Las negociaciones y discusiones que se dieron en las últimas semanas en relación a la forma que tomará el decreto por firmarse son fascinantes. La base está en que se trata de una nueva industria, la convergente, conformada por la fusión de sectores otrora independientes que la tecnología se ocupó de reunir. Esto hace que al interior de la industria convergente existan diferencias entre sus actores no habituales en otros sectores donde la problemática de sus participantes suele ser similar. Aquí las necesidades de unos y otros son radicalmente distintas. Esto puede apreciarse claramente en la cantidad de cámaras empresarias existentes al interior del sector convergente. La situación dificulta el rol del regulador, quien debe definir un marco que contemple estos intereses y necesidades tan diversas.
Pero a la política sectorial se suma en este caso también la política económica y exterior del gobierno. Es que los bandos de cableras y telcos representan también en sus actores de mayor peso una división entre empresas de capital nacional y de capital extranjero. El capital nacional está representado por Cablevisión, Telecentro y Supercanal (más decenas y decenas de cableras pymes nacionales) y el extranjero son las grandes telcos (Telefónica, Claro y, por qué no, Telecom). Sólo DirecTV resulta distinto: una empresa de TV paga de capitales extranjeros. Como en aspectos más específicos del negocio, DirecTV es un caso aparte.
Este enfrentamiento entre empresas de capital nacional y la de capital extranjero es más que un dato de color en momentos en que el gobierno se esfuerza por exhibirse como abierto a la inversión extranjera. Los borradores del decreto mostraban una mayor inclinación a favor de las empresas de TV por cable que son nacionales. El paralelismo entre cableras/nacionales y telcos/extranjeras es utilizado en la negociación con el gobierno por parte de las telcos como un factor de presión relevante. Luego de haber organizado el Mini Davos en Buenos Aires y de realizar la gira por los EE.UU. para atraer inversiones, que empresas extranjeras operando en Argentina amenacen con llevar el caso al CIADI si se aprueba un decreto que consideran injusto hacia ellas sería un golpe para las aspiraciones del gobierno. Al mismo tiempo, las cableras/nacionales cuentan con medios de comunicación propios desde donde pueden hacer oír sus voces. Algo que implica un riesgo político en un año electoral.
Hay quienes ven detrás de este escenario potencial la razón por la cual el Presidente de la República inició sus vacaciones sin firmar ningún decreto. La intención sería que el mismo resuelva problemas existentes y no que cree nuevos. Algo que se verá cuando el decreto finalmente vea la luz.
