Hace un mes se anunció que la licitación de espectro para 5G tendría lugar en el mes de febrero próximo. Sin embargo, y a pesar de lo cercano de la fecha, todavía no hubo grandes avances en el tema. No sólo no está redactado el pliego de licitación, sino que también faltan definiciones fundamentales para una correcta evaluación y consecuente propuesta. Si además se le suma el complejo contexto actual, la situación hace peligrar el evento en la fecha prevista.
Se sabe que la banda a licitar es la de 3,5 GHz, que es la más adoptada globalmente hasta el momento y que tiene varias ventajas: es la sucesora natural para los servicios de banda ancha móvil desde el celular, apta para entornos urbanos y también para servicios fijos inalámbricos (FWA). Por ser la más adoptada, es la que cuenta con más equipamiento disponible y, por lo tanto, con mejores economías de escala. Sin embargo, todavía hay incertidumbre sobre su disponibilidad. Esto se debe a que no sólo hay empresas que son titulares de una porción de esta banda, lo que incluye a los actuales operadores y otros que no lo son, pero que la usan para conectividad fija. También hay empresas PyME operando sin licencia en esta banda. Para los primeros, es necesaria la asignación de espectro alternativo para que puedan mudar sus servicios y definir el mecanismo para financiar la migración de banda. En el caso de los segundos, es una situación en la que debe intervenir el Enacom ya que se trata de una operación ilegal. El tema de las bandas asignadas sin estar libres no es menor. Ya pasó en la licitación de la banda de 700 MHz para 4G, asignada en la licitación de 2014 pero que en algunas zonas todavía están judicializadas, 8 años después de aquel momento. Nadie quiere pagar por un espectro que luego no podrá utilizar.
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