Al parecer desde el gobierno no están tan convencidos de que los usuarios puedan repetir esta célebre (aunque retocada) frase. Al menos así parece luego de que el gobierno nacional presentara esta semana un recurso para que la Corte Suprema revise la sentencia por la que el Estado fue obligado a regular la portabilidad numérica. La puesta en marcha de este mecanismo (previsto en la desregulación del año 2000) permitiría a los usuarios de celulares mantener su número en caso de cambiar de operador.
Se trata de una medida incomprensible, ya que el Estado no se vería perjudicado y favorecería a los clientes/ciudadanos, no sólo por el beneficio evidente de ser dueños del número sin importar el operador, lo que derribaría la mayor barrera de salida cuando éstos no están conformes con el servicio recibido. Esto es particularmente importante para quienes el celular es una herramienta de trabajo, sin importar si se trata de un alto directivo de una gran empresa, un profesional, un cuentapropista o alguien que hace changas. Ya en el ámbito personal, conservar el número del celular no sólo es importante en momentos en que más y más las comunicaciones se canalizan por esta red, sino que también es la forma de contactar a millones de argentinos para quienes el celular es su única línea telefónica.
Para los operadores también es una medida positiva, en la medida en que la calidad de su servicio sea buena, ya que de esta forma podrían atraer clientes insatisfechos con otros operadores que hoy no cambian porque no pueden resignar su número.
Además, los clientes también se verían beneficiados porque al eliminar esta barrera de salida, los operadores estarían motivados a utilizar otros factores de retención, como descuentos, planes especiales o subsidios mayores a los terminales que les entregan.
Es una lástima que el gobierno no hiciera público los fundamentos para pedir la revisión de la sentencia. Quizás hay algún factor muy negativo que se nos esté escapando y sería bueno conocerlo.
