Bajo el argumento de fomentar el desarrollo de la industria local y, simultáneamente, contener el avance de las importaciones en la balanza comercial, se han puesto en práctica medidas paraarancelarias que apuntan a desincentivar el ingreso de bienes producidos más allá de nuestras fronteras. Dentro de esta estrategia, a las licencias no automáticas (que frenan en la Aduana a productos provenientes del exterior sin fecha cierta de ingreso) se le suma otra medida, bastante heterodoxa: exigirle a las empresas que importan que también exporten por un valor similar. La medida, que empezó con determinados sectores de la economía como autos, maquinaria agrícola o motos se fue extendiendo. Y esta semana alcanzó también a los electrónicos, tal como publicó el diario El Cronista.
El de los electrónicos es un caso particular, ya que muchos de éstos (celulares, televisores, cámaras fotográficas y otros) gozan de una fuerte protección que emana de la aplicación de lo que en su momento se conoció como impuestazo tecnológico a lo que se suman los incentivos para la producción en Tierra del Fuego. Pero como si esto fuera poco, también se le aplicaban las licencias no automáticas y ahora la pretensión de reciprocidad entre el ingreso y egreso de divisas.
Lo curioso es que la producción “nacional” de Tierra del Fuego tiene un altísimo componente de piezas y partes que son importadas (prácticamente el producto completo, salvo packaging, manuales, cables y otros elementos de menor valor). Visto así, por lógica correspondería que los fabricantes de la isla debieran exportar para compensar la salida de divisas resultante de la importación de los “componentes” ingresados al país. Por supuesto, esto no será sencillo porque la industria electrónica fueguina funciona como consecuencia de la protección que recibe. Pero esta misma es la que la hace poco competitiva en mercados externos. Por lo tanto, pensar en productos fueguinos ingresando a otras geografías que no sean Argentina tiene mucho de utópico por ahora.
Siguiendo con la tónica de la política oficial sería bueno que se previera, en un plazo prudencial, la exigencia de exportaciones por parte de la producción fueguina. Esto justificaría la alta protección y los mayores precios pagados internamente. Sería algo así como utilizar un andador para que un bebé empiece a caminar. Claro que si el bebé tiene 20 años y sigue con andador, como padres algo hicimos mal…
Por lo pronto, lo que tenemos es una enorme transferencia de recursos de la población argentina que paga más caro los productos que consume para mantener a un puñado de empresas (sólo aquellas autorizadas a producir en la isla, que no son las multinacionales que estampan su marca en el producto terminado sino quienes realizan la producción bajo el modelo de tercerización). Pero si no se crean las condiciones para que la industria fueguina crezca y se fortalezca como para poder abordar otros mercados que no sea el local, más que desarrollar una industria lo que se está creando es un negocio para algunos pocos, que durará lo que dure la protección.