Finalmente, y tal como se preveía, esta semana el Senado aprobó la ley conocida como “impuestazo tecnológico”, la cual deberá volver a Diputados por algunas modificaciones luego de un confuso episodio en el rubro acondicionadores de aire. Nadie duda a esta altura de que la misma será también aprobada en la Cámara Baja, respirándose un aire que va de la resignación hacia la indiferencia. ¿Por qué indiferencia?
Por un lado, desde que notebooks y netbooks quedaron fuera del proyecto tal cual estaba planteado originalmente, los fabricantes locales, que fueron los más activos en contra de la norma, bajaron notablemente los decibeles. Como muchas de estas empresas también fabrican PC de escritorio, también se verán afectadas por el impacto del nuevo esquema impositivo para los monitores. Considerando que el monitor representa aproximadamente un tercio del precio de una “desktop”, se puede estimar que la suba de precios de éstas será del orden del 10%. Esto no hará más que acortar más aún la brecha entre portátiles y de escritorio, lo cual de alguna forma los beneficia porque acelerará el proceso de sustitución de las segundas por las primeras. Así, estas empresas locales no se verán impactadas en forma considerable.
Quienes sí se verán afectados negativamente por el impuesto sobre los monitores son todos aquellos ensambladores locales que arman PC pero no notebooks o netbooks. En definitiva, afectará a cientos de pequeñas PyMEs y comercios informáticos, que no tienen fuerza para hacerse oír. Darwinismo puro.
En el caso de los celulares, fue notorio el silencio de las principales marcas con operaciones en el país. Quizás porque apuestan a que el aumento de precios será absorbido por los operadores. Está claro que el costo alguien lo tiene que pagar, y todo apunta a que será el consumidor final, ya sea porque su próximo celular será más caro o porque deberá comprometerse por más tiempo con su abono o, quizás, por el aumento de los nuevos planes (combinando minutos, SMS o datos). Por supuesto, también puede darse una combinación de estos factores.
No hay que creer cuando los políticos afirman que la ley no acarreará aumentos de precios. El año pasado, de los 10 millones de celulares que ingresaron al país, sólo unos 200 mil provinieron de Tierra del Fuego. O sea, que si hubiera que reemplazar todas las importaciones por fabricación local, en la isla la producción debería crecer en un 5.000%. Si no es así, el mercado deberá completar su abastecimiento importando equipos, los cuales serán alcanzados por los nuevos impuestos. Ergo serán más caros.
Solitos, predicando en el desierto, quedaron los importadores de cámaras digitales y las empresas que giran alrededor de este negocio. Su mensaje no llegó en forma contundente a los medios y, menos aún a la población. Aunque es razonable pensar que, como consecuencia de la ley, habrá un importante aumento del contrabando, que no pagará ninguno de los impuestos, ni los viejos ni los nuevos.
Así, todo apunta a que desde el Congreso dicen “marche una ley para Tierra del Fuego”, quedando políticamente a mano por los servicios prestados en el tratamiento de la ley de medios. Y habrá que estar preparado para la mayor frecuencia de notas periodísticas de tono indignado del estilo “en Argentina un celular es un XX% más caro que en el resto de Latinoamérica”…
