El que termina será recordado como un año negro para la industria de los smartphones. La combinación de recesión, altos costos y contrabando dieron como resultado un año en el que las ventas “oficiales” caerán. Con un volumen total estimado entre 9 y 9,5 millones de unidades producidas en Tierra del Fuego durante el 2016, la caída respecto del 2015 será de entre 20 y 24%.
Esto se da a pesar de que, aun considerando la inflación en pesos de este año y una devaluación del peso frente al dólar del orden del 60% respecto de diciembre de 2015, el precio de los equipos prácticamente no subió. O sea que, ya sea midiendo en pesos en términos constantes, así como en dólares, se volvieron significativamente más baratos.
No obstante, este escenario no pudo evitar un recrudecimiento del contrabando de celulares, compuesto parcialmente por las “importaciones” individuales de equipos por parte de quienes viajaron (a Chile o a Miami, por ejemplo) pero mayormente por organizaciones que se dedican a ello. Las estimaciones de este mercado negro varían entre los 2,5 y 3 millones de unidades para el 2016, creciendo entre un 25 y 50% respecto de los 2 millones ingresados en el 2015. Es obvio que tanto lugar para el contrabando se debe a la brecha de precios que todavía existe entre un mismo equipo comprado localmente y en el exterior.
Esta situación afecta adicionalmente a las marcas y fabricantes ya que los equipos ingresados de contrabando tienden a ser de gama media y alta ya que el costo y riesgo de ingresarlos es similar para toda clase de equipo, por lo que el foco está en aquellos que generen mayor rentabilidad. Así, la oferta local ve reducir sus volúmenes de ventas, así como su rentabilidad.
La solución ideal sería que no existiese esta brecha de precios o que fuera lo suficientemente menor como para desalentar el negocio del contrabando. Pero es claro que, si esto se da algún día, no será en lo inmediato. Se trata de un proceso que llevaría mucho tiempo y donde intervienen no sólo los costos de la producción en Tierra del Fuego sino otros ítems del “costo argentino” y que afectan a diversos productos fabricados no ya en la isla sino en el territorio continental, tal como sucede con autos, indumentaria y muchísimos otros rubros.
La lógica indica que una solución de corto plazo sería reforzar los controles en las fronteras y aduanas para evitar estos ingresos masivos de mercadería no declarada. Pero en un país donde el contrabando fue un fenómeno habitual (aunque con intermitencias) desde los tiempos en que era una colonia española, esto se dice más fácil de lo que se hace.
La solución que se baraja desde el gobierno es establecer listas blancas de equipos autorizados a operar en las redes locales. Mientras que la lista negra sirve para identificar equipos fuera de la ley (porque fueron denunciados como robados), la lista blanca está compuesta por los equipos dentro de la ley. Ésta consiste básicamente en tener identificados los IMEI (números identificadores únicos para cada equipo) de los equipos declarados al ingresar al país (tanto provenientes del exterior como desde Tierra del Fuego) que integrarán una base de datos de equipos “legales”. De este modo, cuando se intente activar un equipo con una línea local el mismo será detectado, pudiendo pedírsele al usuario que abone los aranceles e impuestos no pagados. Sin embargo, este sistema tiene sus contras. Por un lado, afectará a aquellos que compraron un equipo de buena fe y que en ese momento se desayunarían con que tienen que pagar o no podrán usar su nueva adquisición. Por el otro, involucra a los operadores, quienes deberían asumir no sólo el costo económico de la implementación sino también el enojo de sus clientes por algo no los afecta particularmente y que no es su responsabilidad.
El tema con las listas blancas es que un negocio de 3 millones de equipos anuales terminará afectando a los dueños de los 62 millones de líneas en servicio. Evidentemente, el problema de fondo es otro y la solución debería ser menos creativa.
