Esta semana el gobierno anunció que suspendía el régimen de incentivos para la industria del conocimiento (vía la llamada Ley de la Economía del Conocimiento), generando una controversia que así como era esperable podría haber sido minimizada. En realidad lo que hizo fue suspender la reglamentación, aunque a los efectos prácticos equivale a suspender los efectos de la ley.
La decisión causó sorpresa por diversos motivos. Por un lado, el actual presidente, antes de asumir pero ya electo, se mostró muy favorable a desarrollar esta actividad en el país. Por otra parte, la ley tuvo amplios consensos, fue votada por el Congreso el año pasado, donde logró unanimidad en la Cámara de Senadores y una amplísima mayoría en Diputados. Adicionalmente, la ley fue una extensión de la Ley de Software, promulgada en 2005 con buenos resultados, preparando el terreno para su continuidad ampliada. Cabe recordar que la ley de Software estuvo vigente hasta diciembre y que su sucesora, la Ley de Economía de Conocimiento, entró en vigor el 1/1/2020, hasta el 31/12/2029.
La discusión de fondo es sobre la extensión de los beneficios y las empresas alcanzadas. Por los trascendidos periodísticos, el gobierno quiere evaluar qué empresas accederán a los beneficios, particularmente, el tamaño de estas. Adicionalmente, prometen una nueva reglamentación pronto, aunque sin precisiones de fechas.
Evidentemente, estos cambios sobre la marcha no son positivos. Para quienes tienen que planificar e invertir es más contraproducente que haya normas cambiantes que normas deficientes pero estables. La cosa se agrava cuando la medida se toma súbitamente sin presentar los cambios que se proponen ni los objetivos de éstos, ya que genera incertidumbre hasta tanto se definan. Y la incertidumbre implica, mínimamente, inacción cuando no marcha atrás. Un escenario poco deseable considerando el volumen de exportaciones (es el 3º complejo exportador del país) y de puestos de trabajo generados por las actividades alcanzadas por la ley.
En este contexto, y sin entrar en la discusión de fondo (beneficios, empresas alcanzadas), hubiera sido más tranquilizante que el gobierno anunciara claramente las razones para la suspensión de la ley, presentando acto seguido una nueva reglamentación. Seguramente hubiera recibido la queja de los afectados negativamente por el cambio. Esto sería natural ya que los regímenes promocionales son injustos en su esencia porque dan un tratamiento privilegiado al sector o subsector a promover, discriminando en el trato respecto de otros sectores. No obstante, se hubiera evitado la zozobra al conjunto de las actividades alcanzadas por los beneficios de la ley.
Para cerrar, una frase de un viejo zorro de la regulación de las telecomunicaciones: “Vos no le des bola a la ley. Fijate qué dice la reglamentación. Ahí está la papa”. Siempre vigente.