Con unanimidad en el Senado y tratamiento sin debate en Diputados por retiro de la oposición, finalmente esta semana el Congreso aprobó la ley de Desarrollo de la Industria Satelital. A pesar de su nombre, la nueva norma transfiere la explotación de las bandas de frecuencias de 3G y 4G a la empresa de telecomunicaciones estatal Arsat. Las mismas corresponden al lote que se puso en juego para un 4° operador en la última licitación de espectro y que ganara oportunamente Arlink para luego perder por falta de pago. De esta forma, el gobierno reflotó la movida del operador móvil estatal que ya había sido lanzada en 2012 bajo el nombre Libre.ar y que fuera descartada poco más de un año después por razones nunca especificadas y sin ningún avance visible.
Por lo expresado en el texto de la ley, la idea es crear un operador mayorista o al menos colectivo. Si bien el objetivo principal enunciado es la creación de una red gubernamental, se menciona la posibilidad de que la misma brinde servicio a cooperativas, municipios, organismos y sociedades del Estado. Lamentablemente, las empresas privadas no son mencionadas, restándoles a operadores de cable, telcos y PYMEs del sector la posibilidad de participar del negocio más popular de las telecomunicaciones a través de la red estatal. Si bien es cierto que pueden hacerlo como OMV de las redes comerciales, la capacidad disponible de éstas para terceros es mucho menor que la que podría ofrecer ARSAT.
Por otra parte, la nueva ley menciona también las importantes inversiones necesarias, su explotación atendiendo “sectores menos ‘rentables’ en términos financieros”, el desarrollo de servicios de seguridad pública, el despliegue de banda ancha de última milla y otros. Todos ellos temas no menores y de una complejidad que requiere de una ley propia, más exhaustiva en los detalles, y no ser un anexo casi escondido de otra que apunta a un tema sustancialmente distinto.
Para coronar la situación, la ley pone un cerrojo al exigir 2/3 de los votos del Congreso tanto para la venta de acciones de ARSAT así como, y más importante, “cualquier acto o acción que limite, altere, suprima o modifique el destino, disponibilidad, titularidad, dominio o naturaleza de los recursos esenciales y de los recursos asociados” que pertenezcan o sean asignados a Arsat. Más allá de lo discutible que puede resultar que una mayoría simple tome una decisión que exija 2/3 de las voluntades para alterarla, el antecedente de Libre.ar es un llamado de atención. Si por alguna razón (quizás las mismas que obligaron hace un tiempo a descartar el proyecto) la red móvil de Arsat no llegase a desplegarse, sería muy complejo reasignar su espectro. De ser así, el país estaría desaprovechando un recurso valioso y finito. Tal como sucede en este mismo instante.
Que quede en claro que no se trata de debatir ideologías. Cada uno tiene la suya y, generalmente, cambian muy lentamente, si es que lo hacen. Pero sí es necesario y saludable para mejorar cualquier propuesta que se debata la forma en que se implementará. En esto, por tiempos electorales, desinterés o desatención, venimos fallando.
