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Espinazo digital

Finalmente, y tal como se había adelantado, esta semana el gobierno anunció su plan de conectividad nacional bajo el nombre “Argentina Conectada”. Se trata de un proyecto ambicioso, tanto por su pretendido alcance como por su costo, según se desprende de lo publicado en los medios ya que no hubo mayores precisiones oficiales más allá del anuncio original.

El plan en realidad tiene 3 patas: la ampliación de la infraestructura de antenas para la TDT, la creación de un backbone de datos complementario a los existentes y la creación de puntos de acceso gratuito, tanto a Internet como a los contenidos de la TDT. Su costo estimado es de $ 8 mil millones (unos US$ 2 mil millones)

Sin dudas que el proyectado backbone es la pieza central del plan, ya que marca un giro total en la política de las telecomunicaciones desde la privatización de ENTel. Será la primera vez desde entonces que el Estado sea quien invierta directamente en infraestructura de telecomunicaciones y no empresas privadas, sean las privatizadas, cooperativas o quienes ingresaron a fines de los 90 y principios del 2000. Lo hará a través de la empresa estatal Arsat, la cual se convertiría así en un mayorista del mercado de telecomunicaciones, apuntando no sólo a llevar mejor conectividad allí donde falta (“donde el mercado no llega” según el ministro de Infraestructura) sino también a actuar como referente de precio, por lo que terminaría siendo competencia de los operadores instalados, principalmente Telecom y Telefónica (aunque también hay otros con sus propios tendidos).

Esta suerte de columna vertebral de las redes que conectan a Internet en el país tendría una extensión de 35.000 km de los cuales sólo 10.000 serían tendidos desde cero, mientras que el resto se montaría sobre infraestructura ya existente, como redes de alta tensión o gasoductos, así como en obras de expansión viales y ferroviarias, las cuales contemplarán incorporar fibra óptica a su traza. Por otra parte, allí donde no llegue la fibra óptica se utilizará la capacidad satelital de Arsat. Si bien no se precisó al momento del anuncio, es probable que este backbone sirva también para interconectar las antenas de TV digital para expandir el servicio más allá del AMBA actualmente cubierta.

Hay motivos para pensar que este anuncio es consecuencia no planeada del affaire Fibertel, cuando las autoridades en la materia se dieron cuenta de las diferencias que se registran en el servicio de acceso a Internet (tanto en calidad como precio) entre las grandes ciudades y las localidades más chicas y alejadas de las redes privadas. Quizás esta haya sido también una de las razones por la cual la CNC emitió la resolución 4029/2010 [para más detalles, ver “Para ver dónde estamos parados”]

Este proyecto surge en momentos en que internacionalmente se gesta una tendencia en el rubro de las telecomunicaciones hacia una mayor participación estatal, especialmente a nivel de infraestructura mayorista, que requiere de importantes inversiones cuyo retorno no es evidente (al menos no en los plazos habituales) y para los cuales la financiación privada no está presente. Es por esto que, aunque sin manifestaciones públicas, se trata de un anuncio que es bienvenido por la industria local.

Conceptualmente, es difícil estar en desacuerdo con lo propuesto. Se trata de desarrollar una infraestructura que debería llevar el acceso en mejores condiciones a gran parte del país y que será clave para el desarrollo económico y social de los próximos años. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, y si algo le faltó a un anuncio de tamaña envergadura fueron precisiones.

Por lo poco que se sabe, la infraestructura será propiedad de Arsat, aunque como se mencionó el aporte de PyMEs y cooperativas de telecomunicaciones no se sabe si estas tendrán también participación societaria (en una suerte de sociedad mixta público-privada). Se podrá argumentar que hay disponibles otros modelos para lograr este objetivo, tales como el Estado financiando una infraestructura a ser desarrollada por privados (por qué no un consorcio de operadores) bajo el modelo de concesión. Desde la oposición política muchas de las críticas vinieron del lado de la decisión de usar fondos para este proyecto en vez de alocarlos a otros  destinos (por ejemplo, previsionales), pero nada se mencionó sobre el modelo en sí o la forma de financiarlo. Una prueba más de que la política no piensa en las comunicaciones desde una perspectiva estratégica.

