AutorEnrique Carrier

Finalmente, se conoció esta semana la sanción a aplicar por el gobierno nacional a Movistar como consecuencia del “apagón” producido el 2 de abril pasado. La noticia impactó porque se trató de una suma récord, compuesta en dos partes: una multa de $ 6,75 M y una bonificación de $ 10 por línea móvil de la empresa en concepto de resarcimiento a los usuarios de la empresa. Hasta aquí, los hechos. Ahora, los comentarios.
La multa de $ 6,75 M es lo máximo previsto por la regulación, la cual es calculada en base a determinada cantidad de pulsos telefónicos. Que el gobierno decidiera aplicar el máximo previsto da una pauta del mensaje que se quiso transmitir, tanto a la empresa como a los demás operadores así como a la ciudadanía en general.
Por otra parte, al hacer el anuncio, el propio Ministro de Planificación mencionó que Movistar tiene 18 millones de clientes y que la bonificación ascendería a $ 185 M. Aquí los números empiezan a confundirse. O son 18,5 millones de clientes, o el monto es de $ 180 M. Pero el dato curioso es que a diciembre de 2011, Movistar reflejaba en su balance 16,7 millones de líneas, por lo que difícilmente haya crecido tanto en tan pocos meses. Esto parece trivial, pero se trata de una diferencia de varios millones, mayor que el valor de la multa aplicada. Un poco menos de ligereza en el manejo de los números no hubiera venido mal.
En cuanto a las causas del hecho, evidentemente hay visiones encontradas entre el gobierno y la empresa. El Ministro apuntó explícitamente a falta de inversiones mientras que la empresa lleva adelante una causa judicial por el sabotaje de un ex empleado. Los hechos parecen indicar que las causas están más en la segunda alternativa, lo que igualmente no exime de responsabilidad a la empresa. A fin de cuentas, que una sola persona pueda afectar a toda la red estaría indicando fallas en las políticas de seguridad de la red. Habrá que esperar a que la justicia avance más en este tema para tener en claro qué fue lo que sucedió. Pero al registrarse esta diferencia en cuanto a las posibles causas del hecho, la decisión del gobierno aparece en primera instancia como apresurada.
Al margen de la real causa, da la impresión de que el gobierno reacciona con dureza más por razones políticas que regulatorias. Por un lado, la sanción es inusualmente dura si se la compara con la registrada ante otros servicios que han dado muestra de deficiencias (trenes, electricidad, gas, Aerolíneas Argentinas). Claro que en esos casos el Estado está más involucrado ya sea porque tiene participación directa en la gestión o porque otorga importantes subsidios (lo que merece un control más cercano de la gestión). Así, como señal hacia las empresas pareciera indicar la existencia de un doble estándar de exigencia. Y de paso demuestra que capacidad de intervención no le falta.
Curiosamente, el gobierno busca ahora mostrarse activo en un sector en el cual no se ha involucrado demasiado desde el punto de vista regulatorio desde el 2003. Apenas si puso en práctica la portabilidad numérica hace poco más de un mes, y quienes siguen de cerca temas regulatorios creen que lo hizo presionado por una demanda judicial que empezaba a complicarse. Pero fuera de esto, es poco lo que ha hecho para propiciar una mayor competencia en el sector. Sin ir más lejos, esta semana volvió a incumplir con los plazos de la licitación de espectro que podría permitir el ingreso de nuevos jugadores y/o dar más capacidad a los existentes. Esto sin tener en cuenta que todavía estamos hablando de espectro que puede utilizarse para 3G, cuando otros países de Latinoamérica están licitando espectro para 4G. Tampoco se mostró muy activo para terminar con las trabas a la instalación de nuevas antenas que permitirían descongestionar algunas zonas del país. Por otra parte, si la reacción fuera como consecuencia de las condiciones comerciales del servicio, existen organismos como Defensa del Consumidor (dependiente de la Secretaría de Comercio Interior) o la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que debieran actuar.
Desde el punto de vista de la política exterior, que la vara de exigencia se haya elevado contra una empresa de capitales españoles da de comer a quienes creen ver cierta animosidad (reciente) del gobierno hacia aquel país. Es difícil determinarlo, pero independientemente de que esto sea así o no, sin dudas que da lugar a las suspicacias de los mal pensados. En contra de este pensamiento, esta semana el gobierno anunció sanciones para Claro como consecuencia de un corte parcial en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Siendo que las sanciones se anunciaron al día siguiente del hecho, nuevamente parece un movimiento apresurado hasta tanto no estén debidamente probadas las causas y en consecuencias las responsabilidades.
En definitiva, esta sanción puede tener dos lecturas, las cuales se irán confirmando con el paso del tiempo. Una puede ser que este hecho marque el inicio de una etapa de “tolerancia 0” respecto de fallas en los servicios de uso masivo, que debería ser acompañada de una mayor actividad regulatoria preventiva. De ser así, se debería comenzar a actuar sobre las causas de los problemas y no sobre sus consecuencias. La otra, que estemos ante la presencia de una política discrecional, no tanto en términos de amigos-enemigos sino de mera conveniencia política. Esperemos que sea la primera.