Llamó mucho la atención el acuerdo al que llegó Meta con un conjunto de Estados de los EEUU. A través de éste, aceptó introducir modificaciones en la relación con los menores de 18 años (restricción de tiempo de uso a 2 horas diarias, bloqueo entre las 24:00 y las 6:00 hs, desactivación de notificaciones durante el horario escolar) al tiempo que pagará hasta US$ 18.000 M a lo largo de 10 años, lo cual es sensiblemente menos que los US$ 200.000 M que un grupo de Estados le reclamaba. No obstante, la recomendación algorítmica (base de la adicción generada y cuestionada) sigue vigente. Simplemente se establecieron períodos de abstinencia.
Un dato significativo a considerar respecto del monto acordado es que cerca del 30% (unos US$ 5.300 M) estará supeditado a que YouTube, TikTok y Snapchat implementen restricciones similares a las de Meta para Facebook e Instagram. Esto le permite a Meta cubrirse en términos de competencia (no pierde usuarios frente a plataformas sin restricciones) mientras se presenta como el bueno de la película. No obstante, el hecho de que una parte del monto a pagar dependa de que otras plataformas adopten restricciones similares para los menores, así como la posibilidad técnica de implementarlas, abren la puerta a que esto se convierta en un nuevo estándar que trascienda las fronteras de los EEUU. Más aun considerando que en otros países las redes sociales enfrentan cuestionamientos similares por parte de los gobiernos.
Pero mirando más allá, esta movida de autorregulación podría extenderse no sólo a otras empresas que operan servicios similares, sino también a otras con actividades basadas en la tecnología aunque totalmente distintas. Tal el caso de los datacenters, últimamente muy cuestionados por su impacto ambiental (consumo de agua, impacto energético, etc.) y económico (suba de costos de la energía para sus vecinos), generando resistencias y reclamos en muchos de los lugares donde buscan instalarse. Tampoco habría que descartar cuestionamientos a la industria satelital/espacial, particularmente en aspectos como la superpoblación orbital que genera contaminación visual, el tratamiento dado a los satélites en desuso para no multiplicar la basura espacial, así como la necesidad de multiplicar los sitios de lanzamiento de cohetes. Todo esto sin entrar en las regulaciones y limitaciones que comienzan a exigirse en relación a la IA, un tema más complejo e incierto que merece un tratamiento específico.
Se trata de un escenario que marca que, a pesar de sus evidentes beneficios, el sector tecnológico recibe cada vez más cuestionamientos por parte de la población en general, con lo que el costo de no tener licencia social empieza a transformarse en un costo de balance, algo que otras industrias digitales van a empezar a sentir aunque su exposición legal sea distinta. Así, la autorregulación podría terminar imponiéndose, aunque más por razones de costos económicos que por principios éticos.