Otro punto no del todo claro es la financiación de semejante proyecto. Dentro de las fuentes se mencionó al Servicio Universal (aproximadamente $ 400 M anuales) y la subasta del espectro radioeléctrico disponible para telefonía celular (donde estiman que llegaría a $ 1.000 M). Entre ambos, en el plazo de 5 años del proyecto, podrían recaudarse $ 3.000 M, por lo que faltaría asegurar el financiamiento de los $ 5.000 M restantes (equivalentes a poco menos de los 2/3 del total). Para ello, este proyecto deberá sortear exitosamente el debate por el presupuesto 2011.

Por supuesto, el anuncio también generó escepticismo. La historia reciente encuentra muchos anuncios rimbombantes que no pudieron cumplirse tal como fueron presentados originalmente. Fue el caso del boleto electrónico, el celular argentino, las inversiones chinas, o los 600 mil decodificadores de TDT a repartir antes del inicio del último mundial (hasta hoy fueron 160 mil), sólo por mencionar unos pocos. Hay que admitir que quienes dudan tienen en qué basarse. El tiempo dirá si se equivocaron o no.

En resumen, una medida a priori positiva pero que merece conocer más detalles para poder debatirla con seriedad y evitar que se transforme en otro de los anuncios para “las letras de molde” o, peor aún, en un nuevo Yacyretá. Es una buena oportunidad para pensar a las telecomunicaciones como política estratégica de una vez por todas.

Para ver dónde estamos parados

El affaire Fibertel tuvo un efecto colateral no deseado ni previsto: poner en evidencia la falta de información de las autoridades respecto del tema telecomunicaciones en general y de Internet en particular. Desde la ingenuidad de creer que porque había 300 supuestos ISP alternativos la idea de “cerrar” Fibertel de un plumazo era inocua para los usuarios hasta publicar un listado de empresas que tenían licencia, aunque varias no ofrecían el servicio y otras ni siquiera existían.

Este estado de desinformación parece haber sido lo que dio lugar a que esta semana se publicara en el Boletín Oficial la resolución 4029/2010 por la cual la CNC da un plazo de 30 días para que los distintos operadores de telecomunicaciones informen respecto de sus servicios. Los temas a cubrir son básicos, tales como áreas de prestación, interconexión, infraestructura propia, así como planes y promociones vigentes. También hay pedidos especiales en caso de aquellos operadores que cuenten con tendidos de fibra óptica. Estos datos deberán actualizarse trimestralmente.

Se trata en definitiva de información básica con la cual todo regulador debería contar para hacer su trabajo y que estaba prevista ya en el decreto de apertura del año 2000 (tal como se expresa en los considerandos). Pero tuvieron que exponer públicamente su propia ignorancia respecto del tema que les toca regular para que 10 años después comenzaran a exigirla. Una muestra de la rigurosidad con la que se encararon los aspectos regulatorios durante todo este tiempo. En fin, más vale tarde que nunca.

Salió el plan B

Cuando se desató el conflicto entre Cablevisión/Fibertel y el gobierno por el tema de la licencia, desde aquí especulamos con la posibilidad de que la primera utilizase alguna de sus sociedades controladas cuya licencia no fuera cuestionada [ver “Plan B”]. Y al parecer ese es el camino que están siguiendo ahora, al menos para las nuevas altas.

Vale aclarar que el conflicto no fue impedimento para que desde Cablevisión estuvieran muy activos tratando de sumar abonados. Esto despertó algunas suspicacias habida cuenta de que aún antes de dar por caduca su licencia, el gobierno había notificado a la empresa de que se abstuviera de seguir sumando clientes en esa situación irregular. Pero apelando a otras sociedades cuyos papeles no están en discusión (al menos por ahora), Cablevisión pudo seguir incorporando clientes. Esto se desprende de las declaraciones de su propio gerente general al diario Página/12. Así, el plan B ya está en marcha.

Ecos

Si bien el caso Fibertel entró en el esperado recorrido judicial previo a definiciones de fondo, se siguen generando noticias alrededor del mismo.

Por el lado del gobierno, surgen indicios de una mayor conciencia de que el plazo original de 90 días resulta a todas luces exiguo. Y aunque no lo admitan, ya están curándose en salud. Primero fue diciendo que se trataba de 90 días hábiles, pero como esto no ayuda mucho ya reconocieron que el plazo podría extenderse de ser necesario.

