Desde la perspectiva de la relación del gobierno con los operadores, el que termina es un año que tuvo como característica una mayor presencia y preocupación por lo que ocurre en el sector, en franco contraste con la inacción a la que por años nos tuvo acostumbrados la gestión anterior. Esto por sí sólo alcanza para considerarlo como positivo a la hora del balance. No obstante, podría decirse que la mayoría de las decisiones tomadas estuvieron enfocadas en medidas de efectos inmediatos y poco, muy poco quizás, mirando el desarrollo de la infraestructura a mediano plazo (el largo plazo en Argentina es casi una entelequia, tanto en éste como en muchos otros ámbitos, seamos sinceros).
La actividad que más atención acaparó de las autoridades fue por lejos la telefonía móvil, marcada crecientemente por los problemas de saturación de la capacidad de sus redes. Desde el Estado se puso el foco en la necesidad de que las empresas prestadoras incrementaran sus inversiones al tiempo que se comenzó a trabajar en el reglamento de usuario. Pero solucionar los problemas de infraestructura requiere de medidas adicionales no menos relevantes, como la asignación de nuevo espectro o encontrar una solución definitiva a las trabas a la instalación de antenas. Lamentablemente, el año cierra sin siquiera una convocatoria a licitación del espectro para servicios LTE y sin que Arsat/Libre.ar haya avanzado en el uso de las frecuencias asignadas. Decisiones que es un lujo permitirse en momentos de tanta escasez de espectro que nos ubican en el fondo de la tabla regional en cuanto a disponibilidad.
Por el lado de las antenas, si bien hubo algunos avances en determinados municipios para aceitar el proceso de instalación y habilitación de las mismas, después encontró las trabas que fueron comunes a todos aquellos que debieron comprar bienes de uso en el exterior. Así, el tema antenas todavía sigue en el debe. Y tiene tanta incidencia en las carencias del servicio como la falta de espectro.
En cuanto a medidas de efecto más inmediato, hubo interesantes avances. El mencionado reglamento de usuarios era una necesidad habida cuenta de que el servicio ya tiene 25 años en el país y que es, sin ningún lugar a dudas, el más masivo. Habrá que verlo en funcionamiento, pero es una buena iniciativa. También fue positivo que se buscara simplificar el proceso de portabilidad numérica aunque este llegue en momentos en que el número del celular es menos relevante en tiempos de redes sociales, mensajería instantánea y mail, todos servicios independientes del número telefónico. Ya más recientemente, la exigencia del cambio en la forma de facturación de minutos a segundos también es positiva, aunque menos de lo que muchos piensan. El ahorro promedio estará en valores de un dígito respecto del gasto actual. No obstante es un buen gesto hacia el consumidor que sin dudas sentirá que la nueva modalidad de facturación es más justa.
En síntesis, el 2013 resultó positivo en la medida en que se observó un giro de 180º en la actitud del Estado como regulador, dejando su papel de mero espectador para tomar la iniciativa en diversos temas. En el debe del balance queda la poca atención prestada a los problemas técnicos, pero más que esto, a las necesidades de mediano plazo sobre las que se debe comenzar a actuar ya mismo puesto que los resultados tardarán en verse. Sin dudas, la asignatura pendiente que debería ganar relevancia en la agenda de 2014. Esperemos que así sea.
