En las últimas semanas se desató alrededor de la asignación de la frecuencia de 450 MHz toda una serie de idas y venidas signadas por las marchas y contramarchas, donde cada nuevo paso trajo una nueva complicación.
Hasta que comenzó este proceso, el uso primario de la frecuencia era sólo para el acceso fijo inalámbrico, tanto para telefonía como datos e Internet. Actualmente hay en Argentina algunos despliegues en 450 MHz con tecnología CDMA (no compatible con la de los celulares actuales), utilizados principalmente para dar servicios de voz inalámbricos, como es el caso en Calafate, Balcarce y Merlo (San Luis), que se habilitaron en el 2005. Pero no prendieron demasiado debido a su baja capacidad para datos, la escasa escala de esta tecnología y los consecuentes costos del equipamiento, especialmente en operaciones chicas.
Hace prácticamente un año atrás, a través de la Resolución 506/2018, el Ministerio de Modernización redefinió el uso primario de la banda, agregando la posibilidad del móvil, aunque estableciendo ciertas limitaciones. Por un lado, el servicio debería proveerse fuera del radio de los 180 Km de la Ciudad de Buenos Aires, en localidades de menos de 100 mil habitantes. Por el otro, excluyó a los grandes operadores móviles (Claro, Movistar y Personal). De esta forma, más las declaraciones de funcionarios de distinto rango, resultaba claro que los destinatarios de esta banda serían los pequeños y medianos operadores del Interior, especialmente aquellos operando en zonas con población diseminada, donde el buen alcance de esta banda reduce los costos de cobertura. Por este motivo, las zonas serían asignadas a un único operador, de forma tal de asegurar que éste cuente con toda la capacidad espectral disponible (que es modesta). En las zonas donde hubiera un único oferente, la banda se asignaría gratuitamente. En caso de haber más de un interesado, habría una compulsa de precios, aunque sin precio base. De esta manera se buscó que el espectro no fuera una barrera de entrada para el desarrollo de nuevas redes. Hasta aquí, la teoría.
Inicialmente se presentaron una pocas empresas, aunque a una de ellas, Servicio Satelital, se le adjudicaron más de 200 localidades en forma directa al no haber, aparentemente, otros competidores. Pero luego el Enacom se las sustrajo por incumplimiento de requisitos, según argumentó el organismo la resolución 2548, publicada en el Boletín Oficial. Luego apareció YPF (sí, la petrolera) que se retiró de la compulsa ante las quejas e impugnaciones de sus competidores. A fin de cuentas no era una PyME.
Pero la gran sorpresa se dio la semana pasada con la aparición de Arsat, que ofertó por varias de las regiones ofrecidas, compitiendo con las PyMEs y cooperativas. O sea, el Estado usando recursos para competir con privados de una mucho menor escala, ofreciendo sumas en algunos casos casi 100 veces superiores a las de los privados. Y con el agravante de que no parecía un negocio del cual debiera ocuparse un mayorista estatal, más aún si hay privados interesados en hacerlo. Además, la decisión de participar habría sido tomada sin la intervención del directorio de Arsat. El revuelo era inevitable.
Si bien la decisión política de dejar afuera (también) a Arsat ya estaría tomada, no es sencillo volver atrás desde el punto de vista del proceso. Arsat puso unos $ 3 millones en garantías que perdería si se retira. Y si la decisión la tomara Enacom podría enfrentar cuestionamientos por adjudicar a quienes ofrecieron menos que Arsat. Una tragicomedia que no se hubiera dado si de entrada Enacom le decía a Arsat: “No, gracias, esto no es para vos”. Se espera una resolución oficial a este conflicto por estas horas.