Luego de más de un año y medio de vigencia, el DNU 690 se convirtió en una norma de carácter prácticamente testimonial, cuyos alcances están muy limitados por la gran cantidad de operadores actuando al amparo de medidas cautelares, tanto directamente como a través de cámaras empresarias. Sin embargo, se trata de medidas transitorias, que no resuelven la cuestión de fondo sino únicamente sus efectos mientras dura su vigencia, aunque ésta puede extenderse bajo determinadas circunstancias. En definitiva, una situación que no es favorable para nadie. No lo es para los operadores, quienes siguen operando bajo un contexto precario. Tampoco lo es para el gobierno, cuya principal decisión en materia de TIC de su gestión termina siendo simbólica, devaluando ostentosamente su autoridad.

Quizás por esto hacia fines del año pasado, desde la Jefatura de Gabinete, el gobierno convocó a las empresas y al regulador Enacom para iniciar un diálogo cuyo objetivo sea permitir la salida del estancamiento en la relación entre ambas partes como consecuencia del mencionado DNU. Hubo una reunión a fines de diciembre, aunque no arrojó nada nuevo. Unas semanas después, en el marco de la conferencia de prensa por el lanzamiento comercial del MNVO Imowi, el vicejefe de Gabinete abogó por una “desjudicialización” de las telecomunicaciones. Sin embargo, más que llamados al diálogo, lo que hace falta es revisar una medida que desde su génesis suscitó el rechazo de los operadores, sin importar el origen de su capital, su tamaño o el tipo de servicios prestados. Grandes empresas, PyME y cooperativas, ISP y cableras, nacionales y extranjeras, todas expresaron su repudio al DNU. Nunca se había logrado tanto por la unidad de la industria.