Con la media sanción que obtuvo el proyecto de ley Argentina Digital, la semana que viene será clave para saber si se convierte en ley antes de fin año. Mucho se habló de aspectos que hacen a los derechos individuales así como a la discrecionalidad en manos de la autoridad de aplicación. Pero poco es lo que se ha debatido sobre las implicancias para el desarrollo de la infraestructura, más allá del ingreso de las empresas de telecomunicaciones (de todo tamaño) al negocio audiovisual.
Simplificando, se puede decir que en materia de telecomunicaciones hay dos líneas de pensamiento. Están aquellos que sostienen que los grandes operadores deben abrir sus redes a operadores más chicos y/o entrantes al negocio. Y están los que opinan que para dar servicio cada operador debe ser el dueño de su red, propiciando la competencia de infraestructuras.
En el primer caso, si bien puede haber beneficios de corto plazo, no son tan evidentes en el largo. Un operador con red (telco o cablera) no se ve muy incentivado a invertir en mejorar la capacidad de la misma si debe ponerla a disposición de su competencia. Es cierto que se puede argumentar que el primero puede obtener una retribución (que incluya costos operativos, amortización de la inversión y una tasa de ganancia) que haga que le sea indiferente finalmente si esa red es para uso propio o de terceros. Pero si esta retribución contempla todos los costos asociados (y la ganancia es considerada en economía como un costo ya que es la retribución al empresario), para el operador que se quiere montar sobre infraestructura ajena el costo pasa a ser similar al de desplegar su propia red, aunque sin poder direccionar la inversión. Ahora, si la retribución para el dueño de la red no compensa los costos, el resultado serán redes estancadas tecnológicamente.
Quienes piensan que el modelo debe basarse en la competencia de infraestructuras sostienen que esta es la forma en que los operadores se vean motivados a invertir en éstas como una forma de diferenciarse competitivamente y poder lanzar nuevos productos. En Argentina esto se da en los grandes centros urbanos y otros no tan grandes, donde mínimamente compiten las infraestructuras de las telefónicas (en algunos casos incluyendo a PyME y cooperativas) con aquellas de los proveedores de TV por cable, pudiendo sumarse alternativas inalámbricas (como es el caso de DirecTV en Mendoza, compitiendo con Telefónica y Supercanal). Tampoco hay que descartar el impacto que tendrá una infraestructura alternativa como lo serán las redes 4G cuando estén plenamente operativas. En las localidades más chicas, los gobiernos a nivel provincial y municipal pueden incentivar el despliegue de nuevas redes a través de exenciones impositivas y otros beneficios, lo que les otorga herramientas para desarrollar sus propias políticas en la materia. Está claro que la competencia de infraestructuras puede no ser tan efectiva en el corto plazo (mientras éstas se van desarrollando), pero sí puede serlo en el largo si es acompañado por políticas adecuadas. Por supuesto, este modelo requiere de un acompañamiento regulatorio que genere un marco de competencia en un escenario de concentración oligopólica. Una tarea que no por compleja deba desestimarse.
En el caso de Argentina Digital, se propicia el primer modelo. Sería bueno que los diputados que deben tratar este proyecto consideren si les interesa el corto o el largo plazo.
