Es sabido que Argentina está rezagada en materia de 5G. Es uno de los países que aún no inició el proceso de asignación de espectro para la más moderna de las generaciones inalámbricas. Apenas hay un despliegue inicial de Personal con tecnología DSS, que utiliza el espectro de 4G para operar 5G, aunque sin las prestaciones de un 5G “nativo”. No obstante, también es cierto que, en los últimos tiempos, y ante el apremio de la falta de dólares, desde el gobierno se venían enviando mensajes (informales) de que había intención de iniciar la asignación antes de mediados del año próximo. Por esto mismo, no sorprendió tanto que el ministro de economía anunciara, al presentar los principales lineamientos del proyecto de ley de Presupuesto 2023, que espera licitar espectro para 5G en febrero próximo. O sea, dentro de 5 meses como mucho (dependiendo de si es a principios o finales del mes).
Sí resultó sorpresivo que se hiciera el anuncio por parte de una figura fuerte del gobierno, un poco al pasar, siendo que faltan definir aspectos clave para el proceso de asignación. En algunas reuniones previas con los actuales operadores, el gobierno les comunicó que iban a licitar, a limpiar el espectro (ambas acciones adelantadas informalmente a los medios). Muy poco como para ir planificando un proceso tan relevante.
Los temas por definir para poder empezar a evaluar seriamente la participación en el proceso licitatorio son varios y no son menores.
Lógicamente, y considerando que hay una motivación recaudatoria evidente, el precio aparece en primer lugar. Esto tiene que ver con que, según lo dejaron trascender desde el gobierno, se espera obtener unos US$ 1.400 M. Una cifra ambiciosa dentro el marco económico actual del país y de las empresas. Aunque también hay que tener presente que el precio depende del resto de las condiciones que aún quedan por aclarar.
Una es la forma de pago: dólares, pesos, bonos. Si fuera en dólares, hay que definir el mecanismo para obtenerlos (MEP, oficial o alguna nueva variante.) porque darán la pauta de su costo. Si, aunque el precio se fije en dólares el pago fuera en pesos, a qué cotización del dólar correspondería. Si se optara por el pago en bonos de deuda argentina, cuáles y a qué valor (mercado o nominal).
Otro factor relevante es el de las obligaciones que se establezcan, ya que éstas impactan directamente en los costos no del espectro, pero sí del despliegue. Aquí juegan criterios como cobertura, ritmo de despliegue, el compromiso de dar conectividad para usos determinados (escuelas, edificios públicos, etc.), entre otros.
Por otra parte, no está definido si habrá lugar para un 4º operador. Algo que se intentó con 4G pero que finalmente no logró su objetivo. Si así fuera, todavía hay disponible el espectro para 4G sobre el que en su momento tuvo prioridad Arsat y que hoy está sin uso. Éste, sumado al de 5G, darían capacidad suficiente para un nuevo operador. De estar contemplada esta posibilidad, el monto que se espera recaudar se dividiría por 4 y no por 3, bajando el que correspondería a cada uno de los participantes.
Adicionalmente, hay dudas respecto a la limpieza de las bandas por asignar. Se habla particularmente de la de 3,5 GHz (la más adoptada actualmente a nivel global). Pero esta banda viene siendo utilizada para servicios fijos, con lo que una necesaria migración de éstos llevaría algún tiempo. Esta inquietud se basa en el antecedente de bandas para 4G que tardaron mucho en limpiarse (y que en algunos casos todavía están sucias en determinadas zonas), demorando el despliegue del servicio.
Por supuesto, más allá de los factores específicos vinculados a la asignación del espectro, hay aspectos en el contexto que siembran más interrogantes aún.
En el caso del contexto legal, lógicamente, la existencia del DNU 690, aunque muy disminuido en su impacto como consecuencia de su judicialización, se transforma en un escollo no menor. ¿Se pretende un despliegue de 5G como servicio público y con precios regulados? Por lo pronto, hay conciencia en el gobierno de que el 690 es un fracaso, pero nadie quiere asumir el costo político de derogarlo o modificarlo. Quizás especulen con que la decisión la tome la Corte Suprema, que debe tratar el recurso interpuesto por el Enacom un año y medio atrás y que acaba de avalar a uno de los jueces cuestionados por el gobierno.
En cuanto al contexto económico de corto plazo, las restricciones en el acceso a divisas son un factor que genera incertidumbre. ¿Estarán disponibles los dólares para invertir y operar? Porque de nada sirve contar con espectro si no se puede poner en uso.
Resumiendo, faltan todavía muchas definiciones en un marco complejo para un horizonte tan cercano.