A 16 meses del anuncio de la transacción por la cual Telecom adquirió la operación de Telefónica en Argentina, el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) se expidió sobre la misma. Condicionó su aprobación de la fusión a que la empresa cumpla una serie de requisitos, entre los que se destacan la desinversión en móviles y banda ancha, así como el mantenimiento de ciertas condiciones a nivel mayorista y en el negocio B2B.
Lo más relevante está en materia de telefonía móvil, un segmento que por sus características técnicas no permite la participación de muchos operadores debido a la necesidad de espectro, que es un recurso finito. En este segmento, Telecom deberá desprenderse de 6 millones de clientes (4 millones en el AMBA y 2 millones en el resto del país). Esto representa alrededor de un tercio del total de clientes de la adquirida Movistar. Junto con los clientes, la fusionada deberá incluir 60 MHz de espectro (que será para 2, 3 y 4G pero no el de 5G), aunque la empresa finalmente deberá desprenderse de un total de 130 MHz, que es lo que excede el límite impuesto por la regulación. Quien adquiera los clientes tendrá un plazo de hasta 3 años para contar con una red propia plenamente operativa. En el ínterin, usará la red y los sistemas de Telecom para poder darles servicio a través de acuerdos de compartición (RAN Sharing, roaming nacional e internacional y coubicación de infraestructura pasiva). Tendrá la opción, pero no la obligación, de adquirir infraestructura física existente a la fusionada en áreas donde exista duplicación.
En el caso del acceso a Internet, y a diferencia de los móviles, puede haber uno o más adquirentes. La fusionada tendrá la obligación de ceder clientes a otros competidores en aquellas localidades donde la participación resultante de la adquisición supere el 50%. Esto alcanza a veintiocho localidades ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Río Negro así como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). En estos casos, los clientes a ceder serán aquellos que actualmente sean de Telefónica. La desinversión podrá limitarse a la cartera de abonados cuando el adquirente cuente con infraestructura de acceso propia. De lo contrario, los activos de red incluidos serán los de acceso de última milla. La excepción será en CABA, donde la transferencia de la red de fibra óptica hasta el hogar desplegada por Telefónica, junto con los abonados conectados a ella, será obligatoria, no aplicándose la opción de limitar la desinversión a la cartera de abonados (salvo en los casos en que Telefónica utiliza red de terceros, como es el caso de Iplan, por ejemplo).
En materia mayorista, básicamente se trata de mantener las condiciones actuales, no pudiendo establecer condiciones menos favorables que las vigentes al momento de la operación, por el plazo de 5 años. Asimismo, la fusionada deberá mantener su presencia en los puntos de intercambio de tráfico de Internet administrados por CABASE por un plazo mínimo de 3 años.
Finalmente, en los casos de desinversión, será la fusionada quien deberá proponer el o los adquirentes y el TDC los aprobará o no en base a criterios técnicos y económico-financieros. En cuanto a los plazos para la desinversión, serán de 18 meses, extensibles a 24.
En un análisis de las condiciones de aprobación, hay algunos puntos a tener en cuenta y que pueden dar lugar a situaciones complejas en el futuro.
En el caso de la telefonía móvil, y más allá de las medidas específicas, el dato más relevante es que el remedio determinado para este segmento tiene por objeto preservar una estructura de mercado con tres operadores de red compitiendo a nivel nacional. Pero este objetivo será difícil de alcanzar. En un mercado maduro, de bajo crecimiento, el ingreso de un tercer operador no parece viable. Los 6 millones de clientes que recibiría equivaldrían a aproximadamente el 10% del mercado, muy poco frente al 50% que tendrá la fusionada y el 40% que tendrá Claro. Se le hará muy cuesta arriba competir ya que su crecimiento sólo podrá darse en base a la captura de clientes de sus rivales. Adicionalmente, tiene por delante una gran inversión para desplegar una red nacional en 3 años, con los costos de red y espectro que esto implica, más el costo inicial de adquirir esos clientes fruto de la desinversión. Únicamente en concepto de líneas (sin considerar espectro e infraestructura) se puede hablar de un piso de US$ 300 millones. A esto hay que sumarle la red (desde las radiobases hasta el core) y el espectro, y ya entramos en el terreno de los millardos. Adicionalmente, el entrante debería también adquirir espectro para 5G, mínimamente para tener una oferta equivalente a la de sus competidores. ¿Habrá interesados genuinos en realizar semejante inversión para ingresar a un mercado maduro de bajo crecimiento? Se especula alegremente con diversos nombres, pero esta es la pregunta que hay que hacerse.
En el caso del acceso fijo a Internet, el análisis del TDC no pondera adecuadamente el impacto de la revolución que implica la conectividad satelital. Toma datos viejos (de un año atrás) que no consideran el casi millón de suscriptores de Starlink a los que se sumarán los de Amazon cuando este comience a operar y a ser comercializado por DirecTV. Los datos confirman que la conectividad satelital LEO no es cosa únicamente de zonas alejadas, sino que también está presente en áreas suburbanas (como lo demuestra la saturación en el AMBA). El argumento del impacto de la conectividad satelital en el mercado de acceso fijo, que parecía una exageración cuando se cerró la operación, hoy no lo es tanto.
Para cerrar, conviene recordar por qué se llegó a esta situación. En Argentina todavía rige una regulación ex post en el caso de concentraciones económicas. Esto significa que el análisis, las decisiones o las evaluaciones legales se realizan con posterioridad a que ocurra un evento (en este caso, la compra de Telefónica). En su momento, el espíritu era el de dinamizar las operaciones. Pero en este caso, terminó agregándole complejidad. Igualmente, y considerando eventuales futuras operaciones, hay que tener en cuenta que se volverá a la regulación ex ante en noviembre de este año.