El flamante gobierno nacional que asumió hace apenas una semana ha dado muestras de querer avanzar rápidamente con los cambios prometidos o insinuados. Sin embargo, en el flamante Ministerio de Comunicaciones el escenario se presenta más complejo ya que se trata de un área donde se observa una mayor resistencia a los cambios propuestos por parte de las autoridades nombradas durante la gestión anterior.
De Comunicaciones dependen ahora tanto el AFSCA como AFTIC, dos autoridades federales cuyos directivos tiene mandatos desfasados del período presidencial y que hoy están siendo presionados para que presenten su renuncia. Es claro que desde el punto de vista legal los directivos tienen todo su derecho a permanecer en el cargo para el cual fueron designados. Pero el problema es en parte político y en parte responde a la pobre calidad de los mecanismos para su designación. Pongamos el foco en AFTIC ya que es la autoridad que tiene competencia sobre el sector de las telecomunicaciones.
Entre las críticas que se oyeron al momento de tratar la ley Argentina Digital, que entre otros puntos dio lugar a la creación de la AFTIC, fue casi unánime el mecanismo de designación de autoridades ya que responde a criterios políticos más que técnicos. Efectivamente, de los 7 miembros del directorio, el presidente y un director son nombrados por el Poder Ejecutivo, 3 por una comisión bicameral (para las 3 primeras fuerzas legislativas), uno por las provincias y otro por el Consejo Federal de las Telecomunicaciones y la Digitalización. No hay concurso, ni requisitos mínimos de conocimiento en la materia, ni mucho menos de independencia política. Visto así, que haya un desfasaje con los mandatos del Poder Ejecutivo Nacional no es indicador de independencia del poder político de turno, sino que se trata del mantenimiento de las políticas de la gestión anterior. En otras palabras, la política en materia de telecomunicaciones queda bajo el control del gobierno anterior, no de un ente técnico independiente. La situación se hace más grave cuando estas autoridades fueron designadas 5 meses antes del fin del mandato de la gestión que los nombró, lo que equivale a manejar por 3 años y medio la política en materia de telecomunicaciones del nuevo gobierno. Casi todo el período del gobierno recién elegido.
En otras palabras, la configuración actual de AFTIC no sólo no responde a aptitudes técnicas en la materia, sino que desde el punto de vista político refleja al mapa de mínimamente 2 años atrás. No sólo porque el presidente y un director fueron designados hace 5 meses por el gobierno que dejó el poder, sino que los 3 directores nombrados por la bicameral responden al escenario electoral de 2011/2013. Así, el oficialismo no tiene siquiera un representante en el directorio de AFTIC, una situación que duraría hasta junio de 2019. O sea que, si no se introdujeran cambios, el actual oficialismo no tendría injerencia en la política de telecomunicaciones en casi todo su mandato. Algo totalmente ridículo. Es evidente que por más que esta composición sea legal, está lejos de ser legítima. Y es una demostración de que el tratamiento veloz que tuvo la ley Argentina Digital no fue gratuito. Ahora comenzamos a ver sus consecuencias.
Con este escenario, y cuando otros funcionarios con mandato desfasado presentaron sus renuncias, la pregunta que surge es por qué tanto AFTIC como AFSCA son dos de los organismos donde más resistencia encuentra el nuevo gobierno. Quizás porque ambos son los que tienen injerencia sobre el Grupo Clarín, el archienemigo del último gobierno. Un enfrentamiento que ya es claramente personal. Pero el país necesita otra cosa. Será el rol de la política conseguirlo dentro de los elementos que provee la República.
