Como ya quedó demostrado en su intento anterior, no alcanza con contar con espectro para convertirse en operador. En esta ocasión, hay más elementos legales para pensar en un operador estatal, aunque ciertamente el contexto macroeconómico es más desfavorable que en aquel entonces.
Más allá del blindaje que le otorgaría la aprobación del proyecto de ley, existen otros instrumentos que facilitarían el desarrollo de un operador móvil estatal. Estos son tanto la ley Argentina Digital como el pliego de condiciones de la licitación por 4G. Además de la posibilidad de asignar espectro en forma directa, Argentina Digital contempla condiciones particulares de acceso e interconexión con las redes que fueran propiedad del Estado nacional o sociedades con participación mayoritaria (art. 41). Por su parte, el pliego de 4G contiene obligaciones de compartición de infraestructura pasiva (art. 23) lo cual facilitaría notablemente un eventual despliegue de antenas. No obstante, aclara que la compartición de infraestructura no podrá superar al 50% de la red. Aquí vendría bárbaro contar con la red de Nextel… Por otra parte, como aún AFTIC no definió cuál será su política de Servicio Universal, éste podría utilizarse para financiar el operador móvil. Son unos $ 3 mil millones en caja más un flujo de unos $ 100 millones mensuales. No alcanza para mantener operando en condiciones una red, pero siempre es una caja a la que se tiene acceso.
Esta asimetría regulatoria a favor de un operador estatal, que en este caso depende de la AFTIC, vuelve a poner sobre el tapete la conveniencia de que el regulador sea juez y parte. Algo que no se discutió en el momento de su tratamiento legislativo. Ahora no hay derecho al pataleo.
Con el andamiaje legal necesario, quizás el mayor de los desafíos para la continuidad del proyecto Libre.ar II (nombre no oficial pero adoptado para simplificar) es el económico. Es que Arsat demandará dinero, y mucho, para poder desarrollar su red. No sólo por lo que necesitará para desplegar antenas (aun haciendo uso de la obligación de compartición de infraestructura pasiva) sino también a nivel backbone. La Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) tiene unos 30.000 km de extensión, pero apenas 4.000 en servicio (según lo declaró el presidente de Arsat en su conversación con La Nación). Todo esto se traduce en necesidad de fondos.
Con la compleja situación económica que heredará el próximo gobierno, difícilmente figure entre las prioridades desarrollar un operador móvil estatal donde ya hay tres operadores privados. Y si bien los fondos del servicio universal son muchos para cualquier mortal, no lo son para un operador móvil. A razón de $ 100 M por mes equivale al cambio de hoy a US$ 10 M, o unos US$ 120 M anuales. En condiciones medianamente normales (contemplando mantenimiento y actualización tecnológica regular), un operador en funcionamiento invierte alrededor de US$ 500 M en un año. Pero un operador en despliegue debe invertir mucho más, tal como está quedando demostrado con las inversiones de los actuales operadores en materia de 4G. ¿Interesará a la próxima gestión gastar tanto dinero en algo que claramente no es prioritario? Parece difícil.
Si se aprueba la ley exigiendo el voto de 2/3 de los legisladores para vender Arsat o desprenderse de alguno de sus activos (como el espectro) y sin embargo no aparece la financiación para desarrollar la red, las frecuencias asignadas no podrán ser utilizadas por nadie. Ni por Clarín, ni por los operadores actuales, ni por un eventual nuevo 4° operador. Sería la historia del perro del hortelano.
Dicen que las 2° partes nunca son mejores. Quizá no sea este caso la excepción.
