La polémica ley para aumentar la presión tributaria sobre productos tecnológicos (celulares, notebooks, monitores de LCD, cámaras digitales, etc.) sigue avanzando a pesar de que sólo recogió críticas de cámaras, proveedores, fabricantes y usuarios. Esta semana, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable al proyecto de ley y así la iniciativa sería tratada la semana próxima (duda: ¿la comisión de Informática y Telecomunicaciones no tuvo participación?).
La medida logró dividir a los fabricantes locales entre aquellos que tienen instalaciones en Tierra del Fuego y quienes no, aunque sí lo hacen en algún otro distrito del país (como la Capital, Buenos Aires, Rosario, San Luis, etc.). Esta división surge porque no cualquier empresa puede radicarse para producir con los beneficios otorgados en aquella provincia, sino que hay un registro que no ha sido reabierto para permitir que más empresas se sumen. Así, los fabricantes locales del continente miran con recelo a empresas como BGH, Frávega o NewSan, ya radicadas y por lo tanto beneficiarias de las nuevas medidas.
Dentro del cúmulo de disparates que la medida encierra, está la que considera a estos bienes como suntuarios. Sin embargo, y para sumar una nueva contradicción (y van…), es el mismo gobierno el que considera a la telefonía celular como un servicio público, medida que en los últimos tiempos ayudó a mejorar el índice del consumo de los mismos, habida cuenta del alto crecimiento en líneas y uso que venía registrando. O sea, es un servicio público, con una penetración (según las estadísticas oficiales) superior al 100% pero al mismo tiempo el celular es un bien suntuario.
Y sí, Argentina es como Montecarlo. Un país de ricos. “Cosas vieres Sancho…”
