Es sabido que el negocio de las comunicaciones móviles, con su masividad, necesidades de cobertura y actualización tecnológica frecuente, es muy exigente en materia de inversiones. Y éstas a su vez están condicionadas tanto por los ingresos actuales (que las financian directa o indirectamente) como por los futuros (que permitirán el repago). Es por esto que cuando se miran las cifras de la industria local, la regional y la global se entiende el porqué de la existencia de infraestructuras de distintas capacidades.
Durante 2016, lo operadores móviles en Argentina sumaron un CAPEX (gastos de capital) equivalente al 22% de la facturación por los servicios, según surge del informe “Mercado celular argentino 2017” realizado por Carrier y Asociados. Este porcentaje está en línea con la relación CAPEX/Ingresos del 20% a nivel regional (Latinoamérica), si bien es levemente mayor habida cuenta del ingreso tardío de Argentina al despliegue de 4G, obligando a un despliegue inicial acelerado. La relación va bajando en mercados más avanzados, siendo del 16% en Europa y del 14% en América del Norte.
Cuando se comparan las cifras de las tres grandes regiones, se observan mercados que son similares en cuanto a cantidad de abonados, con Europa y Latinoamérica casi idénticos, con 455 y 453 M de suscriptores respectivamente, y Norte América un poco más lejos con 292 M. Sin embargo, los CAPEX de Europa y Norte América son notoriamente más altos, lo que explica por qué se trata de mercados donde los servicios prestados son de mayor calidad, tanto en capacidad como en cobertura. La respuesta entonces para que éstos mejoren parece simple: que los operadores en Latinoamérica inviertan más. Es llegado a este punto que se observa dónde está el meollo del problema: el ARPU, o ingreso promedio por usuario (en este caso, por línea). En Norte América (más precisamente EE.UU. y Canadá) el ARPU es de US$ 46, lejos de Europa occidental, donde es US$ 19 promedio, descendiendo raudamente en Latinoamérica, donde es de US$ 7 (según estimados recopilados por 5G Americas), siendo de US$ 8 en el último año.
En otras palabras, a pesar de que Latinoamérica (Argentina incluida) tiene una relación entre CAPEX e ingresos superiores a la de países con redes más desarrolladas, su bajo ARPU hace que sea económicamente mucho más difícil llegar a infraestructura capaz y difundida para dar un servicio más parejo en todo el territorio.
Esta limitación económica debe estar presente a la hora de regular. Está visto que la presión política para una mayor inversión puede tener resultados coyunturales, pero no estructurales. Es necesario avanzar en un uso más racional de las inversiones, compartiendo infraestructura allí donde sea posible y evitando requisitos ridículos, como la obligación de que cada operador despliegue infraestructura propia en localidades de menos de 10.000 habitantes, tal como surge del pliego de 4G. En este sentido, la tendencia a la aparición de torreras (empresas que proveen espacios para instalación de antenas a múltiples operadores simultáneamente) es una buena noticia, aunque por el momento sea un negocio incipiente en el país.
Esto debe ser considerado dentro de un cuadro general de la industria que ve como su ARPU tiende a descender. En 2015, la caída del ARPU a nivel global fue de casi el 3% en un año y en 2016 en Argentina creció sólo un 26% en pesos, ubicándose por debajo de la inflación. La tendencia es más preocupante cuando se considera que al mismo tiempo la tecnología desarrolla nuevas capacidades cuya monetización no siempre es evidente. Así, resulta claro que una regulación que optimice la inversión es un requisito básico para lograr un desarrollo sustentable en el tiempo.
