El marco regulatorio establecido por el DNU 267, publicado a menos de un mes de la asunción del gobierno de la actual gestión, deshizo mucho de lo hecho por la gestión anterior. Tanto que algunas decisiones terminaron atentando contra el espíritu “convergente” pregonado por las autoridades. Esto que en definitiva no sería más que una manifestación de una visión específica en materia de telecomunicaciones significó también una barrera a lo que en los últimos tiempos se convirtió en la obsesión del gobierno: lograr un boom inversor.
Resulta claro que, por la rapidez de su publicación y antecedentes de las nuevas autoridades en la materia, no fueron estas últimas quienes estuvieron detrás de su redacción. Y luego de ya casi 10 meses en la gestión, habiéndose empapado más a fondo de la dinámica del sector, las mismas parecen haberse percatado de que son necesarios algunos cambios para efectivamente lograr el objetivo de más inversiones en un contexto de convergencia pro competitivo al que aspiran.
En principio, estas contradicciones no eran tan preocupantes ya que se esperaba tener un marco más coherente con la sanción de la ley de convergencia en la que trabajan las autoridades. Pero sin dudas las aristas técnicas, políticas y de negocios están demostrando una complejidad mayor a la inicialmente prevista. Tal es así, que esta semana, durante las jornadas de ATVC, Silvana Giucidi, coordinadora de la comisión redactora de la ley, adelantó que el proyecto estaría terminado en marzo del año próximo y no para fin de este año, como inicialmente se había determinado. Esto implica que el proyecto de ley deberá tratarse en pleno año electoral, lo que podría demorar su trámite parlamentario o dar lugar a la introducción de modificaciones que desvirtúen el espíritu de la futura norma.
Este escenario demoraría las necesarias correcciones al marco actual más allá de lo aconsejable, y quizás sea por eso que también esta semana el Ministro de Comunicaciones dio una entrevista radial donde adelanta que, antes de fin de año, habrá un nuevo decreto para mejorar el marco actual, mientras se espera por la nueva ley. El ministro Aguad no da demasiadas precisiones respecto del nuevo decreto, pero ciertos cambios pueden inferirse no sólo de sus palabras, sino también de otras declaraciones hechas a los medios durante estos días, con motivo del Foro de Inversión y Negocios, AKA Mini Davos.
Por un lado, Aguad afirma taxativamente que a partir del 1° de enero de 2018 se acaban las asimetrías: todas las empresas podrán dar todos los servicios. Lo que Aguad confirma de este modo es que el período de 2 o 3 años que el DNU 267 establecía como restricción para que las empresas de telecomunicaciones pudieran dar servicios de TV se fijará en 2. Con esta modificación se estaría dando certeza a las empresas que deben planear sus inversiones en infraestructura para poder ofrecer este servicio sobre sus redes. El ministro es categórico al afirmar “no podemos seguir esperando [a las cableras]“.
En la conversación, también desliza alguna modificación al “tema satelital”, aunque lamentablemente los entrevistadores llevan la conversación para otro lado. Una pena. Habida cuenta del nerviosismo manifestado por los operadores de TV por cable durante las jornadas de ATVC, se puede especular con la eliminación de la restricción a dar servicios de comunicación audiovisual simultáneamente con servicios de telecomunicaciones. Esto no favorecería en lo inmediato tanto a Telefónica y Claro, quienes son grandes operadores de TV satelital en la región, ya que igualmente deberían esperar hasta enero de 2018 para dar servicios. Pero sí lo haría en el más corto plazo con DirecTV, quien ya está dando servicio de acceso a Internet satelital en forma experimental, al tiempo que tiene algunos despliegues terrestres, tanto inalámbricos como cableados.
Se puede especular también con que haya modificaciones al tratamiento del espectro y posibles cambios en el tipo de atribuciones con el objetivo de poner a disposición la mayor cantidad de espectro posible para servicios móviles e incentivar el desarrollo de un nuevo operador. Esto puede leerse entre líneas en las declaraciones del ministro a la agencia Bloomberg.
En definitiva, y mientras se espera por la nueva ley de Convergencia, el gobierno estaría decidido a avanzar más rápidamente por la vía del decreto, para corregir los errores de su decreto original. Seguramente habrá novedades en las próximas semanas.
