“Te creo y mentimos juntos” es una expresión que se puede utilizar cuando alguien nos dice algo que, ambas partes, saben que no es real. La misma puede aplicarse a lo que ocurre con las autorizaciones de aumentos de los servicios TIC que, cada tanto, el Enacom publica. Porque, en definitiva, resoluciones como la 557/23 del 9 de mayo pasado, son a los efectos prácticos testimoniales, habida cuenta de la gran cantidad de ISP alcanzados por alguna de las medidas cautelares emitidas contra el DNU 690, de agosto de 2020 (en la etapa inicial de la pandemia).
La resolución estableció aumentos “cross”, para todos los servicios TIC (acceso a Internet, telefonía móvil, telefonía fija y TV paga) del 4,5% mensual, desde mayo hasta diciembre del presente año. Atrás quedaron, a principios del 2021, los aumentos segmentados por tipo de servicio, cantidad de clientes o características técnicas. Desde entonces, se acabaron las evaluaciones de costos de cada segmento para pasar a aumentos uniformes para todo el sector, independientemente de sus características. Aparentemente, todos tienen los mismos costos y las mismas realidades. También otorgó aumentos sucesivos mensuales durante el mismo período para los precios del segundo de voz, del SMS y del MB diario de los servicios móviles.
Si bien todo esto no es más que letra muerta por efecto de las cautelares, repasar lo que fue la política de precios emergente del DNU da una pauta de lo errada que hubiera sido la norma de haber sido efectiva.
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