Finalmente, y tal como se había adelantado, esta semana el gobierno anunció su plan de conectividad nacional bajo el nombre “Argentina Conectada”. Se trata de un proyecto ambicioso, tanto por su pretendido alcance como por su costo, según se desprende de lo publicado en los medios ya que no hubo mayores precisiones oficiales más allá del anuncio original.
El plan en realidad tiene 3 patas: la ampliación de la infraestructura de antenas para la TDT, la creación de un backbone de datos complementario a los existentes y la creación de puntos de acceso gratuito, tanto a Internet como a los contenidos de la TDT. Su costo estimado es de $ 8 mil millones (unos US$ 2 mil millones)
Sin dudas que el proyectado backbone es la pieza central del plan, ya que marca un giro total en la política de las telecomunicaciones desde la privatización de ENTel. Será la primera vez desde entonces que el Estado sea quien invierta directamente en infraestructura de telecomunicaciones y no empresas privadas, sean las privatizadas, cooperativas o quienes ingresaron a fines de los 90 y principios del 2000. Lo hará a través de la empresa estatal Arsat, la cual se convertiría así en un mayorista del mercado de telecomunicaciones, apuntando no sólo a llevar mejor conectividad allí donde falta (“donde el mercado no llega” según el ministro de Infraestructura) sino también a actuar como referente de precio, por lo que terminaría siendo competencia de los operadores instalados, principalmente Telecom y Telefónica (aunque también hay otros con sus propios tendidos).
Esta suerte de columna vertebral de las redes que conectan a Internet en el país tendría una extensión de 35.000 km de los cuales sólo 10.000 serían tendidos desde cero, mientras que el resto se montaría sobre infraestructura ya existente, como redes de alta tensión o gasoductos, así como en obras de expansión viales y ferroviarias, las cuales contemplarán incorporar fibra óptica a su traza. Por otra parte, allí donde no llegue la fibra óptica se utilizará la capacidad satelital de Arsat. Si bien no se precisó al momento del anuncio, es probable que este backbone sirva también para interconectar las antenas de TV digital para expandir el servicio más allá del AMBA actualmente cubierta.
Hay motivos para pensar que este anuncio es consecuencia no planeada del affaire Fibertel, cuando las autoridades en la materia se dieron cuenta de las diferencias que se registran en el servicio de acceso a Internet (tanto en calidad como precio) entre las grandes ciudades y las localidades más chicas y alejadas de las redes privadas. Quizás esta haya sido también una de las razones por la cual la CNC emitió la resolución 4029/2010 [para más detalles, ver “Para ver dónde estamos parados”]
Este proyecto surge en momentos en que internacionalmente se gesta una tendencia en el rubro de las telecomunicaciones hacia una mayor participación estatal, especialmente a nivel de infraestructura mayorista, que requiere de importantes inversiones cuyo retorno no es evidente (al menos no en los plazos habituales) y para los cuales la financiación privada no está presente. Es por esto que, aunque sin manifestaciones públicas, se trata de un anuncio que es bienvenido por la industria local.
Conceptualmente, es difícil estar en desacuerdo con lo propuesto. Se trata de desarrollar una infraestructura que debería llevar el acceso en mejores condiciones a gran parte del país y que será clave para el desarrollo económico y social de los próximos años. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, y si algo le faltó a un anuncio de tamaña envergadura fueron precisiones.
Por lo poco que se sabe, la infraestructura será propiedad de Arsat, aunque como se mencionó el aporte de PyMEs y cooperativas de telecomunicaciones no se sabe si estas tendrán también participación societaria (en una suerte de sociedad mixta público-privada). Se podrá argumentar que hay disponibles otros modelos para lograr este objetivo, tales como el Estado financiando una infraestructura a ser desarrollada por privados (por qué no un consorcio de operadores) bajo el modelo de concesión. Desde la oposición política muchas de las críticas vinieron del lado de la decisión de usar fondos para este proyecto en vez de alocarlos a otros destinos (por ejemplo, previsionales), pero nada se mencionó sobre el modelo en sí o la forma de financiarlo. Una prueba más de que la política no piensa en las comunicaciones desde una perspectiva estratégica.
Otro punto no del todo claro es la financiación de semejante proyecto. Dentro de las fuentes se mencionó al Servicio Universal (aproximadamente $ 400 M anuales) y la subasta del espectro radioeléctrico disponible para telefonía celular (donde estiman que llegaría a $ 1.000 M). Entre ambos, en el plazo de 5 años del proyecto, podrían recaudarse $ 3.000 M, por lo que faltaría asegurar el financiamiento de los $ 5.000 M restantes (equivalentes a poco menos de los 2/3 del total). Para ello, este proyecto deberá sortear exitosamente el debate por el presupuesto 2011.
Por supuesto, el anuncio también generó escepticismo. La historia reciente encuentra muchos anuncios rimbombantes que no pudieron cumplirse tal como fueron presentados originalmente. Fue el caso del boleto electrónico, el celular argentino, las inversiones chinas, o los 600 mil decodificadores de TDT a repartir antes del inicio del último mundial (hasta hoy fueron 160 mil), sólo por mencionar unos pocos. Hay que admitir que quienes dudan tienen en qué basarse. El tiempo dirá si se equivocaron o no.
En resumen, una medida a priori positiva pero que merece conocer más detalles para poder debatirla con seriedad y evitar que se transforme en otro de los anuncios para “las letras de molde” o, peor aún, en un nuevo Yacyretá. Es una buena oportunidad para pensar a las telecomunicaciones como política estratégica de una vez por todas.