberán aumentar la capacidad de su red actual. Es que para ofrecer este servicio, se debe reservar aproximadamente 8 Mb de capacidad de la conexión de banda ancha, a lo que hay que sumarle el ancho de banda necesario para el acceso a Internet. De este modo, al domicilio del abonado deberían llegar con unos 14 Mb como mínimo. Si bien esto es alcanzable por la tecnología ADSL, requiere que la fibra óptica llegue cada vez más cerca del cliente. Esto implica tiempo de despliegue e inversión, en momentos en el que las telcos también estarán destinando fondos al despliegue de 4G. Queda entonces por delante un escenario de cuantiosas inversiones. Un recurso que no es ilimitado. Así, el avance de la IPTV será paulatino. A pesar de esto, la AA, a través de la reglamentación, será quien defina el ritmo al cual las telcos puedan llegar a las distintas localidades del país.
También el proyecto revisado mantiene el status de servicio público de la telefonía. El resto de los servicios serán servicios públicos en competencia. No obstante, esta diferenciación puede ser irrelevante, ya que la AA podrá controlar precios y tarifas. Por otra parte, la misma podrá, vía regulación asimétrica, establecer obligaciones específicas. Lamentablemente, el proyecto no define las características de dicha asimetría. Queda entonces confiar en que será justa y no inclinada hacia un lado o el otro.
Algo similar ocurre con la desagregación de la red local. El proyecto modificado no aclara si será para todos los licenciatarios de servicios TIC. Nuevamente, será la AA quien decida. De todos modos, los desafíos de la desagregación no son menores, tanto desde el punto de vista técnico como de negocios. Por ejemplo, no es evidente cómo se haría en el caso de una cablera, ya que normalmente no son sujeto de desagregación (por haber nacido en competencia) y por razones tecnológicas no es tan sencillo hacerlo. Pero el principal riesgo de la desagregación es que no incentiva la competencia de infraestructuras. Así, al ser una obligación y no un derecho, se corre el riesgo de que no haya motivación para el propietario de la red a actualizarla.
Por el lado de la AA, lo único que aclara en cuanto a su constitución es que será designada por el Poder Ejecutivo Nacional, sin especificar si habrá una conducción colegiada en base a diversos criterios, como por ejemplo si estarán representadas las provincias o los partidos de oposición, o si contará con un cuerpo colegiado de expertos. Esto sumado a las amplias facultades que otorga el proyecto de ley resulta en que sea un punto de inquietud para todos los futuros licenciatarios de servicios TIC, sin importar sin son grandes telcos, cableras, PyME o cooperativas. Un temor generalizado.
En el caso del Servicio Universal, este sigue siendo definido como “concepto dinámico”, cuando a nivel internacional es estático, en base a la teledensidad (la cantidad de teléfonos por cada 100 habitantes en una zona determinada). Adicionalmente, el manejo discrecional que hará la AA de los fondos del Servicio Universal puede dar lugar a conflictos. Empezando por la transferencia al Estado de los fondos actuales, depositados en un fideicomiso privado, lo que podría ser interpretado como una expropiación. También, estos fondos podrán asignarse al incentivo de despliegue de infraestructura regional y el fortalecimiento de actores locales, lo que abre la puerta a un uso político partidario de los mismos y por lo tanto, parcial.
Como surge de la lectura del proyecto modificado, más allá de las modificaciones al tema TV, persiste el gran poder y discrecionalidad que concentra la AA. Y a pesar de que este aspecto fue mencionado por la mayoría de los expositores ante la Comisión, no hubo modificación alguna. Sería atinado que en el tratamiento en las cámaras este punto sea revisado.
