La popularización de los smartphones, con todos sus beneficios, también tiene su cara negativa. Se trata del aumento de hechos delictivos (robos y hurtos) que tienen por objeto a los mismos. Es natural. Es un bien que, dependiendo del país en el que se vende, puede tener un costo que va de los US$ 100 a US$ 1.000. Se trata de un fenómeno que no se da solamente en Argentina sino también en países donde la seguridad pública es mejor, como puede ser el caso de los EE.UU.
Justamente, esta semana en el estado de California se aprobó la ley conocida como el “Kill Switch”. La norma exige a los fabricantes incorporar capacidades para que el usuario pueda, remotamente, borrar, bloquear o inhabilitar completamente el dispositivo. La idea es que sirva como disuasorio ante un tipo de delitos que creció notablemente, preocupando a las autoridades. Aunque no se trata del primer estado de los EE.UU. en instrumentar una medida de estas características (ya lo había hecho Minnesota en el mes de mayo) sí es el primero que exige a los fabricantes que esta característica esté activada por defecto. Esto es relevante, ya que si bien la mayoría de las plataformas actuales (Android, iOS, Windows y BB10) incorporan funcionalidades del estilo, las mismas deben ser activadas manualmente por el usuario. Cosa que en la mayoría de los casos no sucede.
Por supuesto, como suele ocurrir, estas medidas no son infalibles (nada en término de seguridad lo es) pero sí pueden ayudar a combatir un delito cada vez más habitual.
El hecho de que esta ley se dé en California la hace más relevante por dos motivos. Por un lado, ese estado concentra al 12% de la población de EE.UU. Además, se trata del lugar donde tienen sus sedes tanto Google como Apple, actualmente los dos actores más relevantes del mercado móvil a nivel mundial. De esta forma, lo que allí suceda tiene amplias chances de “desbordar” al resto del planeta.
Desde una perspectiva argentina, esta nueva ley puede ser un punto de partida para mejorar la situación local. Tres años atrás, en Argentina se robaban a los usuarios aproximadamente unos 2 millones de celulares anualmente. Al no haber surgido desde entonces ninguna medida para evitarlo o disminuirlo y considerando el mayor valor promedio de un celular actual como consecuencia de la popularización de los smartphones, nada hace pensar que esa cifra haya bajado. Quizás más bien lo contrario. Pero a esto se suma también una modalidad delictiva creciente, que es el robo a los agentes de telefonía móvil, quienes con comercios a la calle disponen de equipos nuevos con un valor de reventa aún mayor.
Teniendo en cuenta el estado de las cosas, será interesante observar los resultados de esta ley para ver si se vuelve efectiva en disminuir el robo de terminales. Quizás podría ser un punto de partida para encontrar una solución local a este problema universal.
