La licitación por el espectro de 4G y el remanente de 3G sigue avanzando de acuerdo con los plazos establecidos por el pliego. Esta semana se confirmó que los oferentes que se presentaron están preclasificados, esto es que a criterio de la Secretaría de Comunicaciones, cumplen con los requisitos para poder participar de la subasta. No obstante, no implica necesariamente que sus propuestas sean aceptadas.
En los últimos días, diversos medios publicaron que hay un potencial foco de conflicto en relación al monto a pagar por el espectro a subastar. Si bien el pliego es claro en cuanto a la moneda utilizada para valuar, al tratarse de dólares estadounidenses en una economía que tiene la particularidad de tener múltiples valores para este bien en particular, las dudas surgieron. De hecho, alcanza con revisar la circular aclaratoria publicada por la Secom para darse cuenta de dos cosas: Una, que la moneda a utilizar para el pago y la forma de hacerlo fue motivo de consulta de todos los participantes; dos, que las autoridades, luego de remitir reiteradamente al pliego, finalmente aclararon que serían dólares-dólares, ya sea por aportes del exterior como por la presentación de bonos en dólares con vencimiento hasta el año 2015, lo que le da un valor muy cercano al del billete. A pesar de esto, los departamentos legales de los operadores entienden que la moneda de curso legal es el peso, por lo que para pagar en dólares el Banco Central (BCRA) debería venderles las divisas al precio oficial, que en teoría es el único que existe.
En momentos en que el dólar oficial cuesta $ 8,46, y el contado con liquidación (única forma legal para una empresa de hacerse de dólares por fuera del BCRA) $ 13,47, la diferencia del 63% en el valor de la moneda estadounidense no es menor, más aún si de lo que se habla es de entre US$ 400 y 500 millones por operador pretendiente de espectro. Este sobreprecio que los operadores deberán pagar podría ser considerado como una retención a las inversiones. Los US$ 500 millones al cambio oficial equivalen a $ 4.230 millones, mientras que en el contado con liquidación la cifra asciende a $ 6.735 millones. El impuesto a la inversión sería entonces de $ 2.505 millones.
Lógicamente, los operadores quieren pagar (total o parcialmente) con los pesos que tienen acumulados en el país, muchos de los cuales no pudieron girar en su momento a sus casas matrices (recordemos que salvo Arlink, el resto de los participantes son controlados por accionistas del exterior). Pesos que podrían servir para comprar dólares en el mercado local. Por su parte, conseguir aportes del exterior no es tan sencillo últimamente. Tanto como si fuera a través de un crédito del exterior como si fueran inversiones de los accionistas. Obtener un crédito del exterior en momentos en que Argentina fue declarada en desacato hace que las tasas de interés sean impagables (no olvidar que el interés es proporcional al riesgo). Y conseguir aportes de los accionistas por la misma situación y cuando hace tiempo que sus controladas no les remiten ganancias por su operación local, hace que esta alternativa no sea tan automática.
Es evidente que el Estado no quiere vender dólares a los operadores. El objetivo es hacerse de reservas. Esto quedó muy claro a través de las declaraciones del flamante presidente del Banco Central al afirmar que contaba a los ingresos por la venta de espectro como una de las vías para recomponer reservas.
Hechos estos cálculos, no quedan dudas de por qué los operadores preguntaron sobre este tema y no debería llamar la atención que este sea un punto de conflicto en función de las diversas interpretaciones.