Donde se está poniendo interesante es en el análisis de la competencia. Desde el punto de vista comercial ya son varios los que aumentaron la agresividad de sus campañas para incorporar nuevos clientes. Y no sólo se trata de Arnet y Speedy, sino también de ISP más chicos que salieron a decir “aquí estoy”, como fue el caso de Sion y algunas cooperativas. De todos modos, todo dentro de lo esperable en una situación como esta. No obstante, no deja de ser llamativo el silencio sobre el tema de fondo de quienes, a pesar de ser competidores, están en el mismo negocio.

Las telefónicas (Telecom y Telefónica) intentan, sin mucho éxito quizás, mostrarse como prescindentes en el conflicto, aunque sin dudas se les dibuja una leve mueca de placer siendo que responsabilizan al lobby de Cablevisión por su exclusión del negocio de la TV en la ley de medios. No obstante, les resulta muy difícil despegarse ya que son sin dudas los principales beneficiados de cumplirse con la resolución de la Secretaría de Comunicaciones. De este modo, quedan en una situación incómoda frente a la opinión pública tanto porque reflotan su imagen de monopólicas como porque emergen como cómplices silenciosos de la medida, especialmente frente a quienes se oponen al gobierno. Será interesante ver entonces en qué medida este conflicto afecta a la percepción de las mismas.

También es llamativo el silencio del resto de la industria de la TV por cable, tradicionalmente encolumnada detrás de las posturas de Cablevisión, como podía observarse, por ejemplo, en el accionar de ATVC. Quizás porque apuestan a pescar algunos abonados en este río revuelto, quizás porque temen represalias vía ley de medios. Lo concreto, es que ningún operador de TV por cable buscó hacer pública su posición en este tema. Ni a favor, ni en contra. Más bien silencio.

Por el lado de las cooperativas telefónicas, éstas no se ven mayormente afectadas por Fibertel ya que el servicio prácticamente no llega a sus zonas de influencia. Sí por las intenciones del gobierno de establecer una tarifa federal uniforme de $ 69 + IVA ($ 83,49 final) para conexiones de 1 Mb. La misma no siempre es viable no sólo por diferencias de escala sino también, y principalmente, por los costos de interconexión que tienen y que seguramente será un elemento clave en la negociación para apoyar la postura del gobierno. No hay que descartar que aprovechen la oportunidad para presionar por otros de sus reclamos históricos como el costo del CPP, recibir fondos del Servicio Universal, operador móvil, etc. Así, no debería llamar la atención que comiencen a elevar su perfil. Si bien es poco lo que en concreto pueden ofrecer en el tema Fibertel, frente a las dos grandes telefónicas, tienen la ventaja de su imagen asociada al romanticismo del movimiento cooperativo así como ser organizaciones de capitales totalmente nacionales que reinvierten el total de sus utilidades en el país. Y esto, como se dice coloquialmente, “garpa”.

Más allá de la suerte que en definitiva corra Cablevisión con su servicio de acceso a Internet, lo seguro es que igual sentirá el impacto. Por el lado de las nuevas altas, que independientemente de si puede legalmente o no habilitarlas, porque se verán afectadas por la incertidumbre actual. En cuanto a su base instalada de clientes, seguramente sentirá el impacto de las bajas de aquellos que por distintos motivos no quieran siquiera exponerse a la eventualidad de quedarse sin servicio en algún momento y decidan migrar antes de que haya una solución definitiva al conflicto. Como no hay mal que por bien no venga, lo positivo es que todo este asunto reforzó sus vínculos con muchos de sus clientes, quienes defienden con fiereza a la empresa. A estos deberá retribuirles la fidelidad de alguna forma.

Daños colaterales

Independientemente del desenlace final que se dé en el asunto Fibertel, el mismo habrá servido para que al menos una vez el gobierno preste algo de atención a lo que sucede en la industria de las telecomunicaciones.

La súbita decisión de declarar caduca la licencia de Fibertel hizo que el gobierno se diera cuenta de que no todo está tan bien en este negocio que involucra a muchos otros actores más allá de la propia Cablevisión y la inevitable referencia a Telecom y Telefónica. La dificultad para encontrar rápidamente proveedores alternativos en cantidad suficiente sin generar una concentración aún mayor del mercado de acceso a Internet tuvo un resultado no previsto: poner en evidencia la desidia reinante en el ámbito de las telecomunicaciones desde que estalló la crisis de finales del 2001.

