Termina el 2018, un año donde la macroeconomía se ocupó de agregar limitaciones a un escenario de por sí contenido. Termina así un año gris.
Arrancó con la presentación del proyecto de la conocida como Ley Corta que también fue corta en cuanto a la duración de las expectativas que despertó. Abordando, entre otros, dos temas relevantes para la industria convergente: la posibilidad de abrir el mercado de la TV satelital y definir el destino del espectro hoy en manos de Arsat. Y ambos harían que su tránsito por el Congreso no fuera un camino de rosas.
Resultaba claro que la apertura para el ingreso de nuevos operadores de TV satelital tendría la oposición inmediata de toda la industria de la TV por cable, de operadores de todos los tamaños, muchas veces vinculados al poder político y territorial en sus áreas de servicio. Su voz se haría sentir a través de los legisladores. Así, con retrasos que se combinan con indicadores concretos del retiro de la DTH, si algún día se diera esta apertura, probablemente falten interesados.
En cuanto al espectro en manos de Arsat, nada menos que 90 MHz aptos para servicios 2, 3 y 4G en todo el país, sobran los intereses e interesados. Los operadores actuales, porque podrían agregar y poner en uso ese espectro rápidamente al contar ya con redes trabajando en las mismas frecuencias. Los operadores convergentes (sin redes móviles), porque sería una forma, compleja y onerosa, de ingresar al negocio, pero también fácil y económica de impulsar el valor de sus activos. El Estado, porque ingresa fondos frescos en momentos de restricciones por un activo al que no puede poner en uso ni rentabilizar. Todos pueden potencialmente ganar. El tema es cuánto cada uno.
Hacia mitad de año se confirmó la fusión entre Telecom y Cablevisión al completarse la tercera y última instancia de aprobación por la CNDC (Comisión Nacional de Defensa de la Competencia), luego de haber resultado aprobada por la CNV (Comisión Nacional de Valores) y el ENACOM (Ente Nacional de las Comunicaciones). La sensación general fue de “gusto a poco” en cuanto a las medidas acordadas para acotar la posición dominante de la nueva empresa, particularmente en algunas áreas geográficas determinadas. Pero tampoco fue sorpresa.
Para ese entonces ya la macro se comenzaba a resentir, luego de un proceso devaluatorio que se inició en el 2º trimestre y se haría evidente hacia mediados de año. Y su impacto directo e indirecto signaría el resto del mismo (así como también probablemente el inicio del próximo). La disparada de precios en pesos y la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios combinadas con una fuerte restricción monetaria y la consecuente suba de la tasa de interés llevaron a una recesión que se sintió en todos los ámbitos. Los operadores de todo tamaño, con costos de tecnología en dólares y precios en pesos (al igual que los salarios) comenzaron a revisar sus proyectos de inversión y en varios casos los plazos comenzaron a estirarse.
Para los fabricantes de celulares el año será el peor en volumen desde el 2004, 14 años atrás y en los que la base de usuarios era significativamente menor. Serán un 8,5 M de despachos para este año, contra 7,4 en aquella ocasión. Claro que ahora hay unos 44 M de líneas en uso (luego de la limpieza de líneas no registradas) contra 13,5 M de aquél entonces. También el contrabando se vio alcanzado por la macro y se estima que caerá en 2018 casi un 50% respecto del año anterior, para ubicarse por debajo del 1,4 M de unidades. Las condiciones del mercado y las reacciones de cada uno de los actores determinaron que éste haya quedado concentrado en Samsung y Motorola, que entre ambos se quedaron con las tres cuartas partes del mercado. LG y Huawei entraron en procesos de reorganización interna luego de alcanzar valores de participación muy por debajo de lo que tuvieron (LG) o de lo esperado (Huawei).
El escenario macro impactó mucho en la producción local de Tierra del Fuego, que venía haciendo esfuerzos para bajar sus costos pero que se vieron diluidos por la brusca devaluación. Así, reflotaron las discusiones sobre qué hacer con el régimen promocional de la isla. Por lo pronto, funcionando gracias a las asimetrías fiscales, ni siquiera puede convertirse en una actividad que no dependa exclusivamente del mercado interno. No habrá soluciones definitivas para la isla mientras dependa del fisco y del mercado interno. Con una promoción que está prevista hasta 2023, en caso de querer extenderla es hora de pensar en un esquema que aproveche alguna ventaja natural de la isla y que no dependa del mercado interno. Lo que hoy hay nunca va a dar lugar a una industria saludable, emancipada del favor fiscal.
Con la autorización para que a partir del 1º de enero de 2018 las telcos ofrezcan servicios de TV, muchos se imaginaron que de un día para el otro dispondrían de una mayor oferta de proveedores. La realidad fue distinta. Las nuevas ofertas se limitaron a la cobertura geográfica de redes aptas, que en el caso de las telcos implica tener fibra prácticamente hasta el hogar. Movistar se movió agresivamente en el despliegue, pero así y todo no lanzó su servicio de TV hasta entrada la segunda mitad del año. Claro avanzó más cautelosamente, haciendo su oferta de TV a un subgrupo de sus abonados de fibra. Y si hubo esperanzas del lanzamiento de versiones OTT de servicios de TV, éstas quedaron insatisfechas por cuestiones comerciales y de cesión de derechos. Pero como sí puede accederse a estos contenidos en los celulares de los abonados al servicio de TV tradicional, pudo verse el crecimiento de uso de apps para tal fin, como Flow, Direct TV Play, entre otras, así como las propias de algunas señales, donde Fox capitalizó muy bien los contenidos deportivos. Por supuesto, esto trae desafíos no sólo técnicos sino también regulatorios, poniendo sobre la mesa el debate que el regulador no quiere dar: definir los alcances de la neutralidad de la red.
En definitiva, se despide un año que prometió más de lo que finalmente entregó.