Cuando quedan pocos días para cerrar el 2016, es hora de hacer un repaso de este año que arrancó con enormes expectativas y que cierra con gusto a poco.
La política respecto de la convergencia arrancó con la creación del Ministerio de Comunicaciones, pero tuvo su primera definición de peso con el decreto 267. El mismo quiso ser la piedra fundacional de una nueva era en las telecomunicaciones argentinas y terminó siendo un corsé. Es que, así como el decreto desactivó ciertas normas existentes que limitaban la expansión de las redes de TV por cable (y por lo tanto de banda ancha), también implicó un paso atrás para las empresas de telecomunicaciones, que vieron cómo se les quitaba la posibilidad de dar servicios de TV que les habían conferido un año atrás. A esto se sumó el impedimento de dar servicios de conectividad a los proveedores de TV satelital. Como enfoque convergente, resultó muy sui generis.
Desde el punto de vista administrativo, la actual gestión se destacó por “sacar trámites” cuyos expedientes se acumularon en el ENACOM. Entre ellos la compra de Nextel por parte de Cablevisión y la toma de control de Telecom por parte de Fintech (que recibió además el visto bueno de la CNDC), a lo que luego se sumó la compra por parte de Cablevisión de diversos ISP inalámbricos. Fue una gestión expeditiva desde el punto de vista burocrático, más aún contrastando con la administración anterior donde hasta el trámite más sonso estaba condenado a juntar polvo.
Este cuadro de situación hizo que tanto Telefónica como Claro (ambos operadores de TV paga en otros países) focalizaran sus inversiones en el desarrollo de la red celular, como venían haciendo, sin desesperarse por la inversión en la red fija, necesitada de un ARPU superior que la justifique. Telecom aprovechó este impasse para hacer su propia reconversión luego de la toma del control por Fintech que produjo el inevitable recambio en el management. Cablevisión siguió desarrollando normalmente su producto fijo, pero no pudo hacerlo con el móvil. La falta de espectro, que busca solucionar con la reatribución del obtenido por la compra de los ISP, hizo que no pudiera avanzar como hubiese deseado en la migración de su red iDen a una red 4G. Por el lado de DirecTV, logró seguir avanzando con la posibilidad de ofrecer acceso a Internet, aunque en forma precaria desde el punto de vista regulatorio. En este escenario general, con los diversos actores con el freno de mano puesto, no hay que preguntarse por qué no llovieron las inversiones que se esperaban por parte del sector convergente.
Desde el gobierno entendieron que el marco regulatorio montado no resultó lo que pensaron. Por ello se aprestan a emitir un nuevo decreto que, dicen, corregirá algunos de los puntos en los que falló el decreto 267. Una norma que se viene discutiendo y negociando desde hace meses. Mientras tanto, no se pudo cumplir con el objetivo inicial de tener un proyecto de ley de convergencia para fines de este año. El plazo se ha estirado al primer semestre del año entrante. Las dificultades para emitir un decreto que corrija algunos de los varios puntos clave en los que falló el 267, una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo, dan la pauta de lo difícil que podrá ser acordar una ley con la oposición en el Congreso. Más en un 2017 que será un año electoral. Buena suerte.
Así el entusiasmo inicial en la industria respecto de lo que podría deparar el 2016 para los operadores, seducidos por un discurso donde se repetía la palabra “convergencia” se fue diluyendo. No llegó a ser un año de transición sino más bien de congelamiento. Y así se fue el primer cuarto de la actual gestión de gobierno.
