Anunciado por el propio Ministro de Comunicaciones meses atrás, el gobierno se encuentra delineando un decreto que “acomode las fichas” en el sector de la convergencia mientras se espera por la próxima ley que organizará al sector. La falta de una descontada lluvia de inversiones (que mueve cifras muy superiores a las de otras actividades) así como la demanda por definiciones técnicas en materia de convergencia por el ingreso de operadores en negocios hasta ahora vedados pusieron en evidencia las falencias del decreto 267. Así se hizo necesario un nuevo instrumento legal que hiciera algunos ajustes. Primero se habló de mediados de noviembre. Luego se dijo que sería para principios de diciembre. Los días pasaron, los diversos borradores fueron circulando, pero sobre el filo del año el decreto sigue sin recibir la firma del presidente, quien partió de vacaciones. Así, se impone una nueva fecha, estimada para alrededor de mediados de enero mínimamente. Por ahora.
Sin un decreto oficializado, no tiene sentido analizar o debatir sobre medidas que no están firmes. Pero sí se puede jugar con cuáles medidas podrían ser adecuadas para desempantanar a la industria y permitirle que recobre un necesitado impulso que, haciéndola crecer, termine beneficiando al país y sus habitantes.
La de la convergencia en Argentina es una industria donde no hay entrantes puros, sino actores originalmente de las telecomunicaciones y de la televisión paga que necesitan sumar algún servicio (TV en el caso de los primeros y comunicaciones móviles para los segundos) que les permita completar su oferta convergente. Visto así, los entrantes no son jugadores nuevos en el país o la industria, sino actores actuales (algunos muy relevantes) buscando ampliar sus servicios. No obstante, se puede igualmente utilizar el concepto de entrante pensando en términos pre convergentes para identificar las medidas necesarias para que la totalidad de los actores puedan dar todos los servicios en un terreno nivelado.
La convergencia está compuesta por tres negocios: la banda ancha fija (donde se puede incluir a la telefonía), la TV paga (terrestre o satelital) y las comunicaciones móviles. Cualquier actor convergente debe estar en condiciones de dar estos servicios competitivamente.
Por ser una actividad que no tuvo restricciones desde sus inicios, hoy son muchos los proveedores de banda ancha fija, siendo los más importantes tres de los cuatro grandes operadores del mercado: Cablevisión (Fibertel), Telefónica (Speedy) y Telecom (Arnet). El cuarto es Claro, cuyo servicio de banda ancha es muy acotado. Si bien normalmente, cualquier actor puede dar servicios de banda ancha, la regulación vigente impide que convivan bajo un mismo operador servicios de banda ancha y de TV satelital. Se trata claramente de un impedimento regulatorio, pero no técnico. Por su amplia cobertura y con una infraestructura terrestre que sólo requiere de una antena en el domicilio del abonado, es de rápido despliegue, lo que preocupa a los operadores con red, particularmente los de TV. No tan así en el caso de los operadores de banda ancha, ya que el costo por Mb de las conexiones satelitales suele ser notoriamente más caro, quedando entonces circunscripto el servicio de banda ancha satelital a zonas sin cobertura de las redes fijas. Por lo tanto, siendo que esta restricción es sólo de orden regulatorio, lo natural sería eliminarla lo más pronto posible.
La TV paga también es un servicio que no tiene limitaciones técnicas sino puramente regulatorias. En principio, cualquier operador con una red de banda ancha está en condiciones técnicas de ofrecer TV. Este servicio además tiene la ventaja de incentivar al despliegue de redes de mayor capacidad, con lo que tiene un impacto secundario positivo sobre la disponibilidad de banda ancha. Por otra parte, el negocio de la TV paga suele tener actores dominantes en las regiones que cubre cada uno de éstos, por lo que eliminar las restricciones a los operadores de banda ancha sería muy positivo en términos de competencia, tanto en precios como en calidad del servicio.
El caso de los servicios móviles es más complejo ya que éstos se basan en el acceso a un recurso escaso como es el espectro radioeléctrico, lo que limita la cantidad de actores. Esta limitación se puede acotar poniendo a disposición todo el espectro atribuido a servicio móviles, reatribuyendo espectro originalmente de servicios fijos (banda ancha y TV) a servicios móviles y con reglas de juego claras y viables para el desarrollo de los operadores virtuales móviles (OMV).
Poner a disposición todo el espectro atribuido a servicios móviles implica no sólo terminar de limpiar la banda de los 700 MHz, otorgada en la licitación para servicios 4G, lo que está previsto que ocurra en marzo del 2017. También debe resolverse lo antes posible la judicialización del espectro otorgado en aquella licitación a Arlink y que hoy se encuentra sin uso. Como se ve, es mucho el espectro atribuido sin uso. Un desperdicio.
La reatribución de espectro es una facultad que tiene el regulador y que sin dudas debería ser ejercida. Claro que no se trata de un mecanismo simple. Para una misma porción de espectro, su valor si éste puede utilizarse para servicios móviles en vez de fijos se multiplica. También hay que determinar si con la reatribución este espectro puede seguir en manos de sus actuales tenedores o si debe recuperarse para volver a ponerlo a disposición de las empresas interesadas. En ambos casos este mayor valor puede traducirse en un pago por el mismo y/o en compromisos de inversión y despliegue, en un área geográfica y en un período determinado.
Por debajo de estas grandes líneas entran a tallar aspectos más técnicos, como las condiciones de interconexión (en redes fijas como móviles), las de roaming (en móviles) así como las obligaciones y derechos de contenidos a transportar (en TV paga). Aquí el regulador puede apelar a condiciones asimétricas entre los actores en función de su relevancia de forma tal de estimular el desarrollo de nuevos actores convergentes por un plazo a determinar. Si las asimetrías se aplican en forma permanente terminan siendo distorsivas.
Para llevar adelante las modificaciones necesarias en el entorno regulatorio, conviene recordar que éste debe tener como objetivo la disponibilidad de más y mejores servicios, accesibles para una mayor proporción de la población. Si esto se logra tendremos paralelamente una industria sana y pujante.