Un resumen muy sucinto sería así. El gobierno de transición 2002-2003 estaba ocupado apagando el incendio de la crisis, con lo cual se puede tolerar que no haya intervenido en la materia. Luego, bajo las sucesivas presidencias del matrimonio Kirchner hubieron dos Secretarios de Comunicaciones: Moreno y Salas.

El primero comenzó a darle un perfil más alto a su ya célebre estilo de interacción. Independientemente de esto, Moreno veía a las telecomunicaciones como una industria en el sentido convencional, que fabrica teléfonos, cables y otros dispositivos pero no como la infraestructura básica que es de toda sociedad moderna. Apenas si hubo un intento por crear Comarcoop, un quinto operador móvil que agruparía a las cooperativas y que, por motivos desconocidos, nunca vio la luz. Así, no se registraron avances en la reglamentación de distintos aspectos previstos por el decreto 764/2000 de apertura del mercado de las telecomunicaciones, aunque tampoco se estableció un marco regulatorio alternativo si es que el vigente no era del gusto de las autoridades en ejercicio. El resultado fue una supuesta apertura que no fue tal y que culminó, como es hoy evidente, en un mercado altamente concentrado pero poco controlado.

Luego fue el turno del Salas, un funcionario que se caracteriza por sus silencios así como por su inacción. De hecho, las dos veces que levantó el perfil y participó, aunque sea simbólicamente, en alguna decisión fue para dar lugar a conflictos. Primero asignando numeración a Cablevisión/Fibertel para dar telefonía para luego, a los pocos días, revocar esa decisión. Más tarde para emitir la resolución que marcó la caducidad de la licencia de Fibertel y que, amén del conflicto político, dejó al desnudo la falta de planeamiento respecto de sus previsibles consecuencias.

Así, la nave empezó a hacer agua. Se hizo evidente que el Estado no cuenta con datos actualizados de los proveedores de acceso a Internet, que la competencia en términos de redes es limitada, que los trámites se sabe cuando comienzan pero nunca cuando terminan, y varios etcéteras. A duras penas, y presionado por la justicia por un lado y por el parlamento por el otro, se reglamentó la portabilidad numérica para teléfonos móviles apenas unas semanas atrás.

Así, el rey (en este caso las telecomunicaciones) quedó al desnudo. Y lo que muestra dista de ser agradable a la vista.

¿Condenados al éxito?

Independientemente de la opinión que se tenga en relación al fondo de la cuestión en el asunto Fibertel, lo que es indiscutible es que tal como se plantean las cosas en la famosa resolución 100/2010 vamos, como los lemmings, camino a un salto al vacío. Por un lado, porque, como explicamos la semana pasada [ver “Va a estar linda Internet”], la industria en su conjunto no tiene la capacidad técnica y humana necesaria para absorber 1 millón de usuarios en 90 días. Por el otro, porque el argumento del gobierno de que existen más de 300 ISP alternativos, es falaz. Que existan 300 o más proveedores no implica que haya igual número de redes, y mucho menos que éstas puedan ser accedidas por todos en cualquier lugar del país. Así, de nada le sirve a un ¿ex? cliente de Fibertel en Buenos Aires que la cooperativa de Villa Giardino (por citar sólo un ejemplo) dé servicios de Internet si ésta no tiene acceso físico al domicilio del abonado, sea a través de una red propia o de terceros.

Para entender mejor las limitaciones del caso, es necesario distinguir entre dos tipos de actores en lo que hace al acceso a Internet. Están quienes cuentan con una red propia, sea de alguna opción de cable (ADSL, cablemódem, fibra óptica, etc.) o inalámbrica (Wimax, LMDS, etc.). Se trata de aquellos que disponen de infraestructura que cubren geográficamente los domicilios de los clientes. Después están los que dan el servicio específico de Internet (navegación, mail, etc.) sobre la red de terceros, en un modelo que, en un ejercicio de simplificación, podría asimilarse al de operador virtual en otros servicios de telecomunicaciones. Por aspectos regulatorios, esto ocurre mayormente sobre las redes de las empresas telefónicas, lo que da lugar a que empresas como Sion, Datamarkets y tantas otras ofrezcan el servicio de Internet sobre el ADSL de aquellas. Incluso, esto es lo que permite contratar Arnet sobre la red de Telefónica o, inversamente, Speedy sobre la red de Telecom.

