Cuando se acerca la fecha límite para que los interesados presenten sus ofertas para participar de la subasta de espectro para 5G, crece la incertidumbre respecto a si podrá llevarse adelante como fue previsto por el Enacom o si quedará suspendida por una medida cautelar. De ser este último escenario, quedaría sin efecto no sólo el llamado a la subasta sino también la asignación directa de espectro para 5G a favor de Arsat.
Todo se originó ante un cuestionamiento de tipo administrativo interpuesto por la cámara IDA (Infraestructura Digital Argentina) ante el Enacom y que, al no tener respuesta en los tiempos previstos, dio lugar a una presentación en la Justicia Federal. Ésta emitió una cautelar interina (también llamada precautelar), que tal como dice su nombre, no es definitiva, a la espera de la respuesta del regulador. Claro que acá juega la fecha clave, el 29 de septiembre, que marca el límite para presentar ofertas. Por lo pronto, los abogados no se ponen de acuerdo en si el proceso está o no suspendido. ¿Qué nos queda al resto?
Lo concreto es que el tema de la subasta del espectro para 5G trasciende el ámbito netamente sectorial, para avanzar en el político. Un tema no menor estando a pocas semanas de las elecciones que definirán al nuevo gobierno por los próximos 4 años. Porque, así como el proceso es llevado adelante por el regulador, controlado no sólo por el oficialismo sino más particularmente por su candidato a presidente, se opusieron al mismo tanto los directores del Enacom en representación de la oposición (específicamente Juntos por el Cambio) así como el candidato a presidente de La Libertad Avanza. De esta forma, el de 5G se convirtió en otro tema de campaña. Menor ante el panorama general, pero tema al fin.
Por otra parte, resulta interesante observar las reacciones de las principales empresas interesadas en ofrecer servicios 5G. En un escenario de paridad de mercado y sin saber cuándo en el futuro habrá una nueva puesta a disposición de espectro, ninguna puede permitirse el lujo de quedar en off side. Es decir, ser la única que se quede sin espectro. Pero los tres operadores móviles parecen alejarse de su dura postura inicial, cuando, luego de que se publicaran las bases y condiciones, emitieran un comunicado en conjunto cuestionando el proceso en base a 3 ejes: el precio por bloque, la regulación de planes y precios del servicio y la asignación de espectro a Arsat a título gratuito.
En principio, nada de esto cambió. Quizás la modificación más relevante que surge de las respuestas a las consultas realizadas sobre el pliego tiene que ver con la aparición de bloques de 50 MHz, los cuales estarán disponibles en caso de que alguno de los 3 lotes de 100 MHz resultara vacante. Esto no sólo habilitaría el ingreso de nuevos oferentes, sino que también permitiría que alguno de los tres operadores actuales ofertase no ya por un bloque de 100 MHz sino por uno de 50 MHz. Sin embargo, los puntos cuestionados originalmente (costo del espectro, espectro otorgado a Arsat y la oferta de un producto con “tarifa social”) siguen vigentes como en el primer día.
Por lo pronto, el único que manifestó fehacientemente su voluntad de participar es Claro, quien presentó el martes la documentación exigida para la precalificación de antecedentes al tiempo que anunció que ya constituyó su garantía de mantenimiento de oferta por US$ 20 millones. Por su parte, Telecom y Telefónica esperan una definición del tema judicial antes de la fecha y hora límite.
Más allá de lo que termine sucediendo en las próximas horas, no hay dudas de que la subasta de espectro para 5G, tal como está planteada, es mala para el país. Con un objetivo claramente recaudatorio, tiene un precio alto (aunque relativizado por poder efectuarse el pago en pesos al tipo de cambio oficial) y obligaciones bajas. Sobre este último aspecto, el pliego menciona para cada etapa de despliegue, un mínimo de radiobases. Tomando el caso de CABA, la exigencia mínima del total de radiobases por operador es de 1 a los 12 meses (una por localidad), 31 a los 30 meses (una cada 100.000 habitantes por localidad), 62 a los 48 meses (una cada 50.000 habitantes por localidad), 104 a los 66 meses (una cada 30.000 habitantes por localidad) y 156 a los 84 meses (una cada 20.000 habitantes por localidad). Así, al cabo de 7 años, y considerando a los 3 operadores, la exigencia sería de 468 radiobases. Mínimos bajos considerando que, según datos del Enacom a septiembre del 2021, había más de 3.700 radiobases 4G sólo en la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, el dinero que se recaude no estará destinado a mejorar la infraestructura y el acceso o a cerrar la brecha digital, sino que servirá para cubrir las necesidades del Tesoro Nacional que es un barril sin fondo.
Así están las cosas. Con una subasta que depende de lo que resuelva la justicia antes de que termine el viernes 29 de septiembre a las 23:59. O sea, hoy.