Archivofebrero 2016

Durante el lapso que pasó desde la última edición de Comentarios, el 18 de diciembre pasado, muchas noticias importantes se dieron en el ámbito local de las telecomunicaciones. Sin dudas, lo más relevante fue el cambio de raíz en lo que hace a la regulación del sector. Un cambio que, aunque en la dirección correcta, generó sainetes políticos, reclamos en la justicia y hasta cuestionamientos de legalidad. Y como siempre ocurre, quedaron actores disconformes.
El nuevo gobierno que asumió en diciembre último introdujo profundas modificaciones en distintas políticas, incluyendo a las de medios y telecomunicaciones, quizás las más emblemáticas de la gestión a la que reemplazó. Se tratan de cambios necesarios desde el punto de vista de política sectorial habida cuenta de que en materia de infraestructura se trataba de un marco regulatorio concebido desde una mirada hacia el pasado y no el presente de las redes de comunicaciones, a lo que se sumaba el evidente encono hacia uno de los participantes.
La forma, vía decreto de necesidad y urgencia, puede ser cuestionable políticamente, pero, al menos por lo visto hasta el momento, es técnicamente válido. Demuestra la intención de avanzar rápidamente con el tema, más allá de la necesaria ratificación parlamentaria. Siempre dentro de la forma, si bien el funcionamiento del nuevo ente regulador, Enacom (Ente Nacional de Telecomunicaciones) simula ser el de un cuerpo independiente con representación de las minorías parlamentarias, en la práctica funciona como un órgano que depende directamente del Poder Ejecutivo. Esto no necesariamente está mal en sí mismo, pero no hacía falta el simulacro de apertura.
En cuanto al fondo, el gobierno anterior dejó un escenario que, aunque pregonaba convergencia, tenía tratamientos muy dispares entre cable, telcos y satélite, perjudicando particularmente a los primeros por ser la industria en la que se encontraba el Grupo Clarín. La nueva gestión decidió dar marcha atrás con esta política, básicamente anulando las limitaciones a la expansión de las redes y servicios como forma de propiciar la convergencia. Los cables ya no tendrán límite a la expansión física de sus redes, lo cual es una buena noticia en una industria sensible a las escalas.
De todos modos, el movimiento fue pendular, y el escenario, antes perjudicial, ahora resulta más favorable a la industria del cable. Las telcos podrán dar servicios audiovisuales recién en 2 años prorrogables a 3, cancelando quizás la principal medida pro convergencia de la gestión anterior, quien las había autorizado a hacerlo a través de la ley Argentina Digital. Los cables sostienen que estos 2 a 3 años de inhibición son poco tiempo, ya que ellos no cuentan aún con servicios móviles en su oferta. El argumento sigue en que si hoy las telcos pudieran ofrecer servicios de cuádruple play sería una ventaja competitiva muy fuerte frente a su oferta triple play.
Es cierto que los cables aún están lejos de ser una alternativa en móviles, pero también lo es que las telcos no están técnicamente en condiciones de ofrecer servicios de TV por sus redes actuales. Una red moderna debe tener una capacidad media en los accesos de unos 30 Mb, lejos de la media de los abonos de ADSL. En otras palabras, las telcos deben invertir (y bastante) en la red fija para aumentar la capacidad y capilaridad de sus redes. Pero a su vez, parte de esa inversión sólo puede justificarse con el ingreso adicional que generarían los servicios de TV. Un tema de tiempo y dinero. Esta idea de nivelar la cancha antes de poder dar vía libre con el cuádruple play permite suponer que los próximos pasos del gobierno en materia de espectro (especialmente luego de la compra de Nextel por Cablevisión) serán claves para la definición del escenario en los años por venir.
Hay quienes critican el fondo de las reformas por su sesgo pro concentración de mercado. Es cierto que el nuevo marco propicia la concentración de las infraestructuras. También lo es que esta es una tendencia global en la industria. Pero atención, que un mercado de infraestructuras fragmentadas no es lo mismo que un mercado en competencia. Que haya muchos actores no los hace competidores si las coberturas geográficas de sus redes no se superponen. Por otra parte, cuando las escalas no son las ideales, las inversiones son más difíciles de repagar (es la razón por la cual subsiste todavía tanto cable analógico, especialmente en localidades medianas y chicas del interior del país). Así, un escenario previsible a mediano plazo será el de competencia de infraestructuras en grandes concentraciones urbanas ofreciendo servicios triple y cuádruple play, con tendencia a la monopolización del acceso en la medida en que las localidades son más pequeñas.
La regulación de la convergencia es de por sí un trabajo complejo. Cuando hay convergencia, las distintas industrias que convergen chocan entre sí. Esto es lo que estamos viendo ahora. Pero convergencia implica en definitiva un trato uniforme para todos los actores. El punto está en lograr el equilibrio en las asimetrías forzadas necesarias para atravesar la inevitable transición.