No caben dudas de que el gobierno nacional ejerce una fuerte influencia en la dirección de diversos sectores económicos, lo que no es malo en sí mismo salvo para los liberales más extremos o los anarquistas puros. El problema del dirigismo económico es que su éxito depende de un análisis adecuado y sistémico del sector a intervenir. Esto viene a cuento de diversos temas vinculados a la tecnología que reflejan una inadecuada participación del Estado en su objetivo de lograr un mayor desarrollo económico y social.
No llama la atención por lo recurrente, pero no deja de ser inexplicable el afán de regular los precios de productos y servicios que no son esenciales para la población. Esta semana, Cablevisión volvió a estar en las noticias por la decisión del Secretario de Comercio, vía resolución, de anular un reciente aumento de sus abonos, retrotrayéndolos a los valores previos. Más allá de tratarse de un servicio que no es público (por lo que no corresponde que el Estado intervenga en la fijación de su precio), la situación pone nuevamente en evidencia el error estratégico de no haber mantenido la habilitación a las empresas de telecomunicaciones a dar servicios de TV, tal cual estaba previsto en el primer proyecto de Ley de Medios. De no haberse negociado ese punto, hoy habría más competencia en el negocio de la TV paga, lo que sería un freno más efectivo al aumento de precios. El camino seguido en cambio fue el de restricción de la competencia y un pretendido control de precios que tiene amplias probabilidades de no cumplirse, con el consiguiente revés para las autoridades.
Otro tema con un tratamiento discutible (y no totalmente ajeno al punto anterior) es el de la TDT. El Estado está invirtiendo grandes sumas de dinero para desplegar una red que cubra todo el país para dar servicios de TV digital gratuita, si bien lleva cierto retraso frente a los objetivos planteados originalmente. Pero no alcanza sólo con tener la red, tal como puede observarse en la actualidad. De nada sirve plantar antenas si los ciudadanos no cuentan con la tecnología necesaria para poder recibir lo que éstas emiten. Para esto se estableció un plan para distribuir decodificadores entre sectores no favorecidos, donde también se registró una brecha importante entre lo anunciado y lo cumplido. Pero se dejó de lado un resorte del Estado como es el de exigir la incorporación del decodificador para TDT en todo televisor comercializado en el país. Algo que no sería tan difícil, habida cuenta de que la gran mayoría son fabricados bajo el régimen de promoción de Tierra del Fuego. Sin embargo, a un año del lanzamiento de la TDT, los televisores locales adaptados a esta norma brillan por su ausencia. Así, lo que tenemos hoy equivale a contar con una red celular aunque casi sin teléfonos que la puedan utilizar.
En definitiva, más allá de uno estar o no de acuerdo con éstos, es evidente que el gobierno podría lograr objetivos de manera más eficaz y eficiente. Esperemos que sea tomado como una crítica constructiva.