El tema del impuestazo tecnológico sigue dando que hablar, con muchísimas voces en su contra y, la verdad, muy pocas a su favor, salvo aquellas del gobierno, de sus aliados y de los principales beneficiados, la provincia de Tierra del Fuego y la asociación de productores en aquél distrito, AFARTE.
Para seguir echando leña al fuego, y dándole la razón a los que cuestionan si el término “fabricación” se aplica en el caso de la protegida industria en Tierra del Fuego, la Secretaría de Industria publicó esta semana dos resoluciones, la 244 (cámaras digitales) y la 245 (celulares).
Las mismas enumeran los insumos que deberán ser argentinos para que los productos sean considerados como tales, poniendo en evidencia la artificialidad de la medida. Para los celulares son el manual del usuario, los folletos del producto, la tarjeta de la garantía, las bolsas plásticas, las cajas y los materiales de embalaje, y las etiquetas. Para las cámaras digitales es básicamente lo mismo más algunos opcionales en función del modelo como bolsos de transporte, adaptadores, CD con software y otros componentes.
Realmente da entre risa y llanto que se considere que la fabricación local de estos componentes alcancen para poder ponerle el rótulo de “industria argentina” al producto final. Que los equipos no fabricados en la isla se encarezcan en más de un 30% por esto es una burla a quienes seriamente defienden la industria nacional y avalan el pensamiento de los que creen que toda esta movida no es más que una forma de acceder a mayores recursos fiscales más que a propiciar un desarrollo industrial que, así, no será tal. Un bochorno.