Los impuestos pueden ser vistos como una herramienta de política fiscal, pero también de política económica. Idealmente, todo nuevo impuesto o variación en el mismo debería impactar positivamente en ambos campos, aunque muchas veces es una frazada corta (lo positivo de un lado es negativo del otro) y otras, un simple taparrabos (no cubre ni la cabeza ni los pies). Este último podría ser el efecto a obtener de aprobarse un proyecto presentado por el Ministerio de Producción que amplía el listado de productos gravados con impuestos internos al tiempo que también eleva el porcentaje de IVA a varios productos electrónicos, tales como celulares, notebooks, pantallas de LCD, monitores o cámaras digitales.
La medida fue presentada originalmente como tendiente a reforzar la competitividad de Tierra del Fuego, provincia que desde hace años pretende emular a la ciudad brasilera Manaos, aunque ciertamente con menos éxito. La misma contempla el retoque en dos impuestos: los internos y el IVA. En el caso de los primeros, se aplicará para estos productos una tasa del 17% cuando sean importados, frente a un 6,5% cuando sean producidos en Tierra del Fuego. Por el lado del IVA, se subirá la alícuota al 21% desde los 10,5% actuales.
En el caso del IVA, no es malo en sí mismo que se tienda a aplicar una tasa uniforme. El problema es la magnitud de esta tasa, que si bien puede ser deducida en el caso de las empresas (con lo que su impacto es financiero pero no económico) es absorbida en su totalidad por los consumidores. Visto así, servirá para ayudar al freno en el consumo.
Por el lado de los internos, se trata de un impuesto directo que se aplica sobre determinados bienes y son pagados por los fabricantes o importadores, que lo trasladan al precio final del producto. De allí que sean considerados “distorsivos” por los tributaristas, más allá de tener fines políticos y/o fiscales. En este caso en particular, es claro que tiene un fin político (favorecer la producción en determinada provincia), pero el económico es menos evidente, ya que habrá que evaluar cuántos de estos bienes dejan de venderse por aumento de su precio y, consecuentemente, cuál es el resultado fiscal de este cambio.
El proyecto de ley genera dudas por diversos motivos. Siendo que productos como los celulares son consumidos prácticamente por casi todos los argentinos a partir de determinada edad e independientemente del nivel socio económico, cuesta creer que sea más justo que todos paguen más por ellos para favorecer a la industria electrónica en Tierra del Fuego, cuyos dirigentes estiman permitirá la creación de 1.500 puestos de trabajo. Que millones de argentinos vean un encarecimiento superior al 25% en determinados productos para generar 1.500 puestos, no parece una relación muy justa.
Por otra parte, si bien el objetivo de competir con Manaos es loable, esta parece una carrera perdida. Es conveniente destacar que la fabricación de electrónicos está supeditada a determinadas economías de escala, razón por la cual este tipo de fábricas no se instalan en cada mercado como si fueran Mac Donalds, sino que mínimamente abastecen mercados regionales.
Paralelamente, surge la duda sobre qué pasará con empresas que ya están fabricando, pero no en Tierra del Fuego. Tal el caso de PC Arts (Banghó), CICSA (Olivetti) y otras, que lo hacen en Buenos Aires. ¿Pagarán ellas también el impuesto interno para favorecer a la fabricación en Tierra del Fuego?
Por todo esto, la medida, que a priori puede presentarse como “industrialista”, choca contra la recuperación del consumo, las industrias ya establecidas fuera de la isla y las políticas de inclusión digital. Y podría discutirse si es más importante la producción local de estos bienes o el dinamismo y valor agregado que generan, independientemente de su origen, aunque eso ya es entrar en el terreno ideológico, que puede llevar a discusiones interminables. En resumidas cuentas, quizás la única favorecida sea la caja del Estado a través de la recaudación fiscal. En fin…
