Es complicado predecir el futuro con certeza. Muchos factores pueden influir y no es fácil tener en cuenta a todos ellos. Esto hace que la mayoría de las veces los pronósticos sean poco precisos o simplemente no se cumplan. Sin embargo, es posible imaginar escenarios basados en el conocimiento y las tendencias actuales. Pero siempre recordando que las predicciones son solo eso, no hechos seguros.
Partiendo del escenario general, el 2023 se presenta como un año que tendrá desafíos similares a los de este 2022 que languidece, aunque probablemente acentuados. Los actuales niveles de inflación seguirán siendo cosa cotidiana. Difícilmente baje de forma significativa en la medida en que se siga avanzando sin un plan integral de lucha contra esta y, en cambio, se opte por administrar algunas variables como para que la cosa no se desmadre. Más probable en todo caso sería un escenario en el que tendiera a ser mayor, justamente por falta de soluciones de fondo. Pero mínimamente seguiremos en los niveles actuales.
Más allá del impacto general que tienen los altos índices de inflación en cualquier economía, en el caso de las empresas de servicios TIC la situación se agrava por la vigencia del DNU 690, que establece que cualquier actualización de precios de los servicios debe responder a una autorización del regulador. Lógicamente, este no es un problema para aquellas empresas que obtuvieron una medida cautelar contra el decreto. En estos casos el único límite (bastante bajo, por cierto) es la realidad de los bolsillos. Pero para quienes no cuentan con una cautelar, caso de cooperativas y algunas PyME, la situación es angustiante. Para tener una idea, desde que entró en vigencia el DNU 690, la inflación acumulada fue del 179,2%, mientras que los aumentos autorizados fueron de entre el 97,3% y el 88%, dependiendo del servicio. Así, se acumuló un retraso que va del 29,3% al 32,6% según el servicio considerado. Claramente se cumplió el temor inicial al publicarse el DNU: que los aumentos estarían pisados.
El otro gran tema del 2023 será el dólar, o para decirlo más técnicamente, el acceso a divisas. Si bien el 2022 fue un año duro en la materia (tal como lo demuestran las últimas restricciones a su acceso), el 2023 se presenta como más duro aún. A los mayores desembolsos en dólares por vencimientos de deuda (que eventualmente podrían renegociarse) se sumará una caída importante (aunque todavía no precisada) del ingreso de divisas como consecuencia de menores volúmenes de exportación de producción agropecuaria, afectada por la gran sequía que atraviesa el país. Un factor no menor considerando que este sector representa poco menos de la mitad del total de exportaciones del país.
Así como la inflación perjudica a todos, pero más a aquellos cuyas actualizaciones de precios se rigen por resoluciones del Enacom, la falta de dólares afecta a toda la industria. Esta impacta no sólo en la importación de bienes (equipamientos de redes, por ejemplo), sino también de servicios (nubes, licencias, contenidos). Si la importación de bienes se viera interrumpida, se frenarían los despliegues y actualizaciones, así también como la reposición de lo que perima. Las redes seguirían funcionando, aunque peor. En el caso de los servicios, el riesgo es que estos se corten, con lo cual dejan de funcionar ipso facto. Obviamente que también impactaría en la producción local de celulares (con una alta incidencia de insumos importados) así como en las importaciones de productos como notebooks y tablets, a los cuales, además, se les busca aumentar los aranceles para estimular su ensamblado local.
La escasez de dólares trae también otros inconvenientes. Ante la falta de divisas para importar mercadería (equipamiento para redes, por ejemplo), la oferta se restringe y el precio sube en dólares, echando un poco más de leña al fuego. Una situación que impacta sobremanera en las PyME de telecomunicaciones, muchas en el imperioso proceso de migrar cobre (o inalámbrico) a fibra. Esta suba de precios hace que los costos de instalación (muchas veces absorbidos total o parcialmente al momento de la contratación) sean muy altos, frenando el crecimiento. Algo que ya está pasando, sobre todo en operadores PyME y que podría extenderse al año próximo.
Así, una combinación de bolsillos flacos por la macro y, falta (o fuerte aumento de precio) de insumos en dólares crean un escenario no muy propicio para la inversión. Esto sin considerar si el operador puede fijar sus precios libremente amparado por una cautelar, o si debe regirse por los aumentos otorgados por el regulador. En este último caso, la situación puede tornarse asfixiante.
En definitiva, el 2023 da señales de ser un año difícil, donde al contexto macroeconómico y sectorial se le suman las incertidumbres de un año político en un gobierno que, además, tiene claras líneas internas no siempre en armonía. El espíritu entonces es el de capear la tormenta. Quizás sea el año en el que finalmente surja una voz consensuada de la industria luego de que sus distintos actores (grandes telcos, PyME y cooperativas TIC) dialogaran más entre sí a partir del rechazo al DNU 690, presentando un manifiesto que esperan sea la base de un plan plurianual para el sector. Un diálogo que, si se extiende al sector público, podría ser la base de un impulso realmente importante. Un camino que no será corto, pero que hay que comenzar a recorrer.