Mucha gente se entusiasmó esta semana al conocerse la noticia que, durante la reunión de la CITEL (Comisión Interamericana de Telecomunicaciones), dependiente de la OEA (Organización de Estados Americanos), la mayoría de los Estados miembros se comprometió a “impulsar medidas que permitan una mayor transparencia, asequibilidad y eliminación de los cargos adicionales al usuario final de los servicios de itinerancia móvil internacional (roaming), dando particular atención a las realidades y necesidades en las zonas de frontera”, según el documento aprobado en Buenos Aires durante la Séptima Reunión Ordinaria de la Asamblea que tuvo lugar entre el 13-15 marzo últimos.
Sin ánimo de ser aguafiestas, conviene destacar que esta no es una decisión tomada sino una recomendación a los reguladores, quienes deberán ahora consensuar con los operadores móviles de cada país cómo llevar adelante esta iniciativa.
Existe el antecedente reciente de la eliminación, el año pasado, del roaming en Europa, el cual no es total sino sólo para líneas con abono. En el caso de las prepagas, esto queda a criterio de cada operador. Pero aún en este caso, pasaron varios años desde que se comenzó a analizar la medida hasta que finalmente fue una realidad. Esto se debe a que en el proceso de roaming intervienen tres actores: el operador de origen del usuario itinerante, el operador del país de destino que cursa las comunicaciones y el operador de larga distancia que conecta a ambos. No obstante, por la configuración del mercado americano, el proceso podría ser más simple en varios casos. Esto se debe a que existen dos gigantes regionales: América Móvil (Claro) y Telefónica (Movistar), quienes operan en la mayoría de los países y que son además operadores de larga distancia. No obstante, la situación no sería tan sencilla para otros operadores, como es el caso de Telecom (Personal), que sólo tiene participación en Argentina y Paraguay, con lo cual tiene más negociaciones por delante. No obstante, también queda un factor importante a resolver: el tratamiento fiscal para evitar doble imposición (en el país de origen de la línea y el país donde se realizan las comunicaciones).
Hasta el momento, el roaming es un servicio utilizado mayormente por los clientes de empresas, quienes pueden justificar más fácilmente los altos costos del servicio en comparación con sus costos locales. Pero con el creciente uso de los datos desde el celular, los viajeros particulares se acostumbraron a usar sus equipos en el exterior, conectándose vía WiFi desde hoteles, aeropuertos, bares y otros lugares públicos que ofrecen esta conectividad. Desde allí utilizan aplicaciones como Whatsapp, Skype, Facebook y otras, a las que más recientemente se le agregó la funcionalidad de VoWiFi (Voice over WiFi) que permite también hacer y recibir llamadas como si se estuviera en la red móvil del país de origen.
Hay quienes creen que, considerando los tiempos que demandarían la implementación de esta medida, la cosa podría estar resuelta con anticipación directamente por parte de los operadores. En Argentina, los operadores ofrecen ya planes que incluyen alguna forma de roaming en América. Claro es el más agresivo en este aspecto, con planes que agregan esta capacidad en todos sus abonos que cuentan con al menos 4GB por mes, arrancando en $ 530 mensuales (unos US$ 26). Personal tiene 10GB incluidos en países limítrofes y los EE.UU. pero únicamente en su plan de 10GB locales de $ 990 de costo (casi US$ 50). Movistar sólo ofrece paquetes de roaming adicionales, no incluyéndolos en ninguno de sus abonos.
Lo cierto es que la eliminación del roaming dispara su uso. En Europa, en menos de un año de vigencia, la cantidad de usuarios se duplicó. En el caso de Argentina, desde Claro informaron que este último verano fueron 600.000 clientes quienes hicieron uso de esta funcionalidad, mayormente en países limítrofes y en los EE.UU.
En definitiva, la medida es sin dudas bienvenida, pero al ritmo en que van las cosas y esperando una competencia más feroz en la medida en que avance la convergencia, es probable que para cuando se oficialice en todo el continente, los operadores privados se hayan adelantado. Ojalá así sea.
Esta semana, en el marco de la Asamblea de la 
Por lo que puede observarse de los últimos movimientos en el mercado, Argentina podría estar en los albores de una auténtica explosión de la fibra óptica que tanta falta le hace.
Con la repercusión mediática que tuvo el MWC 2018, donde 5G fue uno de los temas dominantes, en los últimos días en Argentina esta pregunta se realizó insistentemente. Se pueden aventurar fechas: 2020 dicen algunos, 2022 otros, no sabe/no contesta la mayoría. Es que la llegada de 5G implica no sólo un formidable esfuerzo en materia de infraestructura, sino que también significará un cambio profundo de modelos de uso, tanto para la oferta como para la demanda de estos servicios.
En materia de convergencia, mucho es lo que se habla de la regulación de la infraestructura: fibra, cable, satélite, compartición, etc. Pero con el ingreso de nuevos proveedores provenientes del mundo de las telecomunicaciones surge también otro tema, el de los contenidos, que tienen también una importancia clave a la hora de expandir la oferta del servicio y fomentar la competencia.
Durante la semana que termina tuvo lugar una nueva edición del Mobile World Congress 2018 (MWC), la feria anual más relevante de la industria de las telecomunicaciones que en esta edición dio una clara muestra de que se trata de un sector que está expandiendo aceleradamente su alcance mucho más allá de los ya clásicos teléfonos celulares o smartphones (los cuales, por otra parte, evidencian un claro y natural estancamiento que se refleja en sus ventas).
La concentración de la industria en los días que dura el MWC también produjo novedades con relación a Argentina. La presencia de la plana mayor del gobierno en la materia, el Ministro de Modernización, el titular del ENACOM y el Secretario de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, dio lugar a declaraciones. Quizás la más relevante fue la del Ministro, quien prácticamente descartó la utilización del DNU para, entre otras cosas, habilitar a las telcos a dar servicios de TV satelital, inclinándose por la promulgación de una ley “corta” (tal cual la definió).