El problema con la caducidad de la licencia de Fibertel/Cablevisión es que obliga a sus abonados no sólo a migrar de ISP, sino también de red. Y justamente el acceso a estas redes, independientemente del proveedor del servicio de Internet, es lo que no abunda y se convierte en el talón de Aquiles de la resolución 100. Salvo en zonas de alta densidad de demanda y por lo tanto de oferta (como sucede en el micro y macrocentro de Buenos Aires) mayormente ésta se concentra en unos pocos operadores, generalmente uno telefónico (Telecom, Telefónica y Cooperativas), uno de TV por cable y, en menor medida, alguno inalámbrico.

De este modo, surgen dos aspectos débiles de la resolución. Una es la falta de una estrategia seria y viable para la migración de 1 millón de abonados. La otra es el despropósito que significa “apagar” una de las mayores redes de acceso a Internet del país (la de Cablevisión), con todo lo que esto implica, no sólo en términos de competencia sino también pensando en el desarrollo digital de Argentina. Se podría agregar una tercera, discutible desde una perspectiva política, que es que no es razonable que la solución (determinar la “muerte” del servicio) sea más grave que la causa del problema (operar con una licencia caducada). En otras palabras, resulta ilógico que el remedio sea más letal que la enfermedad.

Por lo pronto, se estaría evaluando la extensión del plazo para la migración del millón de clientes de Fibertel, de acuerdo con lo publicado en el sitio La Nota de Tapa. El artículo menciona que el interventor de la CNC habría admitido ante asociaciones de consumidores que se estaría evaluando una extensión de los plazos para permitir que los proveedores alternativos tengan más tiempo para adecuarse a un pico de demanda extraordinario. No obstante, esta medida no soluciona uno de los problemas más importantes, como lo es la desactivación de la red de Cablevisión como una alternativa competitiva de acceso. Por otra parte, nada garantiza que un número importante de usuarios no esperen hasta último momento para migrar (por desinterés, vagancia, especulación, etc.), con lo cual cumplido el plazo también quedarían clientes desconectados. [sigue aquí]

Plan B

Independientemente de la extensión o no de los plazos, y dando por descontado que el proceso de apelación a la medida entrará en un recorrido judicial impredecible pero también lento, no hay que descartar un escenario donde efectivamente Cablevisión deje de prestar el servicio.

De darse esta situación, y ante la falta evidente de un plan de migración para “reubicar” 1 millón de abonados en 3 meses, la mejor forma de evitar la desconexión de la mayoría es que sigan accediendo a Internet a través de la red que usan actualmente, la de Cablevisión, más allá de quién sea el proveedor del servicio de Internet (ISP). No hacerlo tendría un costo muy alto cuando en muchas de las localidades afectadas sólo queda el acceso a la red telefónica. Así para que los usuarios no queden desconectados y no se alteren las condiciones de competencia, un nuevo ISP debería operar utilizando la red de Cablevisión.

En tren de analizar escenarios, surgen dos alternativas si lo que se busca es cumplir con la resolución pero al mismo tiempo mantener el servicio en forma ininterrumpida para sus usuarios. Ambas implican la entrada en escena de una sociedad que cuente con la licencia para dar servicios de Internet (ISP), la cual operaría sobre la red de Cablevisión, quien prestaría la infraestructura de transporte pero no el servicio. Y las alternativas son que este ISP sea privado o público.

Si es privado, Cablevisión tiene un as en la manga: PRIMA S.A. (Primera Red Interactiva de Medios Argentinos). Se trata de una subsidiaria 100% de este operador, tal como consta en sus balances. La misma tiene licencia para operar, haciéndolo bajo la marca Datamarkets.

PRIMA tiene antecedentes prestando servicios sobre redes de terceros. Comenzó a través del ISP Ciudad, operando sobre las redes telefónicas, primero ofreciendo acceso dial up y más tarde banda ancha a través del ADSL de Telecom y Telefónica. Al tiempo, amplió sus servicios a la red de cablemódem de Multicanal. Al operar Ciudad sobre múltiples redes de terceros, sus clientes tenían la alternativa de acceder a Internet tanto desde la red telefónica como de la de TV por cable. Luego de algunos reacomodamientos dentro del Grupo Clarín y más tarde con la fusión de Cablevisión y Multicanal, los clientes de Ciudad terminaron siéndolo de Fibertel/Cablevisión, quien puso el énfasis en la red de cablemódem. PRIMA se concentró entonces en el segmento de empresas con Datarmarkets.

