Dependerá del cristal con que se mire. Para algunos, es estirar una agonía que lleva a un muerte lenta, pero segura. Para otros, mientras hay vida hay esperanza. Se trata no de una enfermedad (o quizás sí) sino del tristemente famoso “impuestazo tecnológico”, cuyo tratamiento no pudo lograrse para esta semana en el Senado. Ahora, la nueva fecha sería el 2 de septiembre. Mientras tanto, y como venimos haciendo desde hace ya varias ediciones, este tema sigue dando tela para cortar.
A simple vista, algo que es llamativo de este proyecto de ley es la asimetría numérica entre quienes están a favor y en contra del mismo. A favor sólo se escucha la voz de los políticos más involucrados, especialmente los de Tierra del Fuego (algo obvio) así como del presidente de AFARTE (Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica). Después, poco y nada. En contra, en cambio, están no sólo las cámaras que agrupan a empresas afectadas, tanto nacionales como extranjeras, tales como CICOMRA y CAMOCA, sino también ONG que bregan por el desarrollo digital en el país. Además, se sumaron espontáneamente miles y miles de usuarios ya sea en blogs, grupos de Facebook, comentarios de lectores en las versiones online de los diarios y hasta cadenas de SMS. La misma instalación del nombre “impuestazo tecnológico” en los medios evidencia la percepción negativa de la medida en cuestión.
Otro aspecto a considerar es la variedad de falacias esgrimidas para defender el impresentable proyecto. Entre éstas, quizás la más descarada de esta semana sea la utilizada por el presidente de AFARTE, quien muy suelto de cuerpo en una entrevista concedida a Canal.AR afirmó que la norma “no afecta a los consumidores”. Como suponemos que debe saber matemática, y que un producto que sube un 30% su precio por efecto de nuevos impuestos sí afecta al consumidor, la explicación debe ser otra. Debe suponer que, de un día para el otro, Tierra del Fuego estará en condiciones de fabricar los 10 millones de celulares que se vendieron el año pasado (con toda su amplitud y variedad de modelos), más los casi 2 millones de monitores, más todos los demás electrónicos alcanzados por el proyecto de ley. Hasta tanto esto no ocurra, el mercado deberá abastecerse de productos importados (más caros por efecto de esta ley), o de productos nacionales, que también serán más caros, pero en este caso por efecto de oferta y demanda. Y si no lo son, será porque la demanda no acompaña la suba de precios.
Hay un impacto adicional que la medida podría tener que sin embargo no tuvo mayor difusión. Con el aumento que se registrará, al menos inicialmente, en los monitores de LCD (que hoy acompañan a la mayoría de las PC de escritorio nuevas), se estaría asestando un duro golpe a los cientos de ensambladores de desktop que hay en el país y que el año pasado ensamblaron (o fabricaron) más de 1,5 millón de unidades. El aumento de precio en el monitor impactaría en aproximadamente un 10% del precio total de la PC, prácticamente equiparando al costo de ésta con el de una notebook. Así, el negocio de ensamblar PC de escritorio se vería seriamente afectado por una migración aún mayor a la actual de los usuarios hacia las notebooks, alcanzando a cientos de pequeñas empresas y comercios que viven de las desktops. No es que esto no fuera a ocurrir de todos modos por el avance natural de las notebooks, sino simplemente que se aceleraría y ya no por la fuerza del mercado sino por la voracidad fiscal.
Para terminar, al menos por esta semana, un dato curioso respecto de AFARTE. Se trata de una asociación de fabricantes de productos tecnológicos que no tiene siquiera un sitio en la Web. O al menos, no pudimos encontrarlo a través del todopoderoso Google. Y pensar que esta asociación es quien pretende concentrar la producción de tecnología en el país…
