Esta semana, en un error no forzado, el Enacom quedó envuelto en la polémica alrededor de la llegada de 5G a Argentina. Más específicamente, en relación con cuándo se daría esto y a qué costo. De esta forma, el tema 5G volvió a estar en la agenda mediática por segunda semana consecutiva. La primera ocasión tuvo como disparador la visita del presidente de la Nación al CEO de Huawei. La reunión dio lugar a todo tipo de especulaciones, algunas motivadas por intereses políticos y otras por desconocimiento del funcionamiento técnico y legal de las cosas. Cuando todavía no se había asentado la polvareda creada, 5G volvió a estar en los titulares de medios no especializados.
Todo arrancó con una nota publicada en Tiempo Argentino el sábado 12 de febrero basada en declaraciones al medio realizadas por el titular del Enacom. La misma fue avalada por el propio funcionario, quien agradeció desde su cuenta de Twitter a la periodista autora de ésta, en lo que puede interpretarse como un aval a lo publicado. En la misma, declaró: “En seis meses estaremos en condiciones de licitar la red 5G. La decisión se terminará de concretar junto con Jefatura de Gabinete y Presidencia”. Una afirmación contundente. Dos días más tarde, el lunes 14 de febrero, el diario La Nación tituló: “Licitarían 5G en 6 meses en busca de unos US$1.800 millones”. Se confirmaba así el período de tiempo, pero se agregaba, en off the record, lo que se esperaba recaudar eventualmente por la subasta.
Ambos datos dispararon todo tipo de reacciones en la industria, empezando por la incredulidad. A tal punto que ya el martes 15 el canciller (y ex jefe de Gabinete) desmintió por radio que la licitación de 5G se fuera a hacer en los próximos 6 meses, como habían afirmado desde el Enacom. Adicionalmente, mencionó que antes es necesario limpiar bandas y que además todavía falta desarrollar 4G. Ambas afirmaciones resultaron extrañas de boca de quien tiene a su cargo las relaciones exteriores y no los temas sectoriales, lo que podría ser un signo de pujas internas dentro del propio gobierno.
Hasta aquí, los hechos. Ahora corresponde repasar la viabilidad tanto de los tiempos como de los montos deseados.
En materia de disponibilidad de espectro, conviene destacar que el artículo de La Nación menciona que la intención del gobierno era licitar tanto espectro para 5G como el remanente que quedó de la licitación de 4G en 2014. En este último punto, conviene recordar que existe una proporción de espectro sin uso. Se trata de lo obtenido en su momento por el grupo Vila-Manzano pero por el cual nunca se efectivizó el pago. Poco tiempo después, a fines de 2015, a través de la ley 27.208, llamada “Ley De Desarrollo De La Industria Satelital”, en el Anexo II se incluyeron estas frecuencias como “reservadas con carácter preferencial a ARSAT”. Si bien la empresa estatal de telecomunicaciones no tiene técnicamente asignadas las frecuencias, es un riesgo para la dirección de ésta rechazar esa reserva por las consecuencias políticas (y algunos creen hasta judiciales) que tal resignación podría traer. Así, la forma más segura sería derogar o reformar el contenido del Anexo II, ya sea por una ley, por un DNU o quizás algún otro instrumento legal válido. Como fuere, hay que dar ese paso previo.
En cuanto a las bandas de 5G, el tema es más complejo. Algunas de las frecuencias identificadas por el Enacom para su uso en 5G están “sucias”, ya sea en uso por otros servicios o ya asignadas. Una de las bandas de frecuencias más populares globalmente para 5G (lo que implica amplia disponibilidad de equipamiento tanto para redes como para dispositivos) es la que se conoce como 3.5, que tiene un buen balance entre cobertura y capacidad. El problema en Argentina es que la misma está en uso para acceso fijo inalámbrico, tanto punto a punto como punto a multipunto. Por lo tanto, liberarla o “limpiarla” implicaría migrar los servicios operando en ella a otras frecuencias disponibles. Este cambio no implica una mera reconfiguración de equipamiento sino lisa y llanamente, un recambio de éste. Así surgen entonces preguntas como cuánto cuesta, quién lo paga y en cuánto tiempo puede llevarse adelante. Difícilmente esto pueda definirse en 6 meses. Ya hay antecedentes en Argentina (pasó con la banda de 700 MHz) de que este proceso no es rápido ni sencillo.
En cuanto al monto a comprometer en una eventual subasta, no es simple establecer a priori si es alto, bajo o justo. Más allá del afán recaudador, potenciado por la necesidad de reducir el déficit fiscal, faltan muchas definiciones como para determinar cuál podría ser el valor del espectro a poner a disposición. Son diversas las variables que juegan en su determinación. Una claramente tiene que ver con las bandas a asignar. No es lo mismo poner en juego bandas altas (o milimétricas) que bandas medias. Y sí sabemos que no habrá bandas bajas (por debajo de 1 GHz) ya que éstas no fueron incluidas por el Enacom como bandas identificadas como aptas para 5G.
Las bandas milimétricas son atractivas porque ofrecen anchos de banda que le permiten competir en capacidades con la fibra óptica. No obstante, su escaso alcance implica una densidad de antenas mucho mayor, así como una muy baja capacidad de propagación en áreas muy edificadas. Es por esto por lo que actualmente su uso principal es para dar acceso fijo inalámbrico en áreas urbanas. Por su parte, las bandas medias, actualmente las más utilizadas globalmente para dar 5G, permiten potenciar el uso de smartphones, con lo que la inversión en infraestructura es menor y el caso de negocios más parecido al actual, aunque con un potencial mayor. La diferencia en cuanto a lo que puede hacerse en cada caso incide lógicamente en el valor del espectro.
Después juegan otros factores en la determinación de este número, como la cantidad de espectro a otorgar a cada actor (medido en MHz), si serán licencias nacionales, regionales o hasta locales. Igualmente influye, y mucho, cuáles serán las obligaciones asociadas a la entrega del espectro, la duración de la concesión del mismo, así como si este espectro estará destinado a los actores ya existentes (y que por lo tanto cuentan con una buena base de infraestructura) o si será para algún entrante. Finalmente, dato no menor, juega el objetivo de la subasta: si será recaudatorio o si propiciará un despliegue más rápido y extendido, haciendo que una proporción importante del monto a pagar por los operadores esté destinada no al espectro en sí sino a compromisos de inversión, como fue el caso de la subasta brasilera. Claramente son muchos los factores que juegan como para intentar aproximar un valor.
Como se puede deducir, poner a disposición espectro requiere de mucha planificación técnica previa (que puede llevar años) así como definiciones profundas en cuanto a modelos de asignación. En otras palabras, y volviendo al inicio, es imposible preparar una buena subasta en 6 meses, así como tampoco estimar la recaudación que genere hasta tanto no esté definido con nitidez el modelo a implementar. Planificación de mediano y largo plazo y definiciones concretas. Algo que no suele abundar en la política nacional, independientemente del signo.
Finalmente, hay que tener presente el grado de judicialización de las telecomunicaciones en Argentina como consecuencia del DNU 690. Es que más allá de la declaración de servicio público establece un control de precios a través de las autorizaciones de aumentos en una economía inflacionaria. Se hace difícil para cualquier operador comprometer importantes montos de inversión como los que requerirá el despliegue de 5G si no se tiene la certeza de contar con libertad de establecer el precio del servicio, lo que incidirá en su rentabilidad y el plazo de recupero.
Así las cosas, pasará un tiempo hasta que un 5G real y con todo su potencial esté disponible en Argentina. Difícilmente ocurra en 2022. Pero nada impide soñar…
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