Tanto la gestión anterior en telecomunicaciones como la actual produjeron instrumentos regulatorios, la ley Argentina Digital y el DNU 267/2015 respectivamente, que, cada uno con su cosmovisión, apuntaron a la convergencia. Pero este proceso de convergencia se da en múltiples niveles, algunos de los cuales aún ni siquiera han sido contemplados, o al menos enunciados.
Desde una perspectiva tecnológica, la convergencia es fácil de comprender y de implementar. Redes monoservicio (de telefonía, de datos, de TV) que se convierten en una única red multiservicio vía digitalización. Listo, ya tenemos la convergencia tecnológica. Pero la convergencia regulatoria es mucho más complicada. Se trata de llevar marcos legales radicalmente distintos hacia uno solo, en un proceso que no sólo toma tiempo, sino que está plagado de presiones para el regulador. Es lógico, nadie quiere que le endurezcan las condiciones y mucho menos que sus condiciones sean más demandantes que las de sus nuevos competidores. Un claro ejemplo de esto son las tarifas, particularmente aquellas de la telefonía básica, que al ser un servicio público son fijadas por el Estado. Este tema, que estaba más en la agenda de los operadores afectados que en la del regulador, volvió al debate esta semana, luego de que la Secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones declarara que el gobierno analiza permitir subas en la tarifa de telefonía fija.
Sin entrar a analizar sus declaraciones, que contienen algunos conceptos sui generis, estamos ante el momento indicado para no ya replantear el valor del abono y el minuto sino para aprovechar y repensar cuál es el servicio básico al que se hace mención en un escenario convergente. Claramente no es la voz fija. Esto tenía sentido en los tiempos en que la telefonía era EL servicio de comunicaciones y su red era la más extendida por lejos. Pero hoy la situación es otra, con la telefonía fija como el servicio de mayor cantidad de abonados (con 9,5 M de líneas), pero no muy lejos de la TV paga (8,5 M de abonados) y de los accesos a Internet de banda ancha (7,1 M).
En un escenario convergente la voz fija pasa a ser un servicio más de esta red multiservicios. No obstante, seguimos teniendo un abono fijado por el Estado que hoy equivale a menos de US$ 1 mensual, cuando en el momento en que fue establecido equivalía aproximadamente a US$ 14 (a lo que hay que sumarle la inflación en dólares, que también existe). Tampoco es cuestión que cuando el gobierno autorice a actualizar esta tarifa recupere su valor original. No sólo sería políticamente insostenible, sino que generaría una baja masiva de un servicio que cada vez se usa menos. Es hora de repensar a qué debería corresponder un abono básico de telecomunicaciones.
En un escenario convergente, no tiene sentido que este abono corresponda a un servicio de los tantos que puede dar una red multiservicio. Sería más ajustado pensar en un cargo de conexión por la llegada de la infraestructura al hogar del abonado, la gran inversión de capital de cualquier operador de telecomunicaciones. Ese abono podría ser común a todos los operadores convergentes (telefónicas, ISP con red propia, cableras). Para que esto pudiera ponerse en práctica harían falta dos cosas: que todo operador pueda asegurar el piso de ancho de banda a definir en toda su red y que a su vez esté habilitado a dar todo tipo de servicio que su red pueda transportar. Esto hoy no sería viable por dos motivos: son pocos los operadores con su red 100% en condiciones de dar múltiples servicios con un mínimo de ancho de banda y porque la regulación actual no habilita a las telefónicas a dar servicios de TV por los próximos 2 ó 3 años (no está claro cuál es el criterio por el cual el plazo se extendería a 3). Pero podría haber una transición en la cual convivan los dos modelos hasta tanto las redes estén en condiciones técnicas de ser multiservicio. Es sólo cuestión de definir plazos razonables para llegar a este punto.
Este modelo no impediría que hubiera tarifas sociales, particularmente para los hogares que hoy sólo consumen telefonía básica y que viendo la cantidad de abonos de banda ancha y descontando las líneas telefónicas en empresas, no serían tantos.
Convergencia significa, entre otras cosas, iguales reglas para todos. Esto también debería aplicarse a las tarifas reguladas. Hay que dejar de pensar a las telecomunicaciones como servicios del siglo XX, porque ya no lo son más. Es hora de comenzar a mirar al siglo XXI de una buena vez.