Ante el escenario de que la resolución 100 siga vigente, Cablevisión podría entonces transferir sus clientes a PRIMA, quien comenzaría a operar el servicio sobre la red del operador de cable. Pero esta alternativa tiene un talón de Aquiles: al carecer de licencia, Cablevisión no podría traspasar sus clientes por decisión propia dado que técnicamente ya no lo serían más. O sea que el nuevo ISP debería “conquistar” a los clientes de Fibertel para que expresamente optaran por contratarle sus servicios. Una tarea de uno por uno muy distinta a la de traspasos en masa, y con tiempos apremiantes. No obstante, al usar la misma red que Fibertel (la de Cablevisión), tendría la ventaja de que el servicio continuaría ininterrumpido para los abonados, pudiendo inclusive mantener el preciado dominio fibertel.com.ar. [Caveat lector: PRIMA podría no ser la única sociedad vinculada al Grupo Clarín con licencia para dar servicios de valor agregado (lo que incluye Internet). No obstante, el mecanismo de resolución del conflicto sería el mismo]

Desde el punto de vista político, una solución que implique que una sociedad de Cablevisión mantenga el servicio de Fibertel no parece muy digerible para el gobierno, ya que su estrategia sufriría un duro golpe, con lo que todo el revuelo armado sólo habría servido para quedar en una posición peor que la original.

Si por algún recurso técnico-legal el plan PRIMA no pudiera implementarse, no habría que descartar una intervención directa del Estado, esgrimiendo el argumento de garantizar la continuidad del servicio. Así surge entonces la alternativa de un ISP estatal, que se haga cargo del servicio para garantizar su  continuidad, evitando la desconexión del millón de abonados o como mínimo todos aquellos que no hubieran logrado cambiar de proveedor dentro del plazo de 90 días estipulado. Para ser prolija, esta intervención estatal debería darse hasta tanto la Justicia se expida sobre el fondo de la cuestión. Claro que el escenario de una operación conjunta entre Cablevisión y el Estado, el primero proveyendo su red de cable y el segundo dando los servicios de Internet, se presenta a todas luces como problemático. Además, una intervención estatal generaría un revuelo político no menor, más allá de que por los antecedentes, esto no sería un disuasor.

Por supuesto, el ISP privado podría ser independiente, aunque parece poco probable que Cablevisión “ceda” los abonados de Fibertel a un tercero para convertirse en una simple red de transporte. Y la regulación vigente no podría exigírselo. [sigue aquí]

Epílogo

Por el momento, lo único concreto es que de mantenerse las condiciones emergentes de la resolución 100, lo que dejaría a cientos de miles de abonados sin servicio, el gobierno estaría actuando como Nerón quemando Roma. Y hay una diferencia entre ser loco y comer vidrio…

Afortunadamente, el caso Fibertel no es insoluble. Hay distintos caminos que se pueden seguir para lograr los que deberían ser los objetivos principales: no desconectar a ningún abonado actual de Fibertel ni prescindir de la valiosa red de Cablevisión como plataforma de acceso en competencia con otras.

No obstante, el asunto deja al desnudo el problema de fondo: Argentina carece de una estrategia en infraestructura tecnológica que parta de un marco regulatorio acorde a la realidad de su oferta. Hoy parece imposible discutirlo. Habrá que esperar, mínimamente, al 2011.

¡Va estar linda Internet!

Lo que era una hermosa jornada de sol y temperatura agradable se transformó súbitamente con el anuncio del ministro de Planificación emplazando a Cablevisión a dejar de prestar el servicio de acceso a Internet con la licencia otorgada oportunamente a Fibertel en un plazo de 90 días. El justificativo técnico de la medida fue que la absorción del ISP (que funcionaba como sociedad independiente) no daba derecho al uso de la licencia, ya que éstas son intransferibles (al menos, en los papeles).

No tiene sentido sumergirse en la cuestión técnico-legal, la cual será parte de una batalla en ámbitos de la Justicia que se dirimirá en un plazo no tan veloz como el deseado por los perjudicados por este anuncio. No obstante, es interesante analizar las repercusiones de tan impactante medida.

