Sin dudas el 2016 será recordado como el peor año para la venta de celulares en Argentina en el último lustro. Con una proyección de 9,5 millones de unidades producidas este año en Tierra del Fuego (y que representan más del 98% de los celulares que ingresan oficialmente al mercado), este valor se encuentra un 19% por debajo del 2015, cuando alcanzó los 11,8 millones de unidades, o más de 2 millones de unidades menos.
Esto ocurrió aun cuando luego de la devaluación del peso (que llegó a alrededor del 50% respecto de su valor a noviembre de 2015) y de la inflación registrada durante el año, los precios de los equipos no crecieron en la misma proporción. Es más, aumentó la oferta de equipos con precios por debajo de los $ 3.000 (aproximadamente US$ 200). La rebaja vino de la propia dinámica de la industria tecnológica (los equipos 4G, con mayores escalas, tienden a bajar de precio), los menores costos financieros por haberse regularizado los giros al exterior para pagar proveedores así también como de menores márgenes en una economía en recesión. Sin embargo, no fue suficiente para detener la caída.
Quienes sí tuvieron un gran año son los que ingresan celulares ilegalmente, vía contrabando. Por supuesto, siendo un mercado informal, no es fácil dimensionarlo con precisión. Sin embargo, se puede hacer una aproximación gracias a las activaciones que se producen en la configuración inicial, las cuales quedan registradas por cada uno de los fabricantes. Así, las marcas locales tienen datos muy certeros de cuántos de los equipos activados en Argentina corresponden a aquellos producidos en el país. Queda mayormente estimar cuántos fueron iPhone, los cuales no se producen en Tierra del Fuego.
En base a estos datos, en la industria se estima que este año el mercado negro de celulares alcanzará los 2,5 millones de unidades, creciendo un 25% respecto de los 2 millones ingresados ilegalmente en el 2015 y unos 1,5 millones en 2014. Un negocio en franco crecimiento. Un crecimiento alimentado por dos factores. Una es la prohibición de facto del ingreso de equipos que no se venden en el país, principalmente el iPhone, aunque no es el único. La otra, la gran brecha de precio entre un equipo adquirido en el exterior y uno adquirido localmente, lo que da margen suficiente para correr los riesgos y aceitar lo que sea necesario para ingresar la mercadería.
Como el régimen de Tierra del Fuego estará vigente por lo menos hasta el 2023, se podrá bajar un poco el costo argentino en caso de llevarse adelante algunas de las medidas que se sugieren, pero difícilmente se llegue a valores internacionales. Por lo tanto, queda combatir el contrabando. Quizás una de las medidas que, de tener éxito, logre menguarlo sean las anunciadas esta semana en relación a la identificación de los usuarios y su vinculación con el IMEI de los celulares. De esta forma, no se podría (en principio) insertar una SIM en un teléfono ingresado ilegalmente. O a lo sumo, habría que blanquearlo con el operador, por lo que cabría que en ese momento se exijan los impuestos y aranceles adeudados. Por supuesto, también queda el recurso de controlar mejor las fronteras y aduanas, pero sabemos que eso es bastante más complicado de llevar adelante con éxito.
Lo que es indudable de esta situación es que, si no se toma algún tipo de medidas respecto del contrabando, cada vez más tendremos un mercado con arancel 0% de facto. Algunos verán a esto como una resultante positiva. Otros, no tanto.
