En momentos en que se habla de los fondos fiduciarios y la intención del gobierno de dar de baja a varios de ellos, resulta oportuno revisar el caso del Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU).
Para ahuyentar especulaciones, el FFSU no está a tiro de decreto, al menos no de un decreto común. Si bien se menciona por primera vez el SU en el decreto 764/2000, el mismo fue reformulado por la ley 27.078 (Argentina Digital). Por lo tanto, eventualmente sólo un DNU podría afectarlo, ya que este instrumento permite modificar leyes (con aprobación posterior de la bicameral).
Hecha esta aclaración, resulta interesante analizar qué pasó con los fondos del SU en los últimos años. No es una tarea sencilla, ya que se parte de información que está en pesos históricos a lo largo de un proceso de altísima inflación. Convertir los distintos montos publicados a dólares no es preciso, ya que también hubo devaluaciones varias. Por lo tanto, la mejor forma de comparar información histórica es actualizándola por inflación a los valores de la última información disponible, diciembre del 2023. No obstante, son cifras tan extensas que conviene convertirlas al dólar de la cotización fin del 2023 (aunque acabara de presentar un brusco salto en su cotización como consecuencia de años de atraso).
Visto así, el FFSU recibió, entre 2016 y 2023, un acumulado de algo más de US$ 580 M. Sin embargo, salvo en 2017 y 2023, lejos se estuvo de adjudicar la totalidad de los fondos recaudados en cada año. Y mucho menos de ejecutarlos.
Durante este lapso, apenas se ejecutaron un 34% de los fondos recaudados, otro 34% fue adjudicado pero no ejecutado y un 33% quedó sin adjudicar. Visto de otra forma, si los fondos recaudados pero no adjudicados hubieran mantenido su valor en pesos durante todo el tiempo en que estuvieron depositados en el FFSU, hoy debería haber disponibles unos US$ 197 M y otro tanto en fondos adjudicados pero no ejecutados. O sea, el Estado dispondría de casi US$ 400 M para aportar al cierre de la brecha digital.
Independientemente de las críticas, que las hay, al destino de los fondos adjudicados, algo no está funcionando bien cuando hay semejante diferencia entre los fondos obtenidos y los aplicados. Los datos evidencian un claro déficit en el uso de los recursos. Una situación que se produjo en distintas gestiones de gobierno y que, al menos, exige repensar los mecanismos de utilización de los fondos para que sean asignados en su totalidad en un tiempo razonable. Al margen de esto, quedará la discusión de los criterios de adjudicación así como de mecanismos que permitan evaluar el impacto logrado. Pero esa, es otra discusión. Aunque hay que darla igualmente.