Para dar un marco de situación, a junio último Cablevisión tenía poco más de 1 millón de abonados, representando un 25% del mercado, detrás de Telefónica y Telecom, ambos en alrededor de 1,3 millón de abonados. Estos números dan la pauta de que el impacto en el mercado de acceso a Internet lejos está de ser menor.


En el escenario en que efectivamente Cablevisión tuviera que dejar de prestar el servicio de acceso a Internet, absorber 1 millón de nuevos clientes no será tarea sencilla para el resto de los ISP desde una perspectiva técnico-operativa. Se trataría de un pico de demanda demasiado alto como para que haya disponibilidad de módems y otros dispositivos de la red así como de personal capacitado para instalar y dar soporte en un plazo tan exiguo. Para tener una mejor idea de magnitud, en los 90 días del trimestre abril-junio pasado, el crecimiento del total del mercado fue de 140.000 abonados. La medida implicaría una volumen 7 veces superior en un período de tiempo equivalente.

Más allá del atolladero que se produciría por la migración de tantos abonados en tan poco tiempo, la desaparición de Cablevisión como proveedor de acceso a Internet traería serios problemas en términos de competencia, ya que el mercado se concentraría aún más. Pero no sólo esto, en varios lugares (el mundo no termina en Buenos Aires), Fibertel es la única alternativa, sea a Telecom, Telefónica o las cooperativas. Allí, su salida implicaría la creación automática de monopolios, dando lugar a un serio retroceso, habida cuenta de que el de acceso a Internet es uno de los pocos mercados donde, a pesar de la concentración, hay competencia. Esto se refleja en sus precios, los cuales apenas subieron en comparación con lo que sí sucedió con otros bienes y servicios, demostrando que la multiplicidad de oferta, aún acotada es el mejor freno a estas subas.

El escenario de la venta o cesión del negocio a un tercero para evitar tamaño traspaso de abonados y mantener la competencia es complejo, ya que el servicio de acceso a Internet se ofrece sobre la misma red por la cual se da la TV por cable, dificultando la separación de los servicios. Es por esto que no sería totalmente descartable la hipótesis de una intervención de algún tipo (estatización, venta forzada, etc.) en la empresa llegado el caso. Esto podría incluir además al negocio de TV considerando que la fusión entre Cablevisión y Multicanal también es cuestionada desde el gobierno. Parece extremo, pero en un juego de what if todos los escenarios deben ser contemplados.

Seguramente los próximos días serán ricos en especulaciones respecto de “manos negras” detrás de la medida anunciada. Tampoco hay que descartar repercusiones, tanto nacionales como internacionales, que hagan un paralelismo entre lo que sucede aquí y en Venezuela, donde también hay un enfrentamiento importante entre el gobierno e importantes grupos de medios.

En resumen: difícilmente la medida anunciada por el gobierno pueda implementarse con éxito en los plazos expuestos. Así, las opciones son una salida negociada o un descalabro importante. Lo concreto es que se vienen días muy movidos.

Corporizándose

Esta semana, Fibertel, el ISP del Grupo Clarín, anunció el lanzamiento de FiberCorp, su nueva unidad de negocios dedicada exclusivamente al segmento de empresas. Más allá del lanzamiento, no se trata de un negocio nuevo para el grupo. Ya cuenta con muchos clientes en este segmento, tanto a través de la ahora ex Datamarkets, como también directamente desde Fibertel.
De hecho, el Grupo Clarín, con sus distintas marcas, es el 3° ISP en el segmento PyME, con una participación del 14%, detrás de Telefónica y Telecom, tal como surge del informe “Telecomunicaciones fijas en PyMEs: telefonía, datos e Internet”, realizado por Carrier y Asociados.
No obstante esto, se trata de una buena medida, ya que le permitirá a la empresa abordar este segmento en forma diferenciada, tanto desde el producto como desde la marca. En términos de productos, podrá despegarse de la asociación con el cablemódem, pudiendo poner el énfasis en accesos dedicados, VPNs, servicios de voz, datacenter y otros típicos de este segmento de usuarios. Por el lado de la marca, no hay que olvidar que Fibertel está muy asociada al segmento residencial, lo cual puede ser un punto en contra a la hora de buscar los servicios demandados por una empresa.

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