Todo comenzó el 3 de enero pasado, cuando vía el Decreto 6/2025, el gobierno recibió el año dando de baja el Fondo del Servicio Universal (FSU) entre otros fondos fiduciarios. Lo llamativo no fue tanto esta decisión, sino que no se anunciara en ese momento el instrumento que lo reemplazaría, ya que la exigencia de contribución para los prestadores de servicio seguía vigente. Una buena noticia fue la resolución 241/2025 que aclaraba que los fondos del disuelto FSU no irían a parar al Tesoro. Claro que permanecía la duda respecto de cuál sería su destino. Esta semana, las inquietudes comenzaron a disiparse con el anuncio del manejo de los fondos del SU a través de la Resolución Sintetizada 359/2025.
Bajo el pomposo nombre de “Plan Nacional De Infraestructura Crítica De Comunicaciones”, se delinearon los tres ejes de las políticas públicas a llevar adelante en la materia. A grandes rasgos, el Enacom utilizará los fondos del Servicio Universal para tres cosas: despliegue de sitios móviles en zonas desatendidas, fondeo de una red mayorista neutral y financiamiento y apoyo a prestadores. Ejes sobre lo que hubo algunas precisiones aunque también surgieron algunas dudas.
El Despliegue de sitios móviles en zonas desatendidas busca fomentar la llegada de redes de acceso 4G y 5G allí. No obstante, hay que tener en cuenta que no se tratará de un subsidio a los operadores móviles, ya que los fondos se destinarán a zonas fuera de las áreas previstas para el cumplimiento de obligaciones asumidas por los licenciatarios al momento de asignárseles espectro. Un dato importante es que la infraestructura pasiva y activa desplegada en el marco de estos programas será de uso compartido obligatorio (RAN Sharing) entre los prestadores. Esto marca una gran (y bienvenida) diferencia respecto de los requerimientos del pliego de 4G que exigía que cada operador contara con infraestructura propia, aún en las localidades más pequeñas donde esto era un claro sinsentido. El dinero será otorgado mediante concursos de asignación de fondos a una sola empresa que llevará adelante el proyecto.
El fondeo para el desarrollo de una red mayorista neutral puede interpretarse como que se seguirá otorgando fondos para la REFEFO (Red Federal de Fibra Óptica). Sin embargo, se introduce una novedad: también se invertirá en el despliegue de redes de última milla. En la norma se aclara que la red también podrá ser utilizada por los operadores móviles “actuales”. Esta palabra es significativa (sobre todo para los abogados) porque podría interpretarse que quedarán afuera aquellos que hoy no estén operando y que eventualmente lo hagan.
En materia de financiamiento y apoyo a prestadores es donde el cambio es más profundo respecto del viejo esquema del FSU. Ahora se deja de lado el subsidio bajo el cuestionado sistema de ANR (Aportes No Reembolsables) que dio lugar a sospechas de direccionamiento político partidario cuando no de corrupción. Habrá subsidio, pero no del capital sino de la tasa. Estará destinado a PyME y cooperativas. Los créditos serán administrados por parte de entidades financieras autorizadas, citando como ejemplo al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) o el Banco Nación (BNA). Da a entender que otras entidades podrán participar de la gestión de los créditos correspondientes.
Otra novedad bienvenida en materia de financiamiento a prestadores es que, previamente, se realizará un relevamiento de zonas desatendidas con necesidades de despliegue de infraestructura y recursos necesarios. Para cada zona se establecerán parámetros (costo estimado, densidad poblacional, potenciales beneficiarios, características de la zona, etc.) que permitan seleccionar el proyecto a través de un método de scoring, y que ponderará los montos a asignar y los porcentajes a financiar por parte del SU. Esto es muy diferente a los criterios opacos con los que anteriormente se asignaban los fondos.
Los cambios introducidos son bienvenidos. Algunos eran demandados desde hace tiempo. Pero hay que ser realistas en cuanto al impacto real que el Servicio Universal puede tener. Al asumir, el actual gobierno contaba con alrededor de US$ 197 M de fondos disponibles (sin considerar los fondos adjudicados pero no ejecutados). Durante el 2024, en base a la información de facturación del total de la industria por telefonía fija y móvil así como acceso a Internet, lo recaudado sumaría unos US$ 50 M más. En otras palabras, habrá US$ 250 M en el ex FSU. O visto de otra forma, con un promedio de unos US$ 70 millones anuales recaudados en los últimos 9 años en concepto de FSU, tampoco se pueden resolver todos los problemas de conectividad del país. No hay que soslayar que el 1% de la facturación del sector no alcanza para resolver lo que el 99% no puede. Sin embargo, el nuevo esquema cuenta con un aspecto positivo en relación a la demanda de fondos. Al eliminarse los ANR el dinero sigue estando, ya que se presta pero no se gasta. Claro que esto solo aplica para el caso del financiamiento de los prestadores, pero no para la red mayorista neutral ni el despliegue de los sitios en zonas desatendidas.
En definitiva, si los recursos para el Servicio Universal, vía “Plan Nacional De Infraestructura Crítica De Comunicaciones”, se utilizan en la práctica como lo describe la teoría, se habrá logrado una mejora que quizás no conduzca a la universalización del servicio, pero que sin dudas mejorará su estado.