En algún momento, hacia principios de año, parecía que podía darse una distensión entre el gobierno y las empresas de telecomunicaciones. Se habló de “desjudicializar”, de “presentar propuestas”. Aunque con poco en concreto, los gestos parecían apuntar a tratar de salir del bloqueo en que se encuentran desde la promulgación del DNU 690/2020 que declaró a los servicios TIC como servicio público y, más conflictivo aún, introdujo la idea de control de precios a través de la autorización de aumentos. La ilusión (que no era mucha, para ser justos) se desvaneció esta semana con la publicación de la resolución 725/2022 del Enacom. La misma establece aumentos de hasta el 9,5% para todos los servicios TIC a partir del 1º de mayo (siendo el primer aumento del año), otro 9,5% a partir del 1º de julio y fija precios máximos para los servicios móviles prepagos.